Desde hace varios meses se viene gestando un pleito de grandes proporciones entre dos reconocidos mandatarios del país. En medio de esa puja se encuentra un jugoso negocio de más de diez millones de dólares y el futuro de una reserva natural. Los protagonistas de semejante lío son la gobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Aunque ninguno de los dos tiene intereses directos sobre la disputa, en sus manos podría estar la solución pacífica del conflicto. El 'florero de Llorente' de este nuevo frente de batalla para Petro comenzó en febrero del 2012 cuando la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) licitó y ganó la convocatoria pública que hicieron Minminas y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para “garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el Eje cafetero”. En resumen, la obra consiste en la construcción de subestaciones y el tendido de casi 40 kilómetros en líneas de conducción con sus 83 torres, para darle mayor “confiabilidad” al sistema energético de la región. “Con este proyecto se puede garantizar la atención de la demanda de energía eléctrica de una manera segura y confiable, tanto para los usuarios residenciales como para sectores estratégicos en el desarrollo futuro de la región, entre otros la industria y el ecoturismo”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Hasta ahí la cosa iba bien, pero la estantería se vino al piso cuando organizaciones ambientalistas descubrieron que en ese trazado, los cables de energía y las torres atravesaban el corazón de una de las reservas naturales más emblemáticas y apreciadas, el parque natural Barbas–Bremen. Esa reserva tiene un área de 4.365 hectáreas y es rica en flora y fauna que comparte los departamentos de Quindío y Risaralda. La susceptibilidad de la comunidad aumentó cuando descubrieron que previo a la licitación de la UPME, se ambientó jurídicamente el proyecto cambiándole la categoría a esa reserva natural: de Parque Regional la modificaron por Distrito de Conservación de Suelos. Esa recategorización es objeto de serios cuestionamientos porque al parecer no se hizo cumpliendo los requisitos exigidos por la ley, la ejecutó la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), mediante el Acuerdo 033 del 29 de junio del 2011, es decir, siete meses antes de la licitación (Ver acuerdo). La importancia de cambiarle el nombre de Parque Regional por Distrito es que en el segundo se pueden desarrollar actividades de explotación y desarrollo, como el mismo trazado energético, entre otras obras. Pero allí no paran las presuntas irregularidades denunciadas con ese caso. Víctor Fernández, director de la organización ambiental Chinampa, que desde el 2011 viene advirtiendo las amenazas contra la reserva natural Barbas–Bremen, aseguró que pese a que la comunidad manifestó su oposición al otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto energético, durante una audiencia que se hizo en agosto del 2013 en Filandia, “dicha licencia fue expedida”. Por eso, desde cuando asumió su mandato en el 2012, la gobernadora Hurtado ha manifestado su rechazo frente a lo que ella considera un “atropello”. Y la semana pasada fue más allá del discurso, al protagonizar un acto de rebeldía cuando instaló su despacho en una de las zonas donde se llevan a cabo las obras del trazado energético. No sólo impidió que se desarrollaran los trabajos, sino que amenazó con militarizar el lugar si es necesario, “a mis conciudadanos, decirles que mi voz y aliento de lucha por la defensa de Bremen no menguarán, ¡tengo las botas puestas y llevo carpa! y si nos van a pasar por alto, estamos listos no sólo para militarizar… sino para acampar allí, en señal combativa de defensa y protección del medio ambiente, la vida y la dignidad de los quindianos”, gritó en un discurso emotivo. Criticó además el silencio del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “a quien le he escrito en dos oportunidades”, aseguró la gobernadora a este portal. También cuestionó la actitud permisiva de entidades nacionales como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), los Ministerios de Ambiente y Cultura, “ya que la reserva natural afectada hace parte del tres paisajes: el natural, el cafetero y el paisajístico”, explicó la señora Hurtado. Anunció que no quedarán con las manos cruzadas y para ello ya instauraron una acción popular, la cual es tramitada a través del Tribunal Administrativo del Quindío. Frente a semejante 'chicharrón', la EEB ha mantenido prudencia y la única manifestación pública fue a través de un comunicado donde aclaran cronológicamente el debido proceso y el cumplimiento de requisitos que han sorteado para desarrollar el proyecto que les adjudicaron. Pero advierten que ante las actuaciones realizadas por la gobernadora de Quindío, de obstruir e impedir el ingreso de personal técnico y contratista de la EEB en la vereda Hojas Anchas del municipio de Circasia, “la empresa está estudiando las acciones legales previstas en la normatividad vigente para determinar los pasos a seguir” (Ver comunicado). Mientras la EEB estudia esas acciones legales, el pasado 10 de octubre la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) suspendió las obras del proyecto UPME en algunas zonas de Quindío, hasta tanto se estudie la posibilidad de un nuevo trazado que no afecte la reserva natural. En medio de semejante tensión, se supo que mañana viernes 17 de octubre habrá una reunión en Quindío con funcionarios de la ANLA; el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, y directivos de la EEB. El proyecto de la UPME que ejecuta la EEB afecta a 165 predios rurales de Quindío y Risaralda y aunque el paisaje del Eje Cafetero fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 60 % del territorio quindiano tiene solicitudes de licencias para explotación minera. Por eso los habitantes de la región se preguntan con cierta malicia: ¿Qué industria buscan beneficiar con ese proyecto energético, en una zona cuya vocación es solo cafetera y turística?