Durante una década San Carlos condensó el horror del conflicto armado colombiano. Desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres fueron pan de cada día para los habitantes de este municipio en el oriente antioqueño. No es para menos, allí la presencia de las guerrillas de las FARC, del ELN, y los grupos paramilitares no dieron tregua y obligaron a miles de personas abandonar sus tierras y a buscar refugio en las grandes urbes. La lista de atrocidades perpetradas por los grupos al margen de la ley en el pueblo es larga. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron 170 víctimas de minas antipersona, 156 casos de desapariciones forzadas, cerca de 5.000 atentados a la infraestructura y 33 masacres en diez años. Estos hechos derivaron en el desplazamiento de más de 19.954 personas. El panorama se tornó desolador, pues de las 74 veredas con las que contaba el municipio, 30 fueron abandonadas en su totalidad y 20 de manera parcial. Incluso, la actual alcaldesa encarna el drama que vivieron los habitantes de San Carlos. Las intimidaciones de los grupos al margen de la ley obligaron a María Patricia Giraldo y a su familia a abandonar en 1998 el lugar donde habían nacido. Asediados por la violencia comenzaron una nueva vida en Medellín donde estudio Derecho. Graduada, volvió a su pueblo desde donde ha gestionado el retorno de miles de campesinos que como ella se vieron obligados a dejar sus tierras. Retorno El regreso ha sido paulatino. Luego de la desmovilización de los grupos paramilitares en el 2005 cerca de 40 desmovilizados optaron por quedarse en el pueblo. No solo para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, sino también en la historia de lo que los colombianos recordarán de San Carlos. Atrás quedaron los años de violencia, hoy el pueblo es ejemplo de la transformación reparadora que necesita el país en su busca de la tan anhelada paz. Hasta la fecha cerca de 14.300 personas han retornaron a San Carlos después de una década de violencia y muerte. Más de 4.000 personas han sido indemnizadas. Incluso, en un trabajo mancomunado con los desmovilizados se ha logrado exhumar los cuerpos de los desaparecidos. “Poco a poco se han cubierto sus necesidades básicas insatisfechas”, manifiesta María Patricia sobre el proceso de reintegración y socialización con los desmovilizados. Víctimas y victimarios construyen en el oriente antioqueño un futuro mejor. Desde hace un tiempo los cafetales y los maizales volvieron a crecer y los campesinos a recorrer sin miedo los caminos de las veredas que habían abandonado. Incluso, con 227 años de historia San Carlos es el primer municipio del país libre de la presencia de minas antipersona. El pasado 23 de julio de 2008. Aquel día, se registró la última víctima que tiene el municipio. Se trata de Fabián Olaya, conocido en el pueblo como el ‘Loco’. La explosión le cercenó la pierna izquierda “pero no pudo arrebatarle sus ganas de luchar”. Este fue el último episodio que lamentar, pues campesinos trabajando de la mano del Ejército Nacional destruyeron cerca de 600 minas que amenazaban la seguridad de los pobladores. Recuerdos San Carlos tiene su propio Monumento del Jardín de la Memoria. Los habitantes no solo se han dado a la tarea de saldar la deuda física sino también la psicológica. “Así recordamos a nuestras víctimas, se pasó por mucho dolor, pero también es símbolo de esperanza”, manifestó la alcaldesa. De la mano del Centro Nacional de Memoria Histórica en el pueblo se reconstruyó la historia del conflicto armando que quedo consignada en dos libros: “Nunca más contra nadie” y “San Carlos: memoria del éxodo de la guerra” ambos recogen los testimonios de los lugareños que exteriorizaron las intimidaciones y angustias y dejaron consignado para la historia cómo vivieron y resistieron la presencia de la guerra y los paramilitares. No solo los habitantes resurgieron entre las cenizas, sino que también el territorio. “Como lecciones aprendidas podemos decir que es determinante el liderazgo del mandatario local ante los pocos recursos de los municipios. Pero también, la reconstrucción de memoria histórica y el rol de la mujer pero no como un ejercicio de feminismo” dijo María Patricia durante el segundo día del evento sobre reintegración y reconciliación que citó a representantes de 20 países en el Eje Cafetero se centró en el tema territorial. Para la mandataria “San Carlos vive hoy lo que quiere el país. Vivimos hoy el posconflicto en medio de un país en conflicto gracias a que hemos entendido que en mano de los gobiernos locales está el desarrollo y la posibilidad de que este país salga adelante”. “El ideal es que no vaya más gente a la guerra”, expuso. La firma de un eventual acuerdo con las FARC dejarían miles de desmovilizados que intentarían regresar a la vida civil. Aun así, pese a que los diálogos en La Habana transitan por terrenos pantanosos, de acuerdo con la Agencia Colombiana para la reintegración en 860 de los 1100 municipios que tiene el país, hay reinsertados. Es decir, ha aumentado el número de guerrilleros que han dejado las filas. “En este camino de lecciones aprendidas nos hemos nutrido y retroalimentado con una institucionalidad más capaz y presente en el territorio. Hoy esta política se ha implementado en los 32 departamentos y el apalancamiento territorial es su gran fortaleza”, manifestó Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. De vuelta a la civilidad Pero, ¿qué tan difícil será regresar a los desmovilizados a la vida civil? El desafío es complejo pues uno de los factores determinantes para que el proceso cumpla con los estándares es que quienes dejen las armas no las vuelvan a empuñar y los desmovilizados son una de las fuentes principales de reclutamiento de los grupos criminales. De ahí la importancia del “territorio como el eje central de la reintegración”. Es decir, “es necesario adoptar las políticas de reconciliación a sus propias dinámicas”. Pues, finalmente el territorio es el escenario que materializará las posibilidades que tienen los desmovilizados para la reintegración. Allí deriva la importancia que tiene los Gobiernos locales en los procesos de reconciliación y reintegración. En ese sentido, cabe resaltar la transformación que sufrió San Carlos (Antioquia). Uno de los tantos casos que se abordó en el Encuentro Internacional sobre Reconciliación, Reintegración y Desarrollo Territorial que se realiza en la ciudad de Pereira desde el 20 hasta el 25 de abril. Su historia no solo refleja la lucha de la comunidad contra los grupos al margen de la ley, sino también el empoderamiento que hicieron los campesinos de las políticas públicas para recuperar su territorio. Las tomaron y las adoptaron a su contexto. Se trata de toda una búsqueda de oportunidades en medio de los procesos de reconciliación y reintegración por los que transitan uno de los pueblos que más padeció las adversidades del conflicto colombiano. Además del protagonismo que cobra la comunidad en la recuperación y construcción del territorio varias instituciones del Gobierno Nacional han trabajado de la mano para llevar sus programas a la comunidad. Un trabajo en sinergia que parece haber arrojado esperanzadores resultados. Se trata de la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC), la Unidad de Víctimas (UARIV), la Unidad de Consolidación Territorial (UACT), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Centro de Memoria Histórica (CNMH) y Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), cada cual desde sus directrices atendió las necesidades que tenía la población de San Carlos, que adelanta una especie de posconflicto en medio de las adversidades de la actualidad nacional. Sin embargo, la ejecución de estas políticas en los departamentos y municipios vuelve a quedar en la cuerda floja. Al igual que San Carlos las políticas de reintegración, inclusión y participación quedarán a prueba con las elecciones regionales que se adelantarán a lo largo y ancho del territorio nacional en el mes de octubre. En manos del electorado y de los candidatos está que no se conviertan en una amenaza para la continuidad de estos procesos.