A 600 metros de profundidad, el galeón San José está de nuevo en medio de una compleja tempestad. Cuando muchos pensaban que todo estaba listo para que sus vestigios y riquezas salieran a la superficie, el Gobierno dio un timonazo al proceso para llevarlo a un rumbo con destino final aún incierto. Como recuerda el país, el Gobierno anterior y la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerlnad AG (MAC), bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, hallaron los vestigios del San José en 2015. A partir de ese momento, las partes iniciaron un largo proceso para definir las condiciones científicas, técnicas y económicas para rescatarlo y conservarlo a través de una alianza público privada (APP). Las negociaciones duraron casi tres años, fueron duras y estuvieron a punto de romperse varias veces. Hasta que a inicios de 2018 arrancó el proceso cuyo plazo inicial vencía el 10 de agosto de 2018 a las cinco de la tarde. El rescate, más la construcción en Cartagena del gran museo y el laboratorio, fue estimado en 70 millones de dólares, incluidos los 6 millones que MAC gastó en buscar el galeón. De acuerdo con la APP, el Estado no pondría un solo peso y el contratista asumiría los riesgos.
Parte del equipo que lideró el hallazgo del San José en 2015, Mike Purcell, Ernesto Montenegro, Roger Doley y Gary Cozak, ya tienen listo todo para rescatarlo. En la APP en curso quedaron acordadas cuatro escalas para pagar los 70 millones de dólares, más una eventual ganancia. En los primeros 150 millones de dólares (unos 455.739 millones de pesos) MAC o quien haga la operación, recibirá el 45 por ciento de estos bienes y el Estado el resto. Entre 455.739 y 911.478 millones de pesos, el operador recibirá el 40 por ciento. Cuando lo rescatado oscile entre 911.478 millones y 1,5 billones de pesos, la empresa se quedará con el 10 por ciento. Y en adelante todo sería de la nación. Le puede interesar: Galeón San José nuevo lío con los ingleses Aunque se estima que los bienes no patrimoniales del San José podrían valer unos 1.000 millones de dólares, en la APP quedó estipulado que en caso de que con lo rescatado no se logre pagar los 70 millones de dólares, MAC asumiría las pérdidas. Sin embargo, el proceso se suspendió un par de veces a la espera de un concepto del Consejo de Estado y las elecciones presidenciales, por lo que la decisión final quedó en manos del nuevo Gobierno. Hace un par de semanas –tras muchas de espera– la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio luces sobre lo que quiere hacer la administración Duque con el San José, pero su posición dejó más dudas que respuestas. Ramírez advirtió que el San José “es un patrimonio arqueológico e histórico de nuestra nación y del mundo; y lo que allí se defina, marcará las pautas que se puedan aplicar a las más de mil embarcaciones sumergidas en los mares. Además de las riquezas, allí hay evidencias del pasado que deben ser preservadas… Y sin perjuicio de las posibilidades legales, discrepamos de cualquier posibilidad de venta, monetización o pago de estas especies hundidas y también descartamos cualquier posibilidad de su división. El hallazgo debe permanecer unido y exhibido para los colombianos y visitantes del mundo”. El punto fundamental para el Gobierno actual radica en que, como está planteada la APP, la empresa MAC recibiría como remuneración hasta el 45 por ciento de los bienes no patrimoniales de la nación (lingotes de oro, plata y posiblemente monedas), algo que hoy considera inadmisible. Tanto la Presidencia como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trataron de encontrar alguna fisura que les permitiera echar para atrás la licitación, tal y como lo confirmaron a SEMANA varias personas presentes en algunas reuniones. La licitación se cerraba a las 5:00 de la tarde del 18 de agosto, pero el Ministerio publicó su aplazamiento a las 5:02 en el Secop. Frente a la solidez del proceso, el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con MAC. De hecho, han tenido un par de reuniones. La empresa depende sí o sí del Estado para sacar adelante la operación de rescate del San José, y el Gobierno sabe que la empresa tiene argumentos legales para adelantar un proceso judicial. Le recomendamos: Como una victoria así recibieron en España la suspensión del rescate del galeón San José Sin embargo, un hecho podría limitar estas negociaciones e incluso