No son fuertes en ninguna parte del país. Tan solo en el occidente de Nariño y ni siquiera lo controlan por completo. La Segunda Marquetalia logró dominar buena parte de una vasta región, limítrofe con el Pacífico y Ecuador, gracias a su alianza con los sanguinarios Choneros ecuatorianos y el mexicano cartel de Sinaloa que operan en el país vecino, así como un ELN debilitado.
Juntos lograron, en los últimos dos años, sacar a las Farc de Iván Mordisco, heredero de los frentes guerrilleros que no quisieron dejar las armas. Unos y otros fueron absorbiendo, debilitando o eliminando a las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Contadores o la Oliver Sinisterra del tristemente famoso Guacho. Ahora los principales grupos armados son los frentes marquetalianos Iván Ríos y Alfonso Cano.
“Son los mismos siempre, pero con distintos nombres”, me dijeron diversos nativos. De ahí que pocos crean en las recientes negociaciones de paz con Márquez. “El proceso les sirve a los de arriba; los otros seguirán”, se quejaban. Las experiencias pasadas fueron frustrantes y no avizoran señales de que vaya a ser diferente, opinaron varios entrevistados. Pidieron anonimato para hablar sin tapujos en esta crónica. Incumplir la ley del silencio les puede costar la vida o el desplazamiento.
La renovada agrupación criminal, de unos 700 miembros, conforme a datos militares, no solo tiene presencia en los principales municipios del área señalada, como Barbacoas, Magüí Payán o Roberto Payán, donde el Ejército dio de baja al comandante Hermes en un operativo que repudió con vehemencia el comisionado de Paz, Otty Patiño. También en el casco urbano de Tumaco, de más de 100.000 personas.
Las bandas locales, amos y señores de innumerables barrios como Panamá, Buenos Aires, Voladero, Aire Libre, La Ciudadela, entre otros, quedaron bajo el paraguas de la Segunda Marquetalia, factor que en nada modifica su habitual comportamiento delincuencial, ni su poder de amedrantamiento.
El temor que infunden hace que nadie ose adentrarse en cualquiera de sus dominios, salvo que sean residentes o cuenten con permiso de los jefes. Representan, además, la única autoridad en sus barrios, imponen sus leyes y multan a quien las incumple y resuelven los litigios entre vecinos. “La gente no denuncia, prefiere acudir a esos jefes”, admite un policía. “El Estado no existe ni en la zona rural ni en la urbana”, confesó un religioso quien, al igual que el uniformado, prefirió omitir su nombre por prudencia. “Mientras haya injusticia social, seguirán los grupos y la violencia”, agregó.
Resultan tan opresivos que todos los mototaxistas que utilicé varios días se negaron a detenerse un minuto para que pudiera tomar una foto en el puente El Pindo, muy transitado a toda hora. “No, doña, no se puede”, contestaban pese a que estábamos a plena luz del día.
Contar con un nuevo y único amo supuso un descenso de homicidios en barrios donde existían dos bandas rivales, como en La Ciudadela, que alberga al Hospital Divino Niño. Sellaron un pacto de no agresión, aunque la calle principal sigue siendo la frontera invisible que las separa y la tensión entre ambas continúa latente. “Los fines de semana es un peligro ir a urgencias si llegan heridos de los dos grupos. Se enfrentan para que atiendan al suyo primero”, susurra un vecino.
Los pobladores de la segunda ciudad más importante de Nariño son conscientes de que la coca es el principal motor de su economía, seguido, en menor medida, del oro de minas ilegales y de sectores como la pesca o el turismo. Pero cuando el narcotráfico entra en crisis, como ocurre desde hace unos meses, los hogares lo resienten.
“Hay que reconocer que, de alguna manera, vivimos de la coca y si se cae, nos golpea”, comenta un comerciante. También afecta a las bandas criminales y compensan el descenso de ingresos con secuestros exprés y extorsiones. Incluso las administraciones locales y empresas públicas deben abonar vacunas de hasta el 20 por ciento por cada contrato.
