La Corte Constitucional acaba de escribir el nuevo capítulo de una pelea que ya se creía terminada. El fallo que tumba la delimitación del páramo de Santurbán reabre una de las discusiones ambientales más álgidas de la historia del país, y pone en un limbo el futuro del ecosistema que provee agua para 2,5 millones de personas. Más allá de la discusión jurídica sobre el contenido del fallo, este crea un interrogante sobre la seriedad de las reglas que pone el Estado tanto en la protección de sus recursos naturales como en la estabilidad que les ofrece a las empresas que quieren invertir en Colombia. Puede leer: Donde crecen los frailejonesLa sentencia de la corte, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, acogió una tutela de grupos ambientalistas que argumentaron que la delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente en 2014 violó sus derechos a la participación y al debido proceso. Por eso dejó sin efecto la medida de esa entidad y le dio un año para trazar una nueva línea “en el marco de un procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.Santurbán simboliza un pulso complejo, pero fundamental. Después de la ‘piñata’ de títulos mineros vivida durante unos años, el Estado les entregó a decenas de empresas la posibilidad de realizar exploraciones mineras en ecosistemas que deberían estar vetados para esa actividad: parques nacionales, páramos y humedales. Santurbán ilustró esa contradicción. Para 2010, la canadiense Greystar pensaba hacer un megaproyecto aurífero, y la posibilidad de que este dañara el lugar que surte de agua a 2,5 millones de habitantes de Santander volcó a la gente a las calles.Puede leer: "Vamos a implementar el fallo sobre Santurbán con todo el detalle posible": ministro de AmbienteEsa presión hizo que la empresa retirara la solicitud de licencia ambiental, reformulara el proyecto y posteriormente cambiara de dueño. También que el país viviera una discusión alrededor de hasta qué punto la locomotora minera podía sacrificar lugares estratégicos. Las Altas Cortes se pronunciaron y quedó en evidencia que la única forma de proteger los páramos era delimitarlos.El país comenzó a trazar la línea en la que comenzaban esos ecosistemas. Pero para llegar a ese mapa lo ambiental no podía ser el único factor. En los páramos hoy viven más de 300.000 colombianos. El caso de Santurbán es emblemático. El ecosistema reposa sobre dos municipios de tradición minera. Tanto, que se llaman Vetas y California. Allí sacarles el oro a las entrañas de la montaña constituye la única actividad económica. Después de cuatro años de discusiones, se llegó a un acuerdo que incluía variables ambientales, económicas y sociales. Y la corte acaba de tumbar esa delimitación del gobierno.La puja por Santurbán no terminó. Este 6 de octubre Bucaramanga volvió a marchar, esta vez contra el proyecto Soto Norte de la empresa árabe Minesa, que busca extraer 9 millones de onzas de oro en las inmediaciones de Santurbán. La empresa, que en septiembre solicitó la licencia ambiental a la Anla, publicó un comunicado en el que no se refiere al fallo, pero reitera que su proyecto se encuentra actualmente por fuera de los límites del páramo de Santurbán. Una realidad que podría cambiar con la nueva delimitación que exigió la corte. En contexto: Las claves de la decisión de la corte que tumba la delimitación de SanturbánEn términos políticos, el plazo trazado por la corte cayó en el peor momento posible. El proceso de delimitación coincidirá con uno de los años electorales más turbulentos de la historia reciente, y la suerte del páramo se convertirá en una bandera partidista que puede polarizar una decisión que debería ser técnica. Tampoco es seguro que un nuevo trazado redunde necesariamente en una mayor protección del páramo.Más que de una línea limítrofe, conservar los recursos naturales depende de instituciones ambientales fuertes, capaces de ejercer autoridad en los territorios, algo que no ha sido tradición en Colombia y que no lo será, por lo pronto, gracias a los recientes recortes presupuestales a ese sector. Con el agravante de que a Santurbán han llegado ocasionalmente grupos ilegales a extraer el oro que el pueblo no está en capacidad de controlar. De todos esos peligros, el país debe proteger ese lugar mientras vuelve a decidir su futuro.