La misiva, dirigida por el presidente ejecutivo de la entidad, Juan Martín Caicedo Ferrer, al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a su viceministro para las políticas de Defensa y Seguridad, Rafael Lara, hace un cruda radiografía del peligro inminente que corren millones de pasajeros por la decisión de la Policía de no prestar servicios en ocho aeropuertos del país, incluidos el José María Córdova, que sirve a Medellín, y el Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali.
Caicedo Ferrer es claro en señalar que, de acuerdo con la información aportada por los concesionarios afiliados a la CCI, “en la actualidad no existe presencia de la Policía o ha sido disminuida sustancialmente” en esos dos aeropuertos y en los de Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Santa Marta, Barrancabermeja y Riohacha, operados por la Concesión de Oriente.
La crisis estalló hacia el 10 de noviembre, cuando esa concesión y la Policía no llegaron a un acuerdo para renovar la presencia de los uniformados en los aeropuertos. La entidad aseguró en su momento, tal como lo reveló SEMANA en primicia, que no tenía las condiciones para mantener a los uniformados, mientras que Aeropuertos de Oriente le recordó que dentro de sus deberes constitucionales está la protección de la infraestructura estratégica del país.
En medio de esa discusión, los aeropuertos quedaron al garete y en manos de la seguridad privada que no tiene la potestad de adelantar funciones propias de la Policía. De hecho, tal y como lo confirmó en su momento la Aeronáutica Civil, en las terminales aéreas no hay garantías para por ejemplo, impedir que alguien introduzca un arma a un aeropuerto o a una aeronave. Inclusive, dos aerolíneas les advirtieron a sus tripulaciones sobre la grave situación y las pusieron en máxima alerta.
Con ese panorama, y ante la negativa de la Policía de ordenar el regreso de los oficiales, suboficiales y patrulleros, la CCI le explica al Ministro de Defensa las graves grietas de seguridad que hay en los ocho aeropuertos. En Medellín, por ejemplo, según la carta, “cuentan únicamente con efectivos de la Policía para el manejo de armerillo”.
En Cali, la situación es más crítica, pues según la CCI, aunque hay presencia de Policía Antinarcóticos “no cuentan con personal para el manejo de armerillo” y “las aerolíneas no están prestando el servicio de traslado de armas de fuego ni pasajeros en situaciones jurídicas.
En la práctica, eso quiere decir que miles de pasajeros están en riesgo, y que, por ejemplo, un preso que está siendo trasladado en un vuelo comercial no tendría vigilancia a bordo; en tierra la situación es igual de grave, pues en caso de una asonada al interior de un aeropuerto no hay quién responda.
De hecho, hace dos semanas, hubo un incidente en el aeropuerto de Santa Marta, cuando un grupo de vendedores ambulantes amenazó a la seguridad privada con machetes, cuando les pidieron que no comercializaran sus productos al interior de la terminal aérea.
Aunque la Policía. ha insistido en que sigue prestando servicio con los uniformados presentes en los cuadrantes que circundan los aeropuertos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, tal como ya lo hizo también en si momento la Aeronáutica Civil, le recuerda en la carta al ministro de Defensa que “la Policía Nacional tiene funciones constitucionales y legales encaminadas a la protección de los derechos fundamentales y a garantizar la convivencia pacífica, en todo el territorio nacional, incluida la infraestructura aeroportuaria”.
En el debate también terció hoy la Defensoría del Pueblo, que expresó su preocupación, especialmente demandando la seguridad personal de dignatarios y pasajeros e invitó al concesionario y a la Policía “para que implementen acciones urgentes para garantizar el ejercicio del trabajo de los esquemas de protección sin las limitaciones que ponen en riesgo la integridad y la vida de sus protegidos”.