llevarlas a una batalla, algo que tanto en el Gobierno como los que han seguido el proceso mencionan a sotto voce. El 10 de agosto de 2018, a las cinco de la tarde, vencía el plazo de la licitación para que el Gobierno recibiera las propuestas de otros interesados que quisieran disputarle a MAC el contrato de APP del San José. La controversia se centra en que la resolución con la que el Gobierno Duque aplazó por primera vez el proceso para adjudicar el contrato del San José, salió publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) a las 5:02 de la tarde, es decir, dos minutos después del plazo estipulado. Este error imperdonable obligaría al Gobierno a firmar la APP con los ingleses de MAC. En el Gobierno tienen otras opiniones y estudian alternativas. La resolución 2756 del 10 de agosto, firmada por Claudia Isabel Niño, secretaria jurídica del Ministerio de Cultura, plantea que: i) de no haber terceros interesados, el ministerio procederá a adjudicar el contrato al proponente originador; o ii) de haber terceros interesados en el proyecto en las condiciones pactadas, el ministerio abrirá un proceso de selección abreviada. Además de la vieja disputa con la Sea Search Armada y lo que se haga con MAC, el Gobierno español constituye el otro gran riesgo que tienen el San José y el patrimonio del país. España se ha mantenido en que todos los barcos hundidos en los mares pertenecen a su patrimonio, por ser buques militares. Además la Convención del Mar y la Unesco respaldan esa posición. Como Colombia no ha firmado la Convención ni acata las directrices de la Unesco en esta materia, España ha tratado de sumar casos internacionales ya resueltos en su favor. Uno de los más famosos, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. La empresa cazatesoros Odyssey Marine sacó de ese naufragio, en aguas internacionales frente a Cádiz, unas 590.000 monedas de plata y oro y se las llevó a Estados Unidos. Tras una larga causa, en 2012 la Corte Suprema de ese país ordenó devolverle a España las 17 toneladas de metales. La administración Santos nunca aceptó la posibilidad de que España tuviera la propiedad del San José ni de muchas otras embarcaciones. Sin embargo, ahora, algunos especulan que ese reino, aprovechando el cambio de Gobierno y la cercanía de figuras del nuevo con la derecha española, estaría dispuesto a financiar parcial o totalmente el rescate del San José. Pero no está claro si quiere parte del galeón o sentar una nueva estrategia aplicable a los demás casos pendientes. Puede leer: Cómo salvar el tesoro que guarda el naufragado Galeón San José En todo caso, mientras Colombia con el contrato de MAC tendría la posibilidad de ponerse a la vanguardia en la arqueología submarina, España no cuenta ni con el conocimiento ni la capacidad científica para hacer una operación de esas características a 600 metros de profundidad. Para un reconocido investigador al tanto de este proceso, “así los españoles digan que les importa su patrimonio, solo quieren el tesoro. Históricamente, el barco más importante para España es la Santísima Trinidad, llamado ‘El Escorial de los mares’ por ser la embarcación más grande y mejor armada hundida en la batalla de Trafalgar. Todo el mundo sabe dónde está, pero como no tiene grandes tesoros, España no ha hecho nada por rescatarlo. Y, si está tan preocupada por mantener la unidad del patrimonio, ¿por qué no empieza por devolver el tesoro Quimbaya y demás patrimonio colombiano que tiene en su poder?”. A estas dificultades se suma la decisión tomada el martes por la polémica Sala Octava Civil-familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Allí revivió un viejo fallo que había ordenado embargar la mitad de lo que se rescate del navío que la empresa cazatesoros Sea Search Armada había denunciado en 1982, según ella el San José. Eso promete enturbiar más el asunto, pues quieren alegar que el galeón está en la zona que ellos denunciaron en su momento. Al igual que otros gobiernos, el de Duque debe llevar el asunto del San José con prudencia, sigilo, contundencia y rumbo claro. Porque de lo contrario, podría correr la misma suerte que el general José Fernández de Santillán, capitán del galeón, quien el 2 de febrero de 1708 pensó que había la suficiente seguridad para zarpar de Cartagena. No imaginaba que poco tiempo después la embarcación reposaría 600 metros abajo, en el fondo del mar.