No para en el país la controversia por la derogación del Decreto 1844 de 2018 del gobierno del presidente Iván Duque, y que tumbó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el Gobierno Duque, había que darle dientes a la Policía para combatir el microtráfico y una de las maneras era prohibiendo la tenencia o porte de sustancias alucinógenas como la marihuana y la cocaína como se hizo en 1844.
Pero para el gobierno del presidente Gustavo Petro, este decreto criminalizaba al consumidor de estupefacientes, porque permitía que la Policía destruyera la sustancia que podría ser considerada como dosis mínima y se impusiera una multa.
El general en retiro Pablo Criollo, quien fue jefe jurídico de la Policía cuando se expidió el Decreto 1844, explicó que el objetivo de la medida consistía en combatir a las redes de microtráfico del país dedicadas a la venta al menudeo de drogas.
“Cuando se encontraba a la persona con estupefacientes se comenzaba un proceso verbal e inmediato, donde se hacía una verificación para determinar si estaba amparado el consumidor en el marco de la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento o en una dosis medicada y obviamente se tomaba la decisión”.
De acuerdo con el general Criollo, al tumbar el Decreto 1844, los jíbaros sacarán ventaja porque ahora el Policía no puede realizar ese proceso verbal inmediato, en donde determinaban si destruían el estupefaciente, si se establecía que estaba violando los tres requisitos para su porte o tenencia (dosis mínima, aprovisionamiento o medicado).
Agregó que “si el poseedor con vigencia del Decreto 1844 no justificaba la tenencia del estupefaciente, la primera medida que se tomaba era la destrucción de esa sustancia, la otra medida era imponer una multa tipo 1 o 2 del Código de Policía la cual se conmutaba por trabajo comunitario o participación en trabajos pedagógicos”.
Con el nuevo escenario planteado por el actual gobierno, según el general Criollo, el rol del policía sí cambia y queda limitado. De acuerdo con el oficial retirado, si antes un ciudadano llamaba a la Policía porque había alguien consumiendo estupefacientes en un parque frente a niños, el uniformado aplicaba lo dicho en el decreto y hacía el proceso verbal e inmediato, pero ahora el Policía no puede hacer nada.
“Si acá hubiera una política clara de salud pública uno diría que el impacto de la derogación del decreto no sería tan fuerte desde el punto de vista de la solidaridad social, pero como no hay una política pública de consumo, no tenemos los policías los mecanismos para seguir actuando y esto le está generando un ambiente de facilitación a los jíbaros, porque sabemos que ellos llevan pequeñas cantidades favoreciendo la venta al menudeo del estupefaciente”, añadió.
Agregó que en este momento, con la nueva medida del presidente Gustavo Petro, los consumidores de estupefacientes lo podrán hacen sin ningún problema en los parques y colegios, ante la mirada de menores de edad y sin que el policía pueda tomar alguna acción para impedirlo. “En este momento como queda, la persona podrá consumir violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estén en un parque”, explicó.