En la ciudad de Ipiales, al menos media docena de hoteles fueron ocupados con fines de extinción de dominio y, un año después, un juez ordenó reintegrarlos a sus dueños tras advertir irregularidades en el procedimiento y la investigación de la Fiscalía. Los hoteles quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que –según los propietarios– terminó por destruir los establecimientos entre abandono y hurto de los enseres.
La orden del juez, de devolver los hoteles a los dueños, no se cumplió por cuenta de la SAE, tanto que fue necesario radicar un incidente de desacato en contra del entonces director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín, ahora designado ministro de Educación. El desacato fue fallado a favor de los dueños de los hoteles y convierte al ahora ministro en un reincidente en desacatos.
“Iniciar trámite formal por desacato en contra del doctor José Daniel Rojas Medellín, quien funge como presidente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), por no dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 7 de junio de 2024, por la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá”.
El tema era simple, entre la dificultad del procedimiento. Los hoteles fueron incautados y una orden del Tribunal Superior de Bogotá tumbó las medidas cautelares en contra de los bienes. En consecuencia, la SAE tenía que devolverlos, pero no lo hizo, entonces, como ignoraron la orden del Tribunal la cabeza de la SAE tiene que responder, en este caso, el entonces director, Daniel Rojas.
“No obstante, se extraña una verdadera fundamentación en la resolución en las que se expongan las razones de por qué se hace indispensable decretar el embargo y el secuestro sobre los bienes de la señora María del Carmen”, señala la decisión del Tribunal que abre un debate sobre la necesidad de las medidas cautelares en todos los proceso de extinción de dominio.
Daniel Rojas, el director de la SAE y designado ministro de Educación, parece que tiene ciertas dificultades para atender los requerimientos de la justicia. Justamente este miércoles, se conoció que otro juzgado ordenó tres días de arresto por un desacato en otros procesos, en los que la SAE resultó comprometida.
“Agregó que se solicitó a la Dirección Territorial Sur que realice la entrega, la cual ya se encuentra programando fecha para esa diligencia, así como a la Dirección Financiera para que expida el estado de cuenta de los bienes para determinar su productividad y si es procedente devolver tales recursos a la propietaria”, señaló el Tribunal en su decisión de desacato.
La representación de víctimas, en cabeza de la abogada Mayerly Abril, advirtió que a pesar de las órdenes de la justicia, la SAE no respondió en los tiempos o términos adecuados, por tanto, el Tribunal resolvió declarar en desacato al director de la entidad a la espera de que respondan.
“Se presentó un control de legalidad a las medidas cautelares, el cual fue resuelto en el mes de septiembre por el juzgado cuarto penal especializado en extinción de dominio, declarando la ilegalidad de las medidas cautelares, decisión confirmada por el Tribunal Superior de distrito judicial el pasado mes de enero. Desafortunadamente, la SAE no cumplió la orden y tampoco nombró un depositario que se encargará del cuidado de administración de este inmueble, el cual ha sufrido graves deterioros a su infraestructura”, señaló la abogada.
De no responder al desacato o no dar cumplimiento a lo que disponen las órdenes de la justicia, el director de la SAE, y designado ministro de Educación, podría resultar con una nuevo arresto en su contra.