Después de que se conoció el pleito jurídico entre el estudiante Julián Leonardo Martínez y la Universidad La Gran Colombia por los títulos de Derecho otorgados mediante la modalidad de transferencias profesionales, que habrían dejado al descubierto que el programa no tiene registro calificado, la institución educativa se pronunció por medio de un comunicado.Lea la nota completa: El lío de los títulos ‘chimbos’ de la Gran ColombiaSegún la universidad, el programa de Derecho ha contado con los actos administrativos correspondientes: las Resoluciones 091 de 2005 y 10575 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional y los actos administrativos otorgados por el ICFES.“La admisión de profesionales al programa de Derecho mediante transferencia externa ha sido sometida a la evaluación, inspección y vigilancia por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN), obteniendo en estas visitas concepto favorable a su ofrecimiento”, explica la institución.Agrega que el Ministerio de Educación, por medio de la Resolución No. 3366 del 2005, resaltó que “los hechos materia de investigación fueron desvirtuados de acuerdo con el acervo probatorio suministrado por la institución en el curso de la misma” y ordena “archivar la investigación administrativa”.Según la Gran Colombia, lo que ocurrió fue que el estudiante Martínez quiso cursar el programa de Derecho tomando un número mayor de los créditos autorizados en la ruta académica mediante transferencia externa. “Lo anterior fue objeto de un procedimiento administrativo y de una acción de tutela fallada en contra del quejoso en las dos instancias”, aseguran.Así las cosas, la universidad “no acepta las insinuaciones tendenciosas porque sus programas y títulos corresponden a los registros calificados y a las recomendaciones y políticas de la autoridad de vigilancia y control del Ministerio de Educación Nacional”.Leer el comunicado completo de la universidad.