Este miércoles empezó la declaración del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Georgia, en los Estados Unidos, se comprometió a entregar varios detalles sobre el fenómeno paramilitar en Colombia.
Esta es la última oportunidad de Mancuso Gómez para acceder a los beneficios de la JEP. Como preámbulo de la declaración, la Sala presentó un video en el que se advierte que El Mono -como era conocido en las AUC- “es el hombre que más puede aportar información sobre el capítulo del paramilitarismo en Colombia”.
Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a los Estados Unidos, deberá entregarle a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas información nueva sobre este fenómeno. “Deberá hacer aportes presentes, efectivos, suficientes y novedoso. Mancuso no podrá repetir lo que ya se sabe”.
“Salvatore Mancuso deberá superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones tanto en Justicia y Paz como en la justicia ordinaria. Esta audiencia única de verdad es el escenario para que Mancuso demuestre de manera contundente que se incorporó funcional y materialmente a la fuerza pública entre 1989 y 2004. Es decir, debe probar que ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre la fuerza pública y los paramilitares en los patrones de macrocriminalidad”.
Igualmente, se le pidió al excomandante paramilitar que deberá entregar información constatable de “los altos cargos de las Fuerza pública y de otras entidades del Estado que” con las que se relacionó cuando estuvo en dicho grupo armado ilegal y que hasta la fecha no hayan sido vinculados a un proceso penal. En este punto deberá explicar si existieron alianzas para planear, ejecutar y ocultar los “crímenes, además de tejer alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares”.
Salvatore Mancuso, siendo uno de los comandantes de los bloques que se conformaron y expandieron en el departamento de Córdoba. “Constituye uno de los territorios clave para entender la lógica de incursión y expansión paramilitar, toda vez que los modus operandi, prácticas y políticas que fueron puestas en marcha se replicaron en otras regiones del país”.
En sus cuatro días de declaración, Mancuso deberá dar su versión sobre las denominadas Convivir, las alianzas con organismos del Estado y políticos, las operaciones conjuntas que se llevaron a cabo y la relación con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las audiencias se realizarán en Montería (Córdoba).
“Todo lo que diga Mancuso Gómez será contrastado por la magistratura de la JEP que lleva el caso”. A partir de este proceso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinará si es viable o no el sometimiento”, aclaró la JEP.
1. Las Convivir como fachada del accionar paramilitar
Las Convivir fueron presentadas como asociaciones con el objetivo de “brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y las guerrillas”. Bajo esa premisa, “establecieron vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo algunos altos mandos militares de la Brigada 11, como el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Lino Sánchez Pardo”.
2. Operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública
“Las operaciones mixtas entre integrantes de la fuerza pública y los paramilitares generaron zozobra entre las comunidades y sembraron desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía”. Además, fueron el “combustible” de la violencia y una “máquina de violaciones” de los derechos humanos cuya principal víctima fue la población civil.
3. Alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública
Salvatore Mancuso lideraba en Córdoba una “estrategia de consolidación política y social que se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que en su mayoría poseían un capital político en la región”. Esa estrategia buscaba, de acuerdo con la JEP:
- Insertar paramilitares entre la población civil.
- Adquirir reconocimiento de estatus político.
- Reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares.
4. Filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes
La cooptación y el control de entidades públicas les “permitía a los paramilitares no solo acceder a información privilegiada, sino perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos tanto militares como sociales, económicos y políticos”. Funcionarios del desaparecido DAS, que entonces estaba en cabeza de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, “suministraron información de inteligencia que les permitió a los paramilitares afianzar su poder en entidades como la Universidad de Córdoba”.
Según el tribunal especial, este será el contenido que guiará el cuestionario que responderá el exjefe paramilitar a las magistradas y magistrados para puntualizar la “nueva información que podría aportar sobre la relación entre paramilitares e integrantes de la fuerza pública”.