La Corte Constitucional discutirá este jueves una ponencia clave que podría ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad, creada en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana y que, por ahora, va hasta noviembre. En este caso, la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez estaría a favor de extender dicho periodo.
En la ponencia, se considera que están los elementos y condiciones dadas para que se permita operar a la Comisión hasta el año 2022. Y es que fue justamente eso lo que pidió su presidente el padre Francisco de Roux.
Fue en agosto, señaló que es necesario prolongar el tiempo en el que la Comisión funciona: “Para satisfacer el derecho a ser escuchadas del mayor número posible de víctimas y para contribuir a la comprensión de la verdad sobre el conflicto armado que quiere la sociedad, con el fin de poder avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde nuestras diferencias. Es muy importante que la Comisión pueda cumplir a cabalidad su tarea”.
En una carta, dirigida a la Corte Constitucional, De Roux deja claro que “de lo contrario (es decir en caso de negarse la extensión) el aporte sustancial del sistema integral para la paz, que es central en la Constitución, quedaría incompleto”.
El Alto Tribunal ya tiene varios conceptos en su poder. Hace pocas semanas, por ejemplo, la procuradora Margarita Cabello Blanco, en un concepto remitido a la Corte Constitucional, pidió en ese mismo sentido ampliar en siete meses el periodo de vigencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), a fin de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El argumento de la procuradora Cabello es que “las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia ocasionada por la covid-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la CEV en las regiones. En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”.
A juicio de la procuradora, “las garantías de verdad y no repetición de las víctimas no son aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino mandatos que son parte integral del ordenamiento superior, que se ven reforzados por el deber de cumplir, de buena fe, con lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Otras voces se han opuesto. Por ejemplo, en el Centro Democrático no cayó para nada bien la solicitud que presentó el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, a la Corte Constitucional para extender su periodo por unos meses más. La petición se radicó porque la vigencia es de tres años, según lo firmado en La Habana (Cuba), y terminará en noviembre de este año.
Por esa razón, el senador Ernesto Macías criticó fuertemente al padre De Roux al considerar que la petición que presentó no tiene sustento alguno y que el informe final deberán presentantes antes de acabar 2021. “La “Comisión de la Verdad” ha tenido más del tiempo suficiente para cumplir su misión, pero el sesgo ideológico de quienes la conforman no permitirá conocer la verdad que esperan las víctimas. Esa Comisión debe entregar el informe final, sin dilaciones ni prórrogas”.
El Consejo de Estado también entregó un concepto en el que se ratifica que la entidad presidida por Francisco de Roux tiene una duración de tres años para la elaboración del informe final y un mes para la publicación del mismo. Así las cosas, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.