La Fiscalía General ya le solicitó al juez 11 de control de garantías de Bogotá que emita medida de aseguramiento en contra del ciudadano ruso Sergei Vargin, señalado de financiar alteraciones al orden público, actos vandálicos y ataques contra la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones del Paro Nacional que se registraron desde el año 2019.
En la diligencia, que se ha adelantado de manera reservada por motivos de seguridad, se conoció que el ciudadano ruso habría intentado sobornar con 200 millones de pesos a un coronel, quien en ese momento estaba activo del Ejército Nacional, para recibir información privilegiada. El oficial, estaría relacionado con el Comando General de las Fuerzas Militares.
Los hechos se habrían presentado en el año 2021 con el fin que entregara datos sobre el Plan Nacional de Adquisición de Armas. Vargin, según señalaron fuentes de inteligencia, habría ofrecido una suma de dinero y un apartamento. El ente investigador tendría un informe de contrainteligencia que registró los movimientos del coronel y las reuniones que habría sostenido con el ruso.
Sin embargo, esta versión fue rechazada por el abogado Javier González Cifuentes, quien representa al ciudadano ruso. El jurista ha cuestionado varios aspectos de la imputación de cargos, señalando que se ha presentado una mezcla de temas por parte de la Fiscalía, resaltando que no se ha podido identificar una acción ilegal por parte de Vargin.
En la audiencia celebrada el pasado viernes, el ciudadano ruso se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. En la diligencia judicial, la Fiscalía General reveló la interceptación de llamadas telefónicas en las que se le escucha a Vargin dar órdenes directas para el movimiento de dinero.
En una de ellas, conocida en exclusiva por SEMANA se le escucha presionar a dos mujeres para que realicen las consignaciones y consigan más personas que presten sus cuentas bancarias y se presenten personalmente a realizar el movimiento de las transacciones que se enviaban desde Moscú.
En el marco de la investigación se ha podido conocer que el ruso adelantó diferentes viajes entre Bogotá y Medellín. Debido a una certificación emitida por el tercer secretario de la Embajada de Rusia en Bogotá, Nicolay Rykov, Sergei Vargin se podía mover libremente por el territorio nacional.
El documento certificaba que no tenía antecedentes penales ni era buscado en otros países. Incluso, cuando estalló el escándalo, la Embajada de Rusia emitió un comunicado en el que calificaba de “fantasiosas” las acusaciones hechas y convocó a una rueda de prensa para que diera todas las explicaciones.
Tres personas aceptaron cargos
Tras la imputación de cargos, el agente activo del CTI de la Fiscalía, Mauricio García Herreros Borda aceptó los cargos imputados por colaborar con esta red con información y apoyo para que no llamaran la atención de las autoridades frente al movimiento de las grandes sumas de dinero.
Igualmente, las hermanas Giovanna y Ana María Gutiérrez, quienes supuestamente se prestaban para conseguir personas que presentaran sus cuentas bancarias, reconocieron su responsabilidad en estos hechos.