El caso de Rubiela Chivará, la señora que murió cuando salía de un ascensor en la calle 116 con Autopista Norte, dejó en evidencia un verdadero caos operativo en las instituciones del Estado. Su caso se hizo visible porque la muerte de la mujer y la tardanza en el levantamiento de su cuerpo desembocaron en protestas de familiares y la comunidad que terminaron en el bloqueo de más de dos horas en una de las vías más importantes de la capital. Eso originó un enorme trancón que paralizó la vía y provocó el colapso del Sistema de Transmilenio. El hecho demostró una vez más la falta de coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Central de Urgencias del Distrito. Mientras se aclara el hecho, los funcionarios de estas entidades no han asumido su cuota de responsabilidad. “No puede ser que una muerte que no fue violenta termine cinco horas sin que sea levantado su cuerpo”, señaló el subsecretario de seguridad Daniel Mejía. Por esos pidió que se revise el protocolo. El informe que entrega la Fiscalía señala que la víctima falleció a la 1:00 p. m., pero el reporte del Centro Automático de Despacho del Distrito llegó sólo a las 5:40 p. m. Según el CTI, tras ese registro llegaron al sitio a las 6:40 p. m. "Estamos aceptando la total responsabilidad, lo que sucedió nos avergüenza porque toda la ciudadanía se vio afectada y esperamos poder establecer un protocolo para que esto no vuelva a suceder", señaló el director de Fiscalías, Luis González. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, señaló que es necesario conocer el reporte paso a paso de lo que ocurrió para determinar la responsabilidad. “Para saber qué persona individual cometió un error y por qué no se atendió la situación como corresponde”. ¿Negligencia? La historia es del todo conmovedora y aterradora. Los familiares de Rubiela estuvieron en plena avenida por más de seis horas, presionando para que las autoridades levantaran el cuerpo. Pero eso no fue todo. Rubiela murió luego de solicitar una cita médica para una intervención quirúrgica que debía autorizar la EPS Cruz Blanca, la misma que hace parte del intervenido grupo Saludcoop. La EPS aseguró este miércoles, en un comunicado, que Rubiela tenía un diagnóstico asociado a valvulopatía aórtica y la "Cruz Blanca emitió oportunamente las autorizaciones requeridas para garantizar la atención en salud. Está en curso la auditoría correspondiente para establecer los motivos" de las cancelaciones de las fechas de cirugía. Sin embargo, fuentes cercanas a este portal han manifestado que la señora estaba siendo atendida en la Clínica Jorge Piñeros de la 104, que pertenecía a la Corporación IPS Saludcoop, entidad que entró en liquidación desde la semana pasada. Ahora esta IPS está en manos de la empresa Esimed y debido al difícil proceso de transición, muchos de sus especialistas han renunciado, según dicen, por la falta de insumos médicos y que no permiten operar debidamente. Mientras los responsables aparecen, el esposo de la mujer se preguntó en Blu Radio "¿por qué se echan todos la culpa y no aparecen los responsables?". Se trata de un penoso antecedente que deja muy mal parado al ente investigador y la forma como están articulados los organismos de emergencia en Bogotá. Su esposo confirmó a la cadena radial los errores que terminaron con la muerte de Rubiela, que no sólo han despertado el rechazo de la familia sino también el de miles de ciudadanos que se muestran indignados a través de las redes sociales. El director nacional de Fiscalías, Luis González, se mostró avergonzado por este episodio, ofreció disculpas y dijo que investigarán a los responsables por la tardía presencia de su entidad para recoger el cuerpo de la ciudadana. Mientras tanto, hay silencio en la EPS Cruz Blanca. Su responsabilidad en este episodio radica, según los familiares de Rubiela, en que en dos oportunidades le programaron una cirugía de corazón que no se llevó a cabo por presunta negligencia. La Defensoría del Pueblo, que entró a terciar la situación, aseguró que interpondrá una denuncia penal para que las autoridades responsables sean investigadas, entre ellas la EPS Cruz Blanca. El organismo "pidió igualmente la intervención de la Procuraduría, a fin de revisar los procedimientos y protocolos de reacción frente a hechos de esta naturaleza, y en el caso particular de esta nueva víctima, establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias por las presuntas irregularidades en la aplicación de los mismos". Una vez más queda en la retina de los colombianos la desarticulación de las instituciones que provocan desenlaces trágicos como el ocurrido este martes, un hecho tan doloroso que si no hubiese sido por un trancón y por las redes sociales, habría pasado inadvertido. Normal 0 21 false false false ES-CO X-NONE X-NONE