En la tarde de este lunes, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez denunció ante la Fiscalía General a los directivos de la cárcel La Picota, de Bogotá, los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de privación de la libertad.
La denuncia va dirigida en contra del director de la cárcel, Mauricio Ríos Moreno; el director encargado, Johan David López Sánchez; y el director jurídico, Ferney Saúl Ortiz Romero.
En la denuncia pide que se hagan efectivas las decisiones tomadas recientemente por medio de las cuales se cancelaron las órdenes de captura que existían en su contra.
“Solicito que se tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento inmediato de las boletas de libertad (...) garantizando así mi derecho a la libertad personal”, agrega.
Igualmente, pidió que se realice la respectiva actualización y depuración de su “cartilla biográfica y hoja de vida eliminando las anotaciones que ya han perdido vigencia y que no cuentan con respaldo legal válido”.
En el otro punto de la denuncia pide que se “adopten” otras “medidas penales y disciplinarias correspondientes contra los funcionarios responsables de la omisión en la actualización de mi información y de la prolongación indebida de mi privación de libertad. Se compulsen copias”.
En la denuncia se anexan los pronunciamientos hechos recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación.
En el caso de la JEP, por medio de su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se informó que, tras hacer una revisión, el excomandante paramilitar no tiene una medida de aseguramiento pendiente.
“Mancuso Gómez tiene la calidad de compareciente, con ocasión de su aceptación concedida el 17 de noviembre de 2023 (...) circunstancia que no acarrea ni legal, ni jurídica ni procesalmente su privación de libertad”, señaló la JEP.
Mientras tanto, el ente investigador advirtió que en el sistema no aparece ningún requerimiento o medida de aseguramiento vigente contra el exjefe de las AUC.
“Por medio de la presente me informan que verificados con cada uno de los despachos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y los sistemas misionales de información se estableció que, a la fecha el señor Salvatore Mancuso Gómez, no es requerido por ningún despacho adscrito a esta dirección”, respondió la Fiscalía a la dirección del Inpec.
En la actualidad existe un conflicto de competencias elevado por Justicia y Paz ante la Corte Constitucional para que se defina, de una vez por todas, qué tribunal tiene potestad para definir las solicitudes de libertad elevadas por el exjefe paramilitar.
Este mismo lunes, los abogados de Mancuso presentaron una tutela en contra de las directivas del Inpec al considerar que se han omitido las decisiones de las autoridades judiciales de levantar las órdenes de captura en su contra y emitir las boletas de libertad.
“El Inpec es una institución que hace parte del gobierno nacional y el señor presidente es el máximo jefe del director del Inpec, a quien le haga un llamado respetuoso para que conozcan las violaciones a derechos fundamentales en mi caso, como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, en la medida en que no han verificado la información con la que me tienen privado de la libertad”, aseveró Mancuso en un video.
Esta tutela se suma a la denuncia hecha por una de las abogadas del excomandante paramilitar que aseguró que existe un plan estructurado para atentar contra la vida de Mancuso una vez sea liberado.