Hace casi un mes un video protagonizado por Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, se volvió viral. En el video le daba un golpe a Jhon Claro, concejal de la ciudad, luego de que él -en medio de una acalorada conversación- sacara a relucir la relación que el hijo de Hernández tuvo con la empresa Vitalogic. En contexto: Alcalde de Bucaramanga agredió físicamente a un concejal En ese momento, Hernández llegó a su límite y propinó un golpe a Claro, al parecer, a la altura de la nuca. Lo sucedido dio de qué hablar durante varios días, y llegó a instancias de la procuraduría. No pasaron más de 12 horas para cuando al alcalde de Bucaramanga le fue notificado que, por orden del ministerio público y dadas sus recientes actuaciones, quedaba suspendido de su cargo como alcalde durante 3 meses, mientras se surtía el proceso para determinar si habría incurrido en alguna falta disciplinaria. Sin embargo, esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reintegró a Hernández a su despacho. El alcalde, con Julio César Ortiz como apoderado (quien también representó a Petro cuando fue suspendido de su cargo como alcalde de Bogotá), presentó una tutela que tuvo éxito. Puede leer: ¿Qué hay detrás del golpe del alcalde de Bucaramanga al concejal? Una vez se enteró de la noticia, lo celebró como un triunfo. Posteriormente, afirmó que la decisión tomada por el ministerio público “fue un abuso de politiquería de parte de la procuraduría”. El auto del Tribunal señaló que el ministerio público puede investigar disciplinariamente a Hernández sin que se "afecte su derecho al sufragio pasivo, que se garantiza con su permanencia en el cargo". Además, también ordenó dejar sin efectos la resolución del gobernador, Didier Tavera, en la que se designó como alcalde encargado a Manolo Azuero. Una de las razones por las que el órgano colegiado ordenó reincorporar a Hernández a sus funciones fue el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que Colombia tiene ratificada), que consagra que “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Dentro de la providencia, cuya ponente fue la magistrada Solange Blanco, se aclara que el “derecho fundamental al sufragio pasivo, solo pueda afectarse, de manera general, en virtud de la orden de un juez proferida dentro de un proceso penal y de manera excepcional por la comisión de faltas disciplinarias relacionadas con actos de corrupción”. Adicionalmente, agrega que “si se restringe ese derecho en una hipótesis adicional a ellas no solo se vulnera el sufragio pasivo sino también el debido proceso de quien es sujeto de la limitación de su derecho político”. Le recomendamos: Vuelve Rodolfo Hernández, ordenan su reintegro a la alcaldía de Bucaramanga El alcalde dijo a SEMANA que lo hecho por la procuraduría fue un abuso de politiquería por como el tribunal falló en su favor. “¡Pero mire en qué terminó! Puras eminencias allá del derecho, según lo que ellos dicen, y producen una resolución violándome los derechos y contraviniendo la Convención Americana de Derechos Humanos, que también saben ellos. Entonces…”. Adicionalmente, cuando supo del auto, Hernández afirmó que Fernando Carrillo, el procurador general, “está haciendo pinitos para la candidatura a la presidencia de la república y le salió el tiro por la culata”. Según el mandatario, “eso es lo que se rumora en Bogotá”. Y, en sus palabras, quiere lograrlo a través de congraciarse con la gente del Partido Liberal con el fin de ser su candidato. “Me tenían a mí de chivo expiatorio porque yo les fastidio con mi actuar”, afirmó Hernández. “Es una decidida lucha frontal, con pantalones contra todos los códigos de comportamiento corruptos que tienen arruinada a Colombia y lógicamente incluida a Bucaramanga y a Santander”, agregó. Adicionalmente, el primero a la cabeza de la alcaldía bumanguesa cuestionó, una vez más, la celeridad con la que el ministerio público se pronunció respecto a su caso y no ha sido así con otras cuestiones a nivel nacional. “¿Por qué no han actuado así con todos los robos que la politiquería ha hecho a través de contratistas de la cuerda de ellos? No han hecho esas acciones tan contundentes y rápidas. Aquí se robaron Reficar. Unos dicen que 10 millones de dólares. No pasó nada, absolutamente nada”, expresó.
A pesar de que en medio del calor de lo sucedido Hernández había dicho que no volvería a su cargo, al final de esta semana volvió a su silla en el edificio del centro de la ciudad. “Esa suspensión era un atentado contra la voluntad y contra la democracia ya que ellos, de acuerdo con la Convención, no podían hacer eso y lo hicieron, creyendo que con eso me iban a callar y me iban a encaramar”, narró a SEMANA. “Nunca me he robado un peso. Lo que tengo ha sido a brazo partido y al sol y al agua. Y en la alcaldía he manejado en urna de cristal los dineros públicos”, expresó. Ahora que ha vuelto a trabajar como alcalde, el paso que sigue es “terminar este año con el mismo impulso que traemos y el año entrante -que es el año final- va a ser un año de pura ejecución, altísimo diseño, alta calidad en la ejecución y con precios justos y equilibrados”.