“Las chuzadas volvieron a Colombia”. De esta forma describió el fiscal general, Francisco Barbosa, la grave situación que vivió Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la DIjín de la Policía. En rueda de prensa, este jueves, Barbosa anunció que con esta acción se le quiso vincular con la banda criminal del Clan del Golfo.
Para Barbosa, este caso es “aberrante” y se revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.
“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. “Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”.
Por estos hechos, en los próximos días serán citados a interrogatorio las personas que estuvieron involucradas en estos seguimientos e interceptaciones ilegales. En la investigación ya se pudo establecer que fueron agentes judiciales de la Policía Nacional los que adulteraron la información para que un fiscal de crimen organizado interceptara dos líneas celulares. “No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que la violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas”.
“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución de 1991”, aseguró el jefe del ente investigador. “Todo está evidenciado, tenemos los documentos, todo con trazabilidad judicial, hemos trabajado en los últimos cinco días con todo el equipo técnico e investigativo, hay documentos”.
El asunto es de extrema gravedad y así lo informó en detalle el fiscal, que reveló toda la trazabilidad de los hechos, que no son nuevos y hasta ahora se empieza conocer la magnitud de las irregularidades. Las chuzadas habrían empezado desde el 30 de enero, el día mismo en el que Laura Sarabia presentó la denuncia por el robo de dinero.
En ese momento, trataron de iniciar las chuzadas, pero ante la negativa del fiscal del caso que actuó con independencia, la Policía Judicial produjo un informe, a todas luces irregular, que justificaba las interceptaciones a Marelbys Meza y a otra persona que iba continuamente a la casa de Sarabia, y que era quien les hacía las labores domésticas por días, llamada Fabiola.
“Se inventan un informe de Policía Judicial, meten a estas dos personas, y se lo entregan a un fiscal de Chocó que está investigando todo lo relacionado con el Clan del Golfo, esto con la excusa de que Meza era la cocinera de alias Siopas”, contó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía General.
Para entender el hecho y por qué resultó, para el fiscal de Chocó, importante cumplir con la orden es que Siopas es un objetivo de alto valor, uno de los cabecillas de la organización criminal del Clan del Golfo y uno de los herederos del poderoso narcotraficante extraditado a Estados Unidos, alias Otoniel.
Pero, además, como confirmó el fiscal Barbosa, en la orden de trabajado señalaban, engañando a la justicia, que la fuente que entregaba la información y justificaba las chuzadas era de altísima credibilidad.