Salvatore Mancuso Gómez le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la tutela planteada por la Procuraduría General con la que busca tumbar el auto mediante el cual se avaló el sometimiento del excomandante paramilitar. En el documento de 34 páginas, Mancuso cuestiona la petición y la calificó de no tener argumentos sólidos.
“La accionante no argumentó ni demostró cuál era la evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”, señala el documento, al hacer mención de que la Procuraduría General aseguró en la tutela que el aval de sometimiento no había tenido en cuenta el hecho de que los expediente contra el exjefe de las AUC estaban en Justicia y Paz.
Por esto, indicó que “no se evidenció cómo la interpretación y la decisión de la Sección de Apelación de la JEP se tornaba irrazonable, desproporcionada y arbitraria, en detrimento de los derechos de las víctimas reconocidas en los procesos”. El documento asegura que el aval del sometimiento cumplió con todos los trámites y requisitos después que entregara información novedosa sobre los nexos entre las AUC, agentes del Estado y la Fuerza Pública.
En la respuesta de la tutela, Mancuso aseguró que después de la desmovilización de los Bloques que comandaba y la entrega de armas se ha encontrado que los procesos de reparación a las víctimas y aportes a la verdad se han estancado en muchas oportunidades. “Nos sometimos al proceso creyendo que el Estado cumpliría con su parte en el acuerdo jurídico derivado del proceso político de paz”.
“Sin embargo –añadió–, al pasar 18 años, diez años más que el tiempo establecido como máximo de la pena que debíamos soportar, nos encontramos que los procesos no han avanzado en la medida”. Por esto, pide que se deje en firme su sometimiento a la JEP, para que siga cumpliendo con lo acordado para aportar a la verdad y reparar a las víctimas.
En otro comunicado firmado por Mancuso, quien se encuentra en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá, se cuestionó el actuar de la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, y varios de sus subalternos, por lo que considera “trabas” a la colaboración con las autoridades, indicando que desde Justicia y Paz se han visto presiones y ataques.
“¿Por qué existe tal angustia y preocupación por parte de usted o de sus amigos políticos porque yo comparezca ante la JEP o que obtenga mi libertad como corresponde por derecho? No existe otra interpretación plausible para sus repetidas, espurias y tendenciosas injerencias e intervenciones, salvo el miedo a la verdad y un intento desmedido por impedir la restitución de mis derechos”, indica uno de los apartes.
Según el excomandante paramilitar, los procuradores Diana Niño y Alonso Pío Fernández han emprendido acciones para evitar que siga en la JEP. “Estos procuradores delegados, tanto Niño como Fernández, tienen la misión espuria encomendada por Margarita Cabello de impedir, de cualquier manera, que yo pueda acceder a la JEP y a mis derechos, todos recuperados a partir de mi participación seria y honesta en la justicia transicional colombiana”.