El Congreso de la República se verá abocado este martes a uno de los temas que más sensibilidad genera en el país: la reforma a la Policía.
La iniciativa se puso en consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado miércoles cuando se discutió una proposición para aplazar la discusión, propuesta que fue rechazada y este martes se entrará en el fondo del proyecto, que despierta todo tipo de pasiones.
Y no es para menos. Según un informe de la ONG Temblores, durante el reciente paro nacional se documentaron 4.285 hechos de violencia cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública.
Las más de 4 mil denuncias incluyen 1.486 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares, 215 de disparos de arma de fuego, 28 de violencia sexual, 8 de violencia basada en género, así como 1.832 detenciones “arbitrarias” de manifestantes, 734 intervenciones violentas en el marco de las protestas pacíficas, 30 casos de uso de arma Venom por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 41 casos de afecciones respiratorias por el uso de gases lacrimógenos.
En contraste, las autoridades han señalado que tienen evidencia de que los actos vandálicos contaron con presunta financiación de organizaciones ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN.
El proyecto que será puesto en consideración en la Cámara resulta espinoso porque toca uno de los temas que más rechazo tiene en los sectores de gobierno: el traslado de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia.
El proyecto “tiene por objeto trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de garantizar su naturaleza civil y consolidar y mantener la seguridad y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, además de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, dice el texto de la iniciativa.
Detrás de este traslado hay un debate de fondo sobre la función de la Policía. A pesar de que está claro que la institución es un cuerpo civil armado, algunos sectores consideran que debe mantener algunos elementos de formación castrense, especialmente porque ha sido una Policía formada para desarrollar sus labores en medio de un conflicto armado. Quienes comparten esta postura han optado por mantener a la institución en el Ministerio de Defensa.
Por el contrario, en los sectores alternativos consideran que se debe trasladar al Ministerio de Justicia, con el fin de que haya una transformación hacia un enfoque más de tipo civil, alejando a la institución de la perspectiva militar.
El proyecto da seis meses para que tras la promulgación de esta norma, el Gobierno nacional reglamente el proceso de transición y otras disposiciones que lo requieran.
Este proyecto de ley fue presentado en el marco de la iniciativa “Los Jóvenes Tienen la Palabra”, la cual nació como la respuesta de congresistas de distintos partidos al paro nacional vivido entre los meses de abril y junio de 2021 en el país.
En todo caso, el debate será tenso. El antecedente más cercano fue lo ocurrido en junio pasado, cuando la Comisión Primera de la Cámara votó en contra de la reforma a la Policía que presentó la oposición. En total, 22 congresistas estuvieron de acuerdo en hundir esta iniciativa y solo 12 respaldaron la petición de varios legisladores que buscaban hacer un ‘revolcón’ a esa institución, en medio del paro nacional.
La idea de los partidos de oposición era hacerle cambios estructurales a la Policía Nacional para el uso de la fuerza, la aplicación de derechos humanos y las capacitaciones para el manejo de crisis en las calles.
¿Esta vez la realidad será distinta?