El homicidio del abogado Javier Ordóñez, ocurrido el 8 de septiembre de 2020, a manos de agentes de la Policía Nacional, en el noroccidente Bogotá, fue el detonante de una ola de indignación y protestas en todo el país. El suceso fue registrado en videos caseros en los cuales se apreciaba a dos patrulleros deteniendo violentamente a un hombre, sobre el piso.
La circulación de tales videos, primero en redes sociales y luego en los principales medios del país, produjo reacciones de consternación en la ciudadanía, con el agravante de que en los meses previos, ya se habían presentando presuntos actos de brutalidad policial, los cuales habían alertado a la opinión pública nacional.
Inicialmente, un grupo de personas llegó a protestar de manera pacífica a los alrededores del CAI de Villa Luz en Bogotá, lugar donde fue llevado Javier Ordóñez, después de haber recibido choques eléctricos con pistola taser por parte de dos policías. En ese momento, las autoridades reportaron que los desmanes dejaron 50 civiles y 30 policías lesionados.
Las manifestaciones inicialmente se presentaron pacíficas, pero luego algunas derivaron en protestas violentas o vandálicas con disturbios, saqueos de comercios, robos a conductores y otros actos, como la destrucción de mobiliario urbano o propiedad pública, incendio de autobuses de TransMilenio, e incluso, destrucción de decenas de estaciones de policía ubicadas en los barrios de Bogotá.
Por el asesinato de Javier Ordóñez solo hay un sentenciado, el patrullero Juan Camilo Lloreda, quien se comprometió, en el preacuerdo firmado con la Fiscalía, a pedirle perdón al país. Así quedó consignado en la sustentación que hizo el fiscal del caso en la audiencia, donde Juan Camilo Lloreda acepta su responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravada, y que le otorgó una pena de 20 años de prisión. El uniformado está purgando en la penitenciaría de la Policía en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.
En abril pasado, la representación de víctimas en este proceso, de la familia de Javier Ordóñez, explicó en SEMANA los alcances de esa negociación y qué contiene el preacuerdo entre la Fiscalía y el patrullero Lloreda, al tomar la determinación de aceptar los cargos por homicidio agravado y tortura.
Como parte de la reparación a las víctimas y que se pactó entre las partes que integran este proceso, no solo se incluyó la aceptación de cargos de Lloreda, también deberá comprometerse a colaborar con la justicia y participar de un acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público al país, a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía como institución.
El abogado de la familia Ordóñez, Vadhir Gómez, dijo que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.
Según el abogado, el objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio. “Llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas “, afirmó Gómez.
Tras aceptar su responsabilidad, el juez aprobó el preacuerdo y fijó los beneficios del patrullero Juan Camilo Lloreda. En síntesis incluirían una pena de 20 años de prisión, una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes y además una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo monto de la pena; todo a cambio de ese reconocimiento y como forma de terminación anticipada del proceso.
Por su parte, el otro patrullero involucrado en el asesinato de Ordóñez, Harvey Rodríguez, no aceptó cargos y su caso llegará a un escenario de juicio, en la que la Fiscalía espera obtener una condena en contra del uniformado