Los presuntos señalamientos del presidente Gustavo Petro contra las decisiones de la justicia, en especial contra el Consejo de Estado, que sacó de la presidencia y del Senado mismo a Roy Barreras, sumado el escándalo generado por el abuso de autoridad que se habría configurado por su jefe de Gabinete, Laura Sarabia, al ordenar el traslado, interrogatorio y uso de polígrafo en un edificio adscrito a la Presidencia, generó un nuevo y muy fuerte enfrentamiento con el fiscal general, Francisco Barbosa.
“Es otra ofensa más contra la Rama Judicial del poder público. Es una vergüenza que un presidente de la República actúe de esa manera, no está siendo digno de su cargo, en el marco de lo que le debe corresponder a un jefe de Estado que es respetar la Constitución que juró respetar. No estamos diciendo más ni estamos diciendo menos de lo que corresponde”, fue la enfática y contundente declaración de Barbosa al respaldar al Consejo de Estado en sus decisiones.
La declaración del fiscal no solo llama al orden a los funcionarios que, de forma autónoma y sin consultar a la Fiscalía, hicieron labores judiciales sin autorización o sin tener la facultad legal, además, se convierte en una férrea defensa a la Rama Judicial en medio de la cual incluso recordó señalamientos como cuando el presidente Petro afirmó que era el jefe del fiscal, y otra más reciente, cuando planteó crear otra jurisdicción paralela para asuntos agrarios.
Por eso, y haciendo énfasis en el respeto a la Constitución, advirtió precisamente que con la nueva carta se buscaba “abolir las prácticas que ocurrían cuando antes de la Constitución de 1991 se utilizaban ejecutivos que pretendían fungir de jueces e investigadores generando conductas anómalas en un Estado de Derecho, Colombia no es el mismo país de hace 70 años. No me queda más que decir en este caso que me parece que es una grotesca expresión ofensiva y repudiable del presidente de la República y lo único que uno pide es que se comporte”.
El fiscal fue más allá y advirtió, frente a los que ha considerado ataques de parte del presidente Petro, que “no es atacando la tridivisión de poderes en Colombia, no es atacando la democracia en Colombia. Yo dije que va a llegar un momento en el que se queden sin elementos y van a decir que las instituciones no les sirvieron y que requieren una constituyente. Lo que no puede pasar es que se ataquen las instituciones, no se fortalezcan las instituciones, un jefe de Estado une al país, no divide al país”.
El caso Sarabia y su exniñera
En este tema el fiscal Barbosa fue claro y puso sobre la mesa argumentos frente a la eventual irregularidad, “en primer lugar el polígrafo no es ninguna prueba judicial ni puede ser usado en el país para sacarle la verdad a nadie ni para fines de ningún tipo. Judicialmente eso no está en la regulación colombiana”.
Pero el principal y más claro argumento es que “la única entidad que investiga en Colombia se llama la Fiscalía General de la Nación. La policía judicial debe estar bajo la dirección exclusiva de la Fiscalía, luego cualquier actividad judicial debe estar atada al fiscal que lleve el caso”.
Sobre este escándalo también tomó la palabra la vicefiscal Martha Marcera, quien dejó ver las posibles irregularidades en el comportamiento de los funcionarios de Casa de Nariño al explicar que a “la policía judicial la dirige el fiscal general de la Nación y, en su defecto, dentro de cada una de las investigaciones, los fiscales a cargo”.
Agregó: “¿Esto qué quiere decir? Que si en el componente de seguridad que está en el Palacio de Nariño o dentro de los esquemas que tengan policía judicial estos solo podrán actuar en dos situaciones: la primera, en actos urgentes; y la segunda, por orden de los fiscales con un programa metodológico”.
De este modo, y frente a la posición de la Presidencia de la República, que en un comunicado publicado el fin de semana afirmó que todo lo que había ocurrido con la niñera Marelbys Meza estaba ajustado a la norma y a los protocolos de seguridad, quedó claro que sí se pudieron cometer graves irregularidades.
Por eso el fiscal Barbosa fue radical frente a las declaraciones que han venido dando altos funcionarios como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien señaló que “El polígrafo no es una prueba, eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para algo que se adelante posteriormente de investigación y, sobre todo, tiene que ver con la confiabilidad que reportan las personas”.
“Sobre las apreciaciones de los ministros, ellos son funcionarios administrativos que no tienen incidencia en los procesos que se adelantan en la Fiscalía y, por ende, son simple y llanamente opiniones que no tienen validez a luz de lo que se está desarrollando en la Fiscalía y que prontamente tendrá unos desarrollos que el país conocerá en próximos días”, dijo el fiscal Barbosa.