Este miércoles, después de cuatro años y medio, el Juzgado Primero Especializado de Antioquia entregó su veredicto en el proceso contra el ganadero Santiago Uribe Vélez por la conformación y fomentación del grupo armado ilegal conocido como Los 12 Apóstoles: inocente.
En la decisión judicial no se aceptó la petición presentada por la Fiscalía General que en noviembre de 2019 pidió sentenciar a Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
Para el juzgado, no se logró demostrar la teoría del caso presentada por el ente investigador frente a la presunta participación del ganadero en la conformación de este grupo armado ilegal.
En la decisión, notificada a todas las partes, se aceptaron los argumentos de la Procuraduría General que señaló que no existían evidencias que vincularan a Santiago Uribe Vélez con el crimen del conductor del bus.
La defensa de las víctimas anunció que presentará el recurso de apelación en contra del fallo absolutorio ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El proceso contra Santiago Uribe Vélez
El primero de marzo de 2016, agentes del CTI capturaron en Medellín a Santiago Uribe Vélez. Rápidamente, desde varios sectores políticos se rechazó el operativo y la medida de aseguramiento emitida en contra del ganadero.
Personas cercanas al expresidente Uribe aseguraron que se trataba de una retaliación promovida por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre.
El ganadero fue acusado en junio de 2017 por presuntamente haber utilizado la finca La Carolina, ubicada en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, para crear, fomentar y expandir el mencionado grupo armado ilegal.
Este grupo armado contó –según resaltó la Fiscalía General durante todo el juicio– con financiamiento de hacendados y empresarios de la zona, así como de haberse aliado con agentes de la fuerza pública para exterminar a un grupo que calificaban como “indeseables”.
En esta lista aparecían drogadictos, habitantes de calle, expendedores de droga, trabajadoras sexuales, así como todo aquel que consideraran sospechoso de colaborar con las actividades ilegales de la guerrilla de las Farc y sus milicias.
Bajo esta premisa, se intentó realizar una especie de limpieza social en la región. En el escrito de acusación, presentado en junio de 2017, se advirtió que Santiago Uribe Vélez recibía información directa y de manera constante de los integrantes de este grupo armado ilegal al que se le señaló de tener responsabilidad en 300 asesinatos selectivos entre 1900 y 1994.
Igualmente, fue el encargado de liderar las reuniones con el coronel Pedro Manuel Benavides y el mayor Juan Carlos Meneses para juntar fuerzas y así atacar a los grupos armados subversivos que estaban afectando la región.
Santiago Uribe Vélez fue señalado de ser el determinador del crimen de Camilo Barrientos Durán, el conductor de un bus tipo escalera a quien señalaron de ser auxiliar de la guerrilla de las Farc y transportar víveres y armas a la estructura de dicho grupo subversivo que delinquía en la zona.
Por el crimen de Barrientos fue sentenciado en 2017 a 27 años de prisión el mayor en retiro Juan Carlos Meneses Quintero, quien en la década de los noventa fue comandante de Policía en Yarumal (Antioquia).
El oficial en retiro se convirtió en un testigo clave de la Fiscalía General en el juicio contra el ganadero antioqueño, citando las reuniones que sostuvo con Uribe Vélez y otros hacendados para conformar la “alianza criminal” entre la Policía y Los 12 Apóstoles.
El 15 de junio de 2018, un juez de Medellín ordenó la libertad de Santiago Uribe Vélez al considerar que la medida de aseguramiento emitida en su contra no se justificaba para esa etapa procesal.
Testigos falsos
Durante sus alegatos de conclusión, la Fiscalía General puso de presente el hecho de que varios de los testigos citados por la defensa del ganadero faltaron abierta y constantemente a la verdad.
En sus palabras, se presentó una “sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos que con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados”.
En este grupo se citaron al excomandante paramilitar Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, así como al mayor en retiro de la Policía, Juan Carlos Rodríguez, más conocido como Zeus, y quien recientemente fue abatido en un operativo de las Fuerzas Militares.
La Fiscalía General también señaló de faltar a la verdad a dos extrabajadores de la finca La Carolina identificados como Camilo Vásquez y Carlos Serna, así como al exalcalde del municipio de Santa Rosa de Osos, Álvaro Vásquez. Por estos hechos el fiscal pidió compulsar copias para que se investigaran.
Por su parte, la defensa de Santiago Uribe Vélez, liderada por el penalista Jaime Granados, también advirtió la existencia de falsos testigos. Entre estos, al mayor Meneses, a quien señaló de faltar a la verdad una y otra vez para conseguir beneficios judiciales. Así mismo, Eunicio Pineda, un trabajador de la finca El Buen Suceso, que estaba ubicada muy cerca de la hacienda La Carolina, y quien señaló ser testigo de las reuniones entre Santiago Uribe Vélez y Los 12 Apóstoles.
Sin embargo, con documento en mano, la defensa del acusado lo señaló de tener un cuadro de esquizofrenia, paranoia y distorsión de la realidad. Igualmente, señaló que en varias oportunidades ha entregado versiones contradictorias sobre los hechos narrados.
En el veredicto final, se aceptaron los argumentos presentados por el defensor y se les restó credibilidad a los testigos presentados por la Fiscalía General.