En una habitación del Batallón Brigada 31 del Ejército Nacional en Mitú, Vaupés, el sargento viceprimero Wálter Alexánder Torres Gallego habría sometido violentamente a un soldado –de 18 años– para abusarlo sexualmente.
De acuerdo con la denuncia de la víctima, los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2022, período en el que habría sido agredido sexualmente por el hoy capturado, “quien aprovechó su posición dominante para, presuntamente, accederlo sexualmente”.
“Al parecer, Torres Gallego le ordenó a la víctima que ingresara en una habitación del Batallón Brigada 31 del Ejército y allí, presuntamente, lo habría sometido violentamente para posteriormente abusarlo”, indicó la Fiscalía General.
De acuerdo con el relato de la víctima, luego del presunto abuso sexual, habría seguido siendo acosado por el suboficial, citándolo en lugares apartados. “Un superior que se enteró de la situación habló con el soldado y lo invitó a denunciar ante la Fiscalía”.
Luego de valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario al sargento viceprimero.
El uniformado, por su presunta responsabilidad en los hechos, es señalado por los delitos de acceso carnal violento en concurso con acoso sexual.
Ejército se pronuncia sobre los hechos
“Este comando, para la vigencia 2022, cuando conoció de la denuncia por parte de la presunta víctima, inmediatamente prestó apoyo y asesoría para que esta fuera instaurada ante las autoridades; así mismo, remitió al soldado a un centro hospitalario para que recibiese atención médica por diferentes especialistas y, posteriormente, lo trasladó a Apiay para continuar con sus procesos de atención”, indicó el Ejército Nacional por medio de un comunicado.
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 1862 del 2017, el Comando inició la indagación disciplinaria correspondiente en contra del suboficial.
“Rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la integridad física, moral y psicológica de cualquier integrante del Ejército Nacional, y como política institucional seguiremos prestos a atender los requerimientos de las autoridades judiciales en el marco de la colaboración armónica y en cumplimiento de la ley”, enfatizó.
Cárcel para padre que abusó de su hija
En otro hecho aislado, la Fiscalía General logró que un juez de control de garantías de Barranquilla acogiera sus argumentos y privara de la libertad a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija de 13 años.
Los hechos por los que se investiga al procesado se registraron el pasado 14 de enero, cuando la menor habría sido abusada sexualmente por él. Asimismo, el pasado 23 de enero, este hombre, al parecer, hizo tocamientos a la víctima de 13 años.
La comunidad, tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, avisó a las autoridades, quienes reaccionaron y lograron capturar en flagrancia al indiciado.
El ente acusador imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, los cuales el procesado no aceptó y fue trasladado este 13 de febrero a la cárcel El Bosque, para que cumpla la medida de aseguramiento impuesta.
Condena por abuso de menor de edad
Otro repudiable hecho de abuso sexual contra una menor se presentó en el sur del país. Ocurrió en Inírida, en Guainía, contra una menor de 10 años. El despiadado padre golpeaba a su hija para luego violarla.
“Las investigaciones lograron establecer que el padre de la víctima, quien, para la fecha de los hechos tenía 10 años, aprovechó su posición de superioridad y se la llevaba para el río a pescar, pero en realidad lo que hacía era amarrarla a un árbol y le pagaba con palos para posteriormente accederla sexualmente”, detalló el informe de la Fiscalía General.
Los hechos se conocieron el 27 de abril de 2012 en el corregimiento La Guadalupe, en zona rural de Inírida, ya que el ICBF remitió el caso a la Fiscalía en Guainía.
Producto del incesto, la menor quedó en embarazo y dio a luz a una niña.
El pasado 8 de febrero, por solicitud de un fiscal de la Seccional Guainía-Vaupés, un juez condenó a la pena de 18 años de cárcel y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término; igualmente, libró orden de captura en su contra, ya que el condenado se encuentra prófugo de la justicia. La defensa, por su parte, apeló el fallo.
La comunidad destaca la ejemplar condena, pero pide que el responsable sea capturado para que pague por este reprochable caso.