“Es un mensaje contundente que el Estado cumple cuando empeña su palabra a los actores que están comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”. De esta forma, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez, defendió su nombramiento como “gestor de paz” por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
Para Mancuso, quien fue deportado el pasado 27 de febrero después de cumplir una condena de cerca de 15 años en los Estados Unidos, esta designación incluso es más importante que la desmovilización de las mismas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se registró en el año 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El excomandante paramilitar aseguró que como ocurrió en un pasado su labor buscará el desarme y la desmovilización de estructuras armadas ilegales en “departamentos que ahora están siendo golpeados por estructuras ilegales de alto impacto”.
Muchas estructuras conformadas por exparamilitares han contactado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz -según Mancuso- para que se les facilite un vocero con el fin de lograr negociaciones. “Agradecen cualquier gestión para reactivar esos diálogos entre ellos y el Gobierno Nacional para que no sigan produciéndose víctimas en las zonas que ellos tienen dominio y control territorial. Eso significa control político, social y de las economías lícitas e ilícitas, los que lo convierte indiscutiblemente en un actor político, lo queramos o no”.
“No es algo traído de los cabellos que se inventó el señor Presidente de la República. Está reconociendo la experiencia y el conocimiento, la ascendencia que tuve sobre estos grupos armados”, precisó Mancuso, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá.
“El Gobierno Nacional no me ha ha nombrado ni vocero ni miembro representante de un grupo rearmado posterior a la desmovilización de las Autodefensas”, agregó el excomandante de las AUC al enfatizar sus funciones como gestor de paz. “El Señor Presidente, investido por la ley, ha solicitado el 14 de agosto de 2023″.
Mancuso aseguró que una de las peticiones que le hizo el Gobierno al designarlo como gestor de paz fue que cerrar todo el tema de la desmovilización de las estructuras paramilitares. “Me ha pedido que cerremos Realito, que revisemos los incumplimientos que tuvieron los gobiernos pasados en la medida que la palabra del Estado debe cumplirse”.
“El Presidente nos ha pedido aclarar qué pasó con los bienes entregados a Justicia y Paz, yo me pregunto lo mismo, pues muchos de ellos fueron devueltos a narcotraficantes”, reseñó. Recordó que un bien que él entregó de un narcotraficante se lo devolvieron a su esposa pese a que quedó claro que fue adquirido de forma ilegal.
En su intervención aseguró que no se puede desconocer esta realidad en los territorios y que permite ver que la misma sociedad no tiene una opción diferente a buscar a estos grupos armados “para pedirle soluciones”. Por esto, Mancuso manifestó que cuenta con la experiencia para tratar estos temas y buscar un desmonte de estos grupos.
Finalmente, aseguró que desde el primer minuto de su designación el Presidente le pidió a las autoridades de justicia restaurativo que definan la situación jurídica de Mancuso Gómez, verificando si existía la posibilidad para que se suspendieran las medidas de aseguramiento vigentes para el cumplimiento de sus funciones.
El pronunciamiento de Mancuso se hizo en el marco de la audiencia ante la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, en la que pidió una nueva libertad bajo prueba.
En esta misma audiencia, la procuradora del caso presentó varios cuestionamientos, oponiéndose a que se suspendan las medidas de aseguramiento que pesan en contra del excomandante paramilitar.
Igualmente, puso sobre la mesa la duda del proyecto que desarrollará Mancuso como gestor de paz, cuáles son los ámbitos temporales y territoriales de su actividad y cómo se justifica la movilización a ese ámbito territorial.
El próximo miércoles 13 de marzo el magistrado de Justicia y Paz tomará una decisión de fondo frente a la petición de libertad bajo prueba de Mancuso.