Una jueza revocó la detención domiciliaria de Emilio Tapia en el caso del ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, al advertir burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones. Tapia se desplazó por el país sin autorización legal a Bogotá, Antioquia, Sucre y otros territorios.
De acuerdo con la decisión de la jueza, “existen pruebas suficientes, como el informe de captura y sus anexos, los informes periodísticos del mes de septiembre de 2021 que acreditan las salidas no autorizadas de Tapia Aldana de su lugar de internación domiciliaria, máxime cuando al interior del proceso no se advierte concesión de ningún permiso otorgado para esas fechas por este Despacho Judicial”.
Tapia tendrá que pagar una caución por alrededor de $ 2.400 millones al Tesoro Nacional. La jueza también agregó que el hombre incumplió la obligación de su “reclusión domiciliaria” al no permanecer en su residencia.
Cabe señalar que la Procuraduría General de la Nación había pedido a la juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la revocación de la medida por el incumplimiento.
El oficio del Ministerio Público solicitó se pedía que Tapia Aldana continuara cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento generó “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El requerimiento se presentó a raíz de la vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país, para adjudicar la contratación que se firmó entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados.
Para la Procuraduría, estos viajes estarían ocasionando “desconocimiento por parte del señor Emilio José Tapia Aldana de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad”.
El traslado de Tapia a la Picota
La Fiscalía General de la Nación puso a disposición del Inpec a Emilio Tapia Aldana para que sea internado en el Pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría de la Picota. El polémico contratista está bajo la “lupa” de la justicia precisamente por el escándalo del famoso contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.
La pretensión del contratista Emilio Tapia de quedarse en la ciudad de Barranquilla atribuyendo situaciones de seguridad, terminó en la orden de un juez para que fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario definió en la tarde del viernes 8 de octubre que el sitio donde permanecerá Tapia, para cumplir la medida de aseguramiento en su contra, será la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.
Ante la situación el abogado Alejandro Sánchez, representante legal de Emilio Tapia, ahora judicializado por el escándalo del MinTIC, le pidió a un juez permitir a su cliente cumplir la medida de aseguramiento en su contra en una cárcel de mediana seguridad de Barranquilla y no en la Modelo de Bogotá como lo ordenó otro juez.
El abogado no solo argumentó situaciones de seguridad, también condiciones médicas y hasta familiares. Incluso dijo que los recientes hechos de violencia en La Modelo de Bogotá, explicados a través de artículos de prensa, eran prueba suficiente para demostrar el peligro que puede correr Tapia en ese penal.
No obstante, el director del Inpec, general Mariano Botero, se remitió a señalar que Emilo Tapia tendrá garantizada la seguridad y los compromisos médicos que requiera, como lo expuso su defensa al hacer la solicitud de cambio de reclusión.