Edwin Fernando Jiménez Robayo, con orden de captura por el delito de actos sexual con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, se entregó a la Policía Nacional, según conoció SEMANA en exclusiva. El hombre llegó porque su mamá le pidió que hiciera presencia ante las autoridades.
Esto se dio el 27 de septiembre, 12 días después de que el presidente de la República Iván Duque reveló el cartel de los hombres más buscados en Colombia por cometer delitos sexuales contra niños.
En la imagen se puede apreciar a 18 personas, 17 de las cuales son hombres y una mujer, por las cuales las autoridades están ofreciendo hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que pueda dar con el paradero de los sindicados.
Jiménez Robayo, que tenía circular azul de Interpol, presenta antecedentes por acceso y actos sexuales abusivos en contra de varias menores de edad. La última denuncia la instaura un familiar, al notar que su hija, menor de 12 años, estaba siendo víctima de este hombre que según las pruebas recopiladas estaría acosándola con fotos y videos con contenido sexual explícito.
En medio de la investigación adelantada, se conocieron testimonios de otras menores que indicarían que también fueron presuntamente vulneradas por él. Tras conocer que él era uno de los más buscados, la misma madre de Jiménez intervino, buscando justicia y que se conozca si en realidad él es o no culpable.
La madre de Jiménez es la que sirve de mediadora ante las autoridades en Girardot y establece el lugar para la entrega en Soacha. Él llegó al punto establecido y se presentó ante los uniformados de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía y dijo: “Vengo a ser mi entrega voluntariamente, ya que soy unos de los hombres más buscados en Colombia, de los 18 violadores que hay en Colombia” y seguido a esto aclaró que es inocente de los delitos que le indilgan.
“Primero, yo no soy ningún violador y no le estaba corriendo a las autoridades. Estaba en cetros de rehabilitación donde me estaba recuperando por toda la droga que tengo en mi cuerpo y por causa de eso es que vengo a decirles que no me les estaba escondiendo”, señaló Jiménez antes de ser trasladado por las autoridades a su lugar de detención donde inicia el proceso judicial para determinar o no su culpabilidad. Las autoridades presentarán ante un juez el material probatorio correspondiente para argumentar su acusación.
El coronel John Alzate, director de Protección y Servicios Especiales, recordó que “existe una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los agresores sexuales restantes. Nuestros esfuerzos continúan hasta dar con la captura de estos abusadores y para esto la colaboración de la ciudadanía es indispensable para lograr su éxito”.
A la fecha, de las 18 personas que fueron publicas en el cartel ya se han logrado ubicar 6 de ellas. La mayoría se han entregado a las autoridades mientras que uno de ellos fue capturado en Villavicencio, Meta. Es impórtate recalcar que una vez sean declarados culpables en juicio, estas personas no tendrán beneficios debido a que los delitos contra los menores son castigados sin indultos.
Entre los casos más relevantes que se han registrado, según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional están:
El de un hombre que le pagaba a una niña la suma de cinco mil pesos a cambio de servicios sexuales, hechos que venían presentándose hace un año.
Muchos de los casos se conocen a través de las denuncias que llegan a los planteles educativos como en un colegio de Bogotá que recibió una carta anónima donde estudian las niñas de 12 y 8 años de edad, que presuntamente están siendo víctimas de actos sexuales por parte de su tío, quien realiza tocamientos a sus partes íntimas, les enseña su miembro masculino y las incita a que le hagan sexo oral.
Sin embargo, lamentablemente en algunas instituciones educativas también hay docentes que vulneran los derechos de los niños, como sucedió en un plantel educativo en Antioquia, donde un docente fue ubicado con dos antecedentes judiciales por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, por presuntas conductas sexuales con sus estudiantes.
Hechos similares se registraron en Putumayo, donde según las autoridades el profesor Libar Ropero Mandón cometía actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento. “Este señor aprovechaba su condición de docente para manosear a sus víctimas, utilizaba como mecanismo las notas para manipular a las menores de edad, quienes debían complacer sus deseos sexuales para no verse afectadas académicamente”, dicen los informes.
Castigos para violadores y asesinos de niños
Este 2 de septiembre se conoció la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley de cadena perpetua para violadores, abusadores y maltratadores de menores de edad, la cual fue considerada “inconstitucional” con 6 votos en contra y 3 a favor.
El principal argumento del Alto Tribunal, expuesto en la ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo, fue que la reforma va en contra de la dignidad humana de los agresores. Igualmente, casi que en el mismo momento en que el proyecto fue aprobado en el Congreso, la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma inició con la llegada de ocho demandas que reclamaban tumbar esta iniciativa aprobada en julio.
SEMANA habló con el penalista Francisco Bernate, quien señaló que la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se hace a través de una ley como la mencionada. “Realmente, la garantía de esos derechos no es a través de establecer una sanción como la prisión perpetua o este tipo de situaciones, sino –realmente– de establecer el acceso a la educación, al saneamiento básico, a la salud y a coberturas de comisarías de familias”, dijo.
Agregó que el trabajo que hay que hacer es “fortalecer realmente el entorno protector de los niños; esa es la medida eficiente, no establecer medidas populares como esta, que claramente son improcedentes”.