El politólogo caleño Gustavo Orozco, reconocido por haber sigo uno de los líderes de la Marcha del Silencio, propuso realizar cambios estructurales en el sistema penitenciario del país y resaltó la necesidad de acabar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), organismo público encargado de ejecutar las penas y medidas de seguridad para la población reclusa.
Orozco, quien tiene estudios de ciencia política en el Davidson College y una maestría en seguridad de Georgetown University, calificó al Inpec como “una universidad del delito”, pues advirtió que desde las cárceles del país se permite el fomento de la violencia, el terrorismo y la delincuencia.
En el marco del lanzamiento de su aspiración a la Cámara de Representantes por el Valle, el politólogo explicó que una de las graves problemáticas es que desde las cárceles se orquestan planes criminales, esquemas de extorsión y el crecimiento de estructuras delictivas, lo que considera que es propiciado por “la inoperancia e ineficiencia del Inpec”.
Orozco aseguró que las cifras del año pasado indican que el país tiene 19.293 personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI de Colombia, a pesar de que la capacidad es para 5.942 personas, lo que representa un hacinamiento del 194 %.
De acuerdo con las cifras presentadas por el politólogo, entre 2012 y 2019 hubo un aumento de decomisos de celulares a presos del 54.3 %, pasando de 16.450 confiscaciones a 25.395. Adicionalmente, entre 2012 y 2020 se reportó un aumento del 666 % en ese tipo de decomisos de celulares a funcionarios, pasando de 12 casos a 92.
Cabe resaltar que estos dispositivos móviles son herramientas usadas por los reclusos para planear y ejecutar la mayoría de acciones delictivas que se orquestan desde el interior de las cárceles colombianas. Hace poco Orozco fue invitado a un evento de la ONU como único latinoamericano en el Comité de Estupefacientes y Seguridad.
¿Cómo solucionar el problema?
Una de las propuestas centrales de Gustavo Orozco tiene que ver con la despolitización de los procesos en la justicia, nombrando autoridades técnicas, preparadas y de carrera para que cambie totalmente el modelo de las cárceles en el país.
La propuesta también se centra en crear vías legislativas para que surja un departamento de inteligencia riguroso que, de forma administrativa, despolitice y se descentralice con las autoridades departamentales, para que en muchas ocasiones no sean los últimos en enterarse de los golpes programados desde las cárceles.
De acuerdo con reportes del Inpec, en enero del año 2019 había 60 mil personas beneficiadas con detención domiciliaria. Cuando la Fiscalía revisó 782 de esas detenciones, encontró que el 48 % de los detenidos no estaban en el sitio que les correspondía.
Por otra parte, a finales de septiembre el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, junto con todo su equipo de personeros locales y la delegada de Derechos Humanos, revelaron que la mayoría de estaciones de Policía de la capital tienen un hacinamiento del 500 %. “Las condiciones de dignidad humana se ven gravemente vulneradas cuando se quintuplica la capacidad de cobertura y atención”, aseguró Pinilla Malagón, luego de liderar una jornada de revisión del estado de los detenidos.
Finalmente, el politólogo Gustavo Orozco también criticó la función de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y aseguró que este organismo “carece de todos los dientes técnicos, territoriales y presupuestales para ejercer un rol como una agencia nacional de inteligencia civil”.
“La realidad actual de la DNI, con proporcionalmente la mitad del presupuesto del que contaba el extinto DAS, estaría facilitando el crimen en general y abriéndole las puertas a que las cárceles sean su epicentro”, agregó.