La Procuraduría General dejó en firme la sanción disciplinaria contra Rodolfo Hernández por interés indebido en la adjudicación de un millonario contrato para el manejo de basuras cuando fungió como alcalde de Bucaramanga.
En el fallo disciplinario se señaló que el entonces mandatario utilizó su cargo para favorecer a terceros, entre ellos a su hijo, Luis Carlos Hernández, si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia, que sería suministrada por la Unión Temporal Vitalogic RSU.
Para cumplir con el objetivo de entregar el manejo de las basuras a una firma en particular, el ahora sancionado escogió la persona o consultor que se encargaría de elaborar los términos de dicha contratación, y entregó instrucciones para que la EMAB lo vinculara y le pagara por sus servicios, sin que existiera soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría.
Por su responsabilidad directa en estos hechos de corrupción, Hernández fue inhabilitado por doce años para ejercer cargos públicos.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el Rodolfo Hernández utilizó su cargo como alcalde y presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para ejercer presiones para la adjudicación del contrato.
“Se apartó de la función pública en cuanto no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, (…) sino que, por el contrario, usó el poder otorgado con su cargo o investidura para buscar beneficios personales, transgrediendo el fin último del servicio público que es servir a los demás y no a sí mismo”, aclaró el fallo.
Por esos hechos, el órgano de control disciplinario calificó la conducta cometida por el entonces alcalde Rodolfo Hernández como una falta gravísima cometida a título de dolo, y precisó que, por tratarse de un servidor público de elección popular que no se encuentra en ejercicio de su mandato, la sanción impuesta quedó ejecutoriada con la notificación efectuada y su ejecución es de carácter inmediato.
La Procuraduría puntualizó en el fallo de segunda instancia que el hecho investigado configura un acto de corrupción de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales existentes, y en la lucha contra esas conductas.
“El ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente”, completa la decisión.
Por estos mismos hechos, en la actualidad, Hernández enfrenta un juicio penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En el escrito de acusación la Fiscalía General citó como testigos a varios exfuncionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga que llegaron a un acuerdo de colaboración.
“Juntaremos el testimonio de José Manuel Barrera Arias, computado y testigo de los hechos, quien conoció del direccionamiento o favorecimiento del contrato de consultoría a favor de Jorge Alarcón por parte del ingeniero Rodolfo Hernández, al cumplir sus órdenes como directivo de la Emab, además de saber el direccionamiento facilitándole los estudios previos al futuro contratista Jorge Alarcón para que los corrigiera, revisara y modificara a su favor”, detalló el fiscal quinto de administración pública de la Fiscalía de Santander.