Rodríguez sí era el ‘amo y señor’ del IDU

Ad portas de entrar a una audiencia de imputación de cargos por su presunta responsabilidad en el otorgamiento del millonario contrato de la Fase III de Transmilenio, el concejal José Juan Rodríguez rompió su silencio. Lo hizo después de que Semana.com reveló el arsenal de pruebas que tiene un fiscal delegado ante la Corte para imputarle el cargo de Interés indebido en celebración de contratos por haber influido, presuntamente, en la entrega de contratos en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El concejal negó que fuera el 'amo y señor' del IDU y aseguró que tanto Emilio Tapia como Julio Gómez, los dos controvertidos empresarios que han hablado en su contra, mienten. Pero la Fiscalía piensa otra cosa. En la audiencia en la que se le imputaron cargos, el fiscal del caso señaló que Rodríguez habría participado en la entrega de los contratos de malla vial 137,138,071 y 072, que servían para obras adicionales de la Fase III de Transmilenio, de la calle 26 y la carrera décima. Tan solo el contrato 137 llegó a 418.000 millones de pesos. “Buscó el beneficio de sus amigos. Su relación permanente desde el 2007 con el IDU lesionó la administración pública, pues no obró con transparencia y rectitud. Favoreció a Andrés Jaramillo con la adjudicación de dos contratos (…) era consciente que interesarse en un contrato en el que no debía intervenir era antijurídico”, dijo el fiscal.  Para la Fiscalía es evidente que el concejal se aprovechó de su investidura y su posición económica y en la sociedad, para favorecer a Julio Gómez en la adjudicación de contratos del Distrito. Algunas de las obras en las que habría intervenido Rodríguez fueron la construcción de la avenida José Celestino Mutis, el tramo de la avenida Ciudad de Cali y la construcción de un puente vehicular en esa misma zona. “Se asignó un contrato de obra y se obvió el proceso público de escogencia del contratista”, indicó el ente acusador. “El concejal José Juan Rodríguez tomó la función principal de los servidores públicos de manera proactiva, interviniente, participante, en coautoría de los servidores públicos implicados (…) Sin tener competencia para intervenir en procesos contractuales ante el IDU, actuó en coautoría con Liliana Pardo, directora general del IDU; Esteban Prada, subdirector del IDU; Inocencio Meléndez; Ana María Ospina; Giovanni Arenas; Héctor Julio Gómez, (entre otros)”, señaló la Fiscalía. Entre las pruebas de la Fiscalía también se destacan las declaraciones del exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, quien habló sobre la relación de Rodríguez con la gerencia del IDU. “No es cierto, es completamente falso, es toda una falsedad. Primero porque no era parte de mis funciones y no tuve ninguna injerencia. Y segundo, porque yo no soy el cerebro del IDU”, dijo el cabildante a Semana.com. El concejal responde   En diálogo con este medio, Rodríguez cuestionó que la Fiscalía base sus imputaciones en las declaraciones de Meléndez, a quien calificó como un “falso testigo”, en especial cuando en reiteradas ocasiones manifestó que Rodríguez fue la persona que gestó la aprobación de las vigencias futuras en el Concejo de Bogotá para que esos contratos se ejecutaran.   Rodríguez negó también que estuvo en ese debate y aseguró que puede probar que nunca votó dicha aprobación: “Le puedo decir que nunca participé en los debates de la aprobación de las vigencias futuras. El proyecto ni siquiera lo voté en plenaria. ¿No le parece que si yo tuviera un interés, por lo menos lo habría votado?”.   Respecto a los señalamientos sobre la presunta entrega que hizo Rodríguez de 500 millones de pesos al procurador distrital Hernán Briñez para que diera el visto bueno a la adjudicación de los contratos de Fase III, el concejal aseguró que “el procurador distrital no puede entregar ningún concepto respecto a la Fase III de Transmilenio, por tema de competencia”. Según él, es incorrecta la información que la justicia ha entregado en ese sentido.   Las visitas al IDU   Uno de los capítulos por los que ha sido señalado Rodríguez son las constantes visitas a la gerencia del IDU, lo que les dio a los investigadores pistas sobre su presunta intervención en la entidad. Sus ingresos causaron sospechas porque fueron en una motocicleta de alto cilindraje por el sótano de la entidad y no con los carros oficiales del concejal.   Ante esto, Rodríguez señaló que fue elegido representante de los motociclistas, razón por la cual siempre andaba en una motocicleta con dos escoltas. “Yo siempre me movilizaba en moto, hasta que tuve un accidente que me impidió hacerlo. El carro del Concejo lo uso pocas veces. ¿Usted cree que una motocicleta de alto cilindraje y dos escoltas, no sería perceptible? Todos los concejales por protocolo entran al IDU por el sótano, yo no le veo el problema a eso”, dijo el cabildante, quien preciso que la Fiscalía quiere meterles morbo a sus visitas, las cuales fueron de carácter legal, según él.   Igualmente, aclaró que aunque mantiene una amistad con Liliana Pardo, su relación no es prueba suficiente para demostrar que está cometiendo un delito. “Es una suspicacia de la Fiscalía”, dijo.   Nexos con Julio Gómez y Emilio Tapia   Respecto a las múltiples declaraciones de los contratistas y ahora testigos estrella de la Fiscalía, quienes lo vinculan como el 'cerebro' del IDU, Rodríguez indicó que son versiones falsas. En cuanto a Julio Gómez, señaló que lo conoce porque es vecino de su residencia, ubicada en el norte de Bogotá, y pudo verlo cuando salía habitualmente a practicar deporte en un parque cercano.   El concejal Rodríguez aseguró que no es cierto que él haya ido al IDU en compañía de Gómez, como se ha dicho, ni que ha favorecido la adjudicación de contratos. “Julio Gómez está mintiendo, ya que nunca tuve nexos con él. El mismo exalcalde Luis Eduardo Garzón ha declarado cómo llega Liliana Pardo al IDU, y ha precisado que no tuve nada que ver con eso y no es cierto que ella sea cuota mía”, agregó.   Así las cosas, será la Fiscalía la que defina la suerte de Rodríguez, llamado el 'amo y señor' del IDU, sobre su presunta participación en la entrega de millonarios contratos que habrían quedado a mitad de camino en la capital y que llevaron al descalabro económico del Distrito. Solo un juez definirá si lo envía a la cárcel, o por el contrario, desestima las acusaciones del fiscal.