Por hacer pactos para negar tratamientos y medicamentos a sus usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a 14 Empresas Promotoras de Salud (EPS) y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). Desde hacía varios meses la Superindustria investigaba las irregularidades en estas EPS que deberán pagar cada una la suma de 1.071 millones de pesos, “la máxima sanción posible”, según el ente de inspección y vigilancia. Las EPS afectadas con esta medida son Colmédica, hoy Aliansalud; Coomeva; Famisanar; Salud Total; SOS; Susalud, hoy EPS y Medicina Prepagada Sudamericana; Saludcoop; Cruzblanca; Cafesalud; Sánitas; Compensar, ahora Propensar; Comfenalco Antioquia; Comfenalco Valle; Humana Vivir. Según la Superintendencia, estas EPS organizaron un acuerdo “contrario a la libre competencia que tuvo como objeto restringir los servicios de salud, afectar la transparencia en el sector y definir de manera indirecta el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”. Además de la investigación de la Superintendencia de Industria, un estudio de la Universidad Nacional y del Ministerio de la Protección Social encontró sobrecostos en los servicios de salud que las EPS prestaron a sus afiliados. Entre el 2008 y el 2009, las EPS destinaron en un año 81.312 pesos más por afiliado. La cifra resultó toda una sorpresa, más cuando el Gobierno tiene en cuenta estos gastos anuales de las EPS para calcular el dinero que cada año le entregan a las aseguradoras por cada afiliado, así no usen el sistema. Estos sobrecostos, para los expertos, es una “presión” para elevar la UPC, por lo tanto los ingresos económicos de las EPS. El senador Jorge Enrique Robledo calificó en varias oportunidades este modelo como “perverso”, puesto que el margen de ganancia de las EPS es el excedente de esos recursos que anualmente les entrega el Gobierno, lo que, según Robledo, las incentiva a demorar o negar servicios. En la decisión también se multa a ACEMI. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la asociación sirvió como "instrumento de difusión y coordinación y haber actuado como partícipe del acuerdo contrario a la libre competencia”. También se ordena sanción a los representantes legales de las EPS, entre ellos Carlos Gustavo Palacino, exrepresentante legal de Saludcoop, y Juan Manuel Díaz-Granados, quien fue representante legal de ACEMI, “por haber ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas imputadas a las empresas investigadas”. La decisión de la Superindustria se conoció al tiempo de las críticas del expresidente César Gaviria, quien calificó de “torpes” las decisiones de la Superintendencia de Salud. Aseguró que se está generando desconfianza en las EPS y que en su momento se pudo haber evitado los malos manejos. EPS solicitarán revocatoriaA través de un comunicado, ACEMI informó que se pronunciarán cuando sean notificadas y conozcan la totalidad del contenido de la decisión. Asegura, además, que la verdaderas causas de la crisis de la salud son las “deficiencias de regulación (...) vigilancia y control”. Aseguran que harán uso de “los recursos legales disponibles para solicitar la revocatoria de la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, movidos por el convencimiento de que las evidencias demuestran que su actuación siempre se ha ajustado a la normas legales vigentes”. Reiteran que han sido objeto de acusaciones infundadas, cuando se les señala de haber supuestamente concertado mecanismos para limitar la prestación de servicios.