“Es imposible que progrese un negocio, se vuelve insostenible con las vacunas. Un negocio va medio bien y te caen enseguida”, se quejaba un pequeño empresario tumaqueño. Otro recordaba que hace poco secuestraron a un amigo y lo liberaron a los tres días tras pagar 15 millones. “No tenía mucha plata, pero a esa gente le da igual. La familia tiene que conseguir lo que sea para que no lo maten”. Si cuenta con algún recurso, resulta preferible cancelar rápido el rescate para evitar que lo saquen en lancha a la zona rural, se alargue el cautiverio y exijan un botín mayor.
Voladero es uno de los barrios donde esconden secuestrados en casas palafíticas, de tablones de madera, que dan al mar. En cuanto lo recorres, comprendes que resulte casi imposible que la policía intervenga, aunque este año lograron dos rescates de cautivos. Sus estrechas callejuelas, con frecuencia levantadas sobre pilotes, que desembocan en pequeños muelles, son laberintos que los delincuentes conocen a la perfección. Y los vecinos los protegen por ser parientes, amigos de la infancia o por miedo a represalias.
“Ahora se hacen llamar frente Iván Ríos, frente Alfonso Cano, pero son iguales que antes. Esto no va a cambiar”, auguró desanimado un antiguo docente. Considera que la cultura “narca” impregnó Tumaco y muchos adolescentes se sienten atraídos por el poder que otorga pertenecer a un grupo armado, con el agravante de que la Segunda Marquetalia “está pagando a combatientes entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, dan permisos para visitar a sus familias y los dejan tener celular”, sostuvo un militar y lo reafirmaron entrevistados.
Además de contar con venezolanos en sus filas y engañar a jóvenes del Cauca con falsas promesas de trabajo raspando coca para alistarlos, reclutan menores de edad –el Ejército ha recuperado a 26– que no dudan en ajusticiar si intentan desertar, según testimonio de un desmovilizado. “Les cobran el fusil o la pistola que les asignan si la policía la incauta”, detalló un uniformado.
“Antes uno veía que la mayoría de la guerrilla era de otras partes de Nariño y de Colombia. Ahora muchos son de Tumaco”, dijo un paisa que lleva lustros laborando en la región.
En cuanto a la crisis cocalera, el elevado costo de la gasolina contribuyó a agravarla. “No se puede procesar a 16.000 pesos el galón, no rinde; antes la trabajábamos a 12.000”, señala el empleado de un laboratorio de base de coca. Conversamos en Llorente, corregimiento muy cocalero, situado sobre la vía que une Tumaco con Pasto, a 67 kilómetros de la cabecera municipal.
También les perjudicó la desaparición del “pategrillo”, el rudimentario combustible que producen refinerías artesanales con petróleo robado al tubo. Aunque el Ejército destruyó 247 de ellas, así como 670 válvulas para extraer el crudo, las descomunales pérdidas que sufrió Ecopetrol por esos delitos en 2023, aconsejó cortar el bombeo del Transandino entre Putumayo y Tumaco.
“Trasladaron la elaboración de ‘pategrillo’ a Ecuador. El Ejército ecuatoriano incautó una de esas refinerías, pero hay más”, señaló una fuente castrense.
En Inda Sabaleta, resguardo del pueblo awá, repleto de cultivos de la famosa mata y a unos 15 minutos en moto desde Llorente, donde manda el frente Iván Ríos, andan desesperados por el desplome del valor del kilo de base de coca.
“El costo de producción es casi millón y medio por kilo, y estos días lo pagan a 1.700.000, pero bajó más. Muchos la dejan perder”, comentó un nativo que me acompañó a un cultivo de hojas mustias. Los cocaleros foráneos que adquirieron tierras intentan venderlas a cualquier precio, pero no hay compradores.
Ante el incierto futuro, no mencionan el proceso de paz con la Segunda Marquetalia entre el abanico de soluciones. Solo repiten el eterno “más inversión social”, sin abordar una corrupción insaciable y la ausencia de propuestas realistas que son el freno de cualquier salida.