La JEP confirmó este miércoles 31 de agosto la decisión de aceptar el sometimiento de dos de las cabezas más visibles del paramilitarismo en Colombia: Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.

En el caso del segundo, cabe recordar que delinquía principalmente en regiones como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Santander.

Seguramente, uno de los episodios más esperados por las víctimas que cobró a su paso la sanguinaria y violenta máquina de guerra del paramilitarismo es la audiencia de verdad a la que deberá acudir Mancuso.

SEMANA tuvo acceso al fallo de 95 páginas en el que la JEP específica cómo deben ser esos aportes del exjefe paramilitar que, entre otras cosas, señala el alto tribunal, “debe consistir en aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena que caractericen la condición de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública, no con simples recuentos normativos ni mediante la exaltación –retórica– de sus relatos pasados como prueba fehaciente e indiscutible de su narrativa actual (autorreferentes), sino con descripciones detalladas acerca del rol que pudo desempeñar, inmiscuyéndose en las hostilidades incorporado al actor armado estatal” (sic).

Mancuso, según la JEP, deberá contar lo que sabe sobre los posibles responsables igualmente involucrados en la “planeación, ejecución y ocultamiento de la macrocriminalidad desplegada en desarrollo del conflicto armado no internacional”.

Mancuso deberá “cantar” en los estados judiciales lo que sabe sobre los fenómenos de macrocriminalidad y victimización, que comprometieron a integrantes de los grupos armados ilegales que integró y lideró, y que, al parecer, pudieron determinar su incorporación funcional y material a la Fuerza Pública, así como las redes, nexos y patrones.

En específico, la JEP pedirá en audiencia que Mancuso detalle “las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente aquellas que reflejen patrones o que tengan carácter masivo, y las particularidades de la connivencia o la relación simbiótica entre el paramilitarismo y algunos representantes de la institucionalidad del Estado en todas sus ramas y niveles”.

Y sin duda alguna, uno de los episodios en los que más aportara Mancuso verdad a la justicia transicional es qué sabe sobre la connivencia entre agentes del Estado e integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y de los bloques Córdoba, Catatumbo, Norte y Montes de María.

En su momento, SEMANA reveló la carta con la que Mancuso pedía pista en la justicia transicional. Se trata de un documento de 33 páginas en el que el excomandante paramilitar le pide a la JEP que se acepte su aporte a la verdad como testigo en el Caso 03, de falsos positivos en Colombia.

Este caso es el que adelanta la investigación por las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

El testimonio del exjefe paramilitar cobra relevancia porque deberá aportar verdad, entre otras cosas, sobre la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las ACCU y de los bloques Córdoba, Catatumbo, Norte y Montes de María.

También, detallar, por ejemplo: si eran ciudadanos del común, funcionarios públicos o líderes políticos o gremiales, así como su actividad económica o productiva y la entidad que representaban. También deberá hablar sobre las instituciones del Estado cuyos agentes o representantes hicieron acuerdos con integrantes de las ACCU y de los bloques Córdoba, Catatumbo, Norte y Montes de María.

¿Cantará todas sus verdades Mancuso desde su lugar de reclusión en una cárcel de Atlanta? Al menos sus víctimas y familiares piden solo eso, que se sepa la verdad.