El 18 de junio del 2007, cerca al municipio El Charco, en Nariño, pasó a la historia, luego de conocerse un lamentable hecho; el país amanecía con la noticia de la masacre de los 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que habían sido secuestrados cuando se encontraban en la Asamblea, el 11 de abril del 2002 sobre las 11 a.m., hecho del que únicamente sobrevivió una persona, Sigifredo López.

Ahora, en el 2022, cuando se cumplen 15 años después de saber que, aquellos por los que se habían entregado lo que las -entonces- FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) habían pedido, con la única esperanza de verlos “liberados” y con vida, habían sido víctimas de una guerra que azotó a un país trabajador y con ganas de salir adelante.

Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edinson Pérez, Héctor Arizmendi, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán, Nacianceno Orozco y Javier Giraldo, fueron asesinados a manos de las extintas Farc. Y luego de haber anunciado su muerte, esa guerrilla dilató la entrega de los cuerpos de los diputados durante casi tres meses.

Finalmente, los cadáveres fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y el entonces ministro, Álvaro Leyva, el 8 de septiembre de 2007.

En su momento, esa guerrilla afirmó: “Nos sumamos a las voces de condolencia para los familiares y amigos de los diputados por la infausta pérdida de sus seres queridos”. Lo que claramente sonó hipócrita, luego de tantos crímenes cometidos.

Y aseguraron, además, en un comunicado emitido nueve días después de la masacre, que los 11 diputados secuestrados habían muerto “en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”.

Sin embargo, meses después, el análisis de peritos de medicina legal y la información contenida en el computador del abatido jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ demostraron que los asambleístas fueron ajusticiados con tiros de gracia y su muerte no fue producto del fuego cruzado.

Entre tanto, Sigifredo López, y los 11 diputados estaban en la lista de personas con las que ese grupo armado buscaba canjear por guerrilleros presos en cárceles del país y del exterior. Posteriormente, luego de ser liberado el 5 de febrero de 2009, afirmó que no murió como sus otros compañeros porque no estaba en ese momento en el campamento guerrillero en donde sucedieron los hechos.

En diciembre del 2016, en medio de una reunión en símbolo de “perdón y reconciliación”, los miembros de las Farc reconocieron ante las familias de los diputados, que habían cometido una “injusticia” con el secuestro de los 12 diputados y el asesinato de 11 de ellos. “Cometimos una grave injusticia con ustedes al asesinar a sus seres queridos”, dijo el entonces comandante guerrillero Pablo Catatumbo, quien agregó que “nunca fue una acción intencionada, porque no teníamos nada en contra de los diputados”.

De otro lado, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) prepara actualmente (2022) una audiencia para los próximos días en las que serán escuchadas varias víctimas de secuestro y familiares de los mismos. SEMANA conoció una queja, un memorial que llegó a los despachos del tribunal de justicia transicional en el cual los familiares de los diputados señalan que los dejaron por fuera de la audiencia.

Vale la pena recordar un fragmento de la sentida carta de Daniela Narváez Perdomo, hija de Juan Carlos Narváez, víctima de esta dolorosa masacre; la joven con 17 años -en ese momento (2016)- escribió unas palabras describiendo cómo fue crecer sin un padre a causa de la guerra.

“Para mí no iba a ser fácil salir adelante, no iba a ser fácil perdonar, pero debía hacerlo, debía sanar; porque sabía que era la única forma de hacer que mi padre se sintiera orgulloso de mí, era la única forma de ser realmente feliz. Hoy en día sigo luchando con todos esos recuerdos, con todos esos sentimientos, por eso decidí contar mi historia, decidí escribirla”.