SEMANA conoció el documento en el cual un juez de los Estados Unidos autoriza el traslado de Salvatore Mancuso a Italia. Firmado, por Richard J. Leon, la orden judicial establece que ese país tiene hasta el 4 de septiembre para facilitar el viaje del condenado paramilitar al viejo continente. El documento asegura que la Corte del distrito de Columbia tenía programada una audiencia para el 24 de agosto a las 3:00 p.m sobre la petición de una orden de restricción temporal que pidió Salvatore Mancuso. Sin embargo, que ante el acuerdo al que llegaron las partes, la salida de los Estados Unidos está ya establecida y no podrá tardarse más allá de la próxima semana. Esta noticia reduce las esperanzas de las víctimas del exjefe paramilitar, quienes esperaban que fuera extraditado a Colombia y terminara de contar todo lo que sabe sobre los crímenes de las Autodefensas. Así mismo, evidencia cómo fue el manejo que las autoridades nacionales le dieron a solicitud de extradición de Mancuso. A diferencia del trámite de deportación a Italia que empezó desde el pasado mes de marzo, la extradición tuvo diferentes contratiempos —se presentaron tres solicitudes previas que fracasaron— y solo hasta la semana pasada se pudo presentar una cuarta solicitud. En las últimas horas, además, se confirmó que esta solicitud fue hecha en español y el tratado de extradición con Estados Unidos establece explícitamente que debe ser redactada en inglés.
Cuando la partida de Mancuso a Europa aún era una posibilidad, voces del gobierno afirmaban, a su vez, que de no prosperar la extradición a Colombia, exisitían otros mecanismos para lograr que regresara al país. Por ejemplo, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos Arévalo, afirmó que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos podía juzgar al exparamilitar a través de quejas individuales que radicaran sus víctimas. Sin embargo, el comisionado ignoró dos aspectos elementales de este órgano de justicia: Colombia no suscribió el convenio internacional que rige al tribunal y éste, además, juzga Estados y no indviduos. En el mismo sentido, procurando evitar un quite a la justicia, el presidente Iván Duque aseguró que elevaría una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que Salvatore Mancuso respondiera penalmente por los delitos que se le atribuyen. Al igual que las palabras de Ceballos Arévalo, las del primer mandatario no podrían concretarse. La CPI tiene una competencia subsidiriaria con respecto a la justicia colombiana y esta última aún no ha juzgado a Mancuso por los crímenes por los que se pidió en extradición. En ese orden de ideas, no es fácil ese camino tampoco. Vea: “Mancuso debe venir a Colombia a responder por sus crímenes”: Iván Duque
La decisión de la justicia norteamericana es solo la estocada final en una serie de errores y desconocimiento que contribuyeron a que unos de los jefes más importantes de las Autodefensas se saliera con la suya. Como consecuencia, los señalamientos en busca de responsables no se ha hecho esperar. El expresidente Andrés Pastrana Arango, cercano al gobierno de Duque y al uribismo, pidió que se excluyera el nombre de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, de la terna para ser la próxima procuradora general. Según dejó entrever Pastrana Arango, sobre los hombros de la ministra pesa el hecho de que Mancuso no fuera extraditado.
La única posibilidad latente es conseguir que, a través de la Interpol, la extradición pueda ser efectuada. Desde la semana pasada, el gobierno solicitó que se expidieran circulares rojas en contra del exparamilitar y así se hizo. En la página web de la organización ya aparece su nombre y fotografía entre las personas buscadas.