Un duro cruce de mensajes se vive en los últimos días entre las Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian Francisca Toro, y la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderada por Augusto Rodríguez, por la seguridad de los concejales y funcionarios públicos del departamento, especialmente en Tuluá.
Recientemente, Toro manifestó que la situación de orden público en Tuluá sigue siendo complicada, pese a las medidas que se han tomado desde la alcaldía y la propia Gobernación, y aseguró que la seguridad de los concejales se encuentra en manos de la UNP, que se ha demorado en brindar los respetivos esquemas a los cabildantes.
“Una de las cosas que quedó muy claro, en el consejo de seguridad, es que la UNP no le ha dado la protección rápida a los concejales”, expresó Dilian Francisca Toro, tras el asesinato del concejal de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, y la lideresa social Clarivet Ocampo.
En respuesta a las palabras de Toro se pronunció el pasado jueves 2 de mayo la UNP, a través de un documento publicado en las redes sociales de la entidad, en la que señalan que no es cierto que el asunto de seguridad sea de responsabilidad exclusiva de la Unidad.
La entidad manifestó que los primeros responsables en materia de prevención, seguridad y protección son las gobernaciones y las alcaldías, con el apoyo de los ministerios de Defensa y de Interior, quienes deben detectar y asumir sus competencias para responder al riesgo. “No pueden limitarse la gobernadora ni el alcalde a dar declaraciones donde dirigen las responsabilidad a la UNP”, señaló.
Gobernación del Valle responde
La respuesta de siete puntos de la Unidad Nacional de Protección no cayó bien en la Gobernación del Valle, que a través de la secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ana María Sanclemente, le respondió en una dura misiva dirigida a Augusto Rodríguez Ballesteros.
Sanclemente le enumera al Director de la UNP la situación de peligro inminente que sufren los concejales del Valle del Cauca, sin que hayan recibido protección por parte de la Unidad encargada de proteger la vida de los colombianos en riesgos.
“Me dirijo a usted quien es cabeza de la UNP, a propósito del trino publicado en la cuenta de la entidad a su cargo, en el que se adjunta un documento sin firma y se hace un pronunciamiento respecto de la dramática situación que viven los concejales y el alcalde de Tuluá, dejando dudas sobre a quién corresponde la responsabilidad de la protección de dichos servidores públicos”, señaló.
En la comunicación, no solo se resalta que en los primeros meses de gobierno han sido asesinados cuatro funcionarios públicos: tres concejales y una líder cívica, vinculada a la alcaldía de Tuluá, sino que los concejales deben sesionar virtualmente por el miedo de ir a trabajar al recinto del concejo.
“Señor Director, la situación de riesgo de los servidores públicos de Tuluá, como es de conocimiento público, es extraordinaria, es una emergencia inminente y, lamentablemente, los hechos que están ocurriendo, nos dan la razón”, señaló en la comunicación, al tiempo que resaltó que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han solicitado respuestas a la entidad.
“En medio de esta situación y del temor, los señores concejales de Tuluá y Jamundí tuvieron que acudir a la acción de tutela, acompañados de la Defensoría del Pueblo, ante el desespero de haber pedido la defensa de su vida y la ausencia de respuesta por parte de la UNP”, manifestó Sanclemente.
Además, agregó que la Procuraduría radicó ante el despacho de Rodríguez peticiones, solicitándole informar las acciones realizadas para proporcionar protección urgente al alcalde de Tuluá y la alcaldesa de Jamundí, así como a los concejales de ambos municipios.
“Pese a todo eso, la UNP, al día de hoy, no ha adelantado todos los estudios de seguridad de la población en riesgo. Tampoco se ha realizado un CERREM poblacional que permita determinar el nivel de riesgo de las personas amenazadas ni expedido medidas contundentes que permitan salvaguardar la vida de estos vallecaucanos”, señaló en la misiva.
Por eso, instó al director Augusto Rodríguez a que trabajen de manera articulado por la seguridad de los cabildantes, “sin mirar objetivos diferentes a los de proteger la vida y la institucionalidad en medio de esta delicada situación que nos amenaza como Estado y que está asesinando funcionarios. No es tiempo de divergencias sino de trabajo articulado”.
Además, fue enfática en que “es evidente que la situación en Tuluá es de emergencia e inminente y la ciudadanía espera que las instituciones que están para su protección actúen con celeridad y eficacia en cumplimiento del deber que se le ha encomendado de defender el derecho fundamental a la vida”.