“Su señoría, qué pudo haber sentido mi familia y en especial mi padre, recientemente fallecido, cuando la Fiscalía hace pública una infame declaración de un confeso delincuente”, dijo Roberto Prieto en la audiencia en la que, este lunes, se define si es enviado a prisión, como lo pide la Fiscalía, mientras avanza su proceso por cinco delitos relacionados con la presunta entrada de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos. Antes de la intervención de Prieto, habló el Ministerio Público. La Procuraduría, con algunas obsevaciones jurídicas, respaldó a la Fiscalía tanto en la imputación como en la necesidad de enviar preventivamente a la cárcel a Prieto para así blindar el buen desarrollo de la investigación.El representante del Ministerio Público convalidó las grabaciones que presentó la Fiscalía en las sesiones pasadas, pero solo para argumentar que Prieto sí estaba acercándose a testigos claves en el caso, como Eduardo Zambrano. La Procuraduría señaló que exclusivamente con las llamadas interceptadas no se podía sostener que el interés de Prieto fuera que mintieran o que ocultaran la verdad.“A lo mejor lo que les pidió a los brasileros es que dijeran la verdad, que él no había recibido plata”, señaló el procurador del caso. Sin embargo, si al indicio de las llamadas se le suman testimonios como el de Juan Sebastían Correa, exfuncionario de la ANI, sí se puede concluir que Prieto trató de influir en testigos para que estos entregaran versiones sesgadas a la Justicia, dijo el funcionario."Yo me vinculé a la campaña (de 2010) a finales de la primera vuelta, como coordinador de operaciones y como miembro del comité estratégico. Que no era mi responsabilidad la financiación de la campaña y que como quedará demostrado en esta audiencia, la vinculación de Odebrecht como aportante ya estaba devenida cuando yo llegué", dijo Prieto sobre la supuesta entrada de dineros irregulares de la multinacional, a la campaña que él dirigía.La Fiscalía lo imputó por, presuntamente, haber recibido dinero de Eduardo Zambrano, contratista de Odebrecht, para gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una adición contractual de la Ruta del Sol III, adjudicada al concesionario Yuma, y por los hechos que rodean la supuesta entrada de dineros de la multinacional brasileña a la campaña electoral. Los delitos que le endilga la Fiscalía son falso testimonio, porque supuestamente mintió sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial que dirigía; falsedad en documento, pues la coima que habría recibido por su gestión ante la ANI se pagó, según Zambrano, a través de un acta comercial falsa de la empresa Megaland; tráfico de influencias, pues, dice la Fiscalía, se valió de su figuración en campañas políticas para ejecutar maniobras como el lobby a favor del contrato de Yuma. Prieto también enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito porque, presuntamente, recibió 650 millones de pesos de Zambrano por su gestión.