Este lunes 22 de noviembre se llevó a cabo un encuentro en el que diferentes líderes del sector público y privado, sociedad civil y comunidad internacional, hablaron sobre los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Durante dicho evento, que se hizo en la Universidad Externado de Colombia, hubo varias intervenciones, pero una de ellas, la de Rodrigo Granda, generaron revuelo porque afirmó que las antiguas Farc no cometieron delitos de esclavitud con los secuestrados y que ellos mismos trabajaban por voluntad propia.
“No se puede tomar eso como una cuestión absolutamente completa, porque si alguna de las personas que estaban en ese momento en retención decía que se sentía aburrida y quería participar en X o Y trabajo de ahí del mismo campamento, se permitía, pero no era que fuera una obligación”, dijo Granda.
Según el excomandante guerrillero, los trabajos forzados a los que fueron sometidos los secuestrados se dieron por solicitud de ellos mismos y, por tal razón, no aceptarán el delito de esclavitud propuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz. “Nos imputan la esclavitud y no se nos puede imputar a nosotros que hemos reconocido ante la JEP y la comunidad internacional que cometimos violaciones de derechos humanos pero no la esclavitud”, expresó.
Por esa razón, el senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, salió a desmentir a Granda, aunque aclaró que no escuchó sus declaraciones y que se enteró por los medios de comunicación. “Yo no conozco la declaración pero si dijo eso, está equivocado. Es una declaración fuera de contexto y no la comparto”, dijo.
El congresista aseguró que ese tipo de declaraciones afectan a las víctimas del conflicto y que no corresponden a quienes están en el tránsito a la legalidad. “Es una vulneración a los derechos de las víctimas”, reiteró.
Lozada, quien se mostró sorprendido por las declaraciones de su compañero, pidió a todos los integrantes del partido evitar ese tipo de declaraciones. “Llamo a los compañeros del partido a que sean prudentes en sus declaraciones porque se afecta la credibilidad del compromiso que tenemos y que hemos demostrado en cinco años para reparar a las víctimas y asumir responsabilidades”, dijo.
Toda esta polémica se generó porque recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el concepto que la Procuraduría General dio luego de haber documentado más de 70 casos en los que víctimas de secuestro fueron obligadas a realizar trabajos forzados. Se trata del Caso 01, que corresponde a la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP sostuvo que los más afectados fueron los campesinos y conductores.
Por lo tanto, Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Félix Muñoz, alias Pastor Alape; Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra, como integrantes del secretariado, podrían ser encontrados responsables de esclavizar a campesinos, militares, policías, entre otras personas.
De acuerdo con el procurador delegado ante el tribunal especial, la decisión de la JEP, de avalar sugerencias del Ministerio Público, va por buen camino, debido a que existen suficientes testimonios que comprueban que los trabajos forzados y esclavitud hicieron parte del actuar de las conocidas Farc.