El Ministerio del Interior, liderado por Daniel Palacios, presentó en el Senado de la República el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que busca fortalecerla.

Según explica Palacios, con este nuevo proyecto se agravarán conductas penales, como el hurto y la violencia contra miembros de la Fuerza Pública, con la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros.

Además busca penas de cárcel efectivas para hurto a personas, medida de aseguramiento intramural para delitos con armas, sanciones ejemplares para daño en bien ajeno y sobre todo endurecer la pena a quien agreda o asesine a un miembro de la fuerza pública.

Sin embargo una duda llegó cuando se habló del tema de la legítima defensa que tiene un ciudadano cuando se ve afectado por la inseguridad. El caso concreto, cuando un ladrón ingrese a su propiedad. El ministro del Interior respondió al interrogante en entrevista con Blu Radio.

“La legítima defensa ya está establecida en el Código Penal. Lo que establece el proyecto es un test de proporcionalidad que debe hacer el juez para valorar si la persona, cuando hizo el ejercicio de la defensa legítima, lo hizo proporcionalmente con el riesgo, la inminencia, de lo que venía en contra de su integridad física”, dijo Palacios.

Eso sí dejó claro que no se está haciendo un llamado a la comunidad para armarse y usar este proyecto de ley para justificar la fuerza letal como defensa legítima.

“Si la llega a utilizar se presume la legalidad. No estamos diciéndole a la gente que la use, pero sí al ratero que no se meta en la casa de la gente. Quien irrumpe en su hogar es el que está cometiendo el delito”, afirmó el funcionario.

Agregó que quien está cometiendo el verdadero delito es el supuesto ladrón y no el ciudadano que defiende su propiedad.

“Cuando alguien penetra en su propiedad privada, usted tiene derecho a defenderse [...]. Cuando usted está en su casa, está en un estado de indefensión y es en donde se tiene una expectativa clara de seguridad. No se puede pretender que uno va a salir a preguntarle al delincuente si está armado o no. Solamente con que la persona haya entrado ilegalmente a su casa, no solamente está violando la propiedad privada, sino que está poniendo en riesgo a quienes la habitan”, dijo el ministro.

De llegar a pasar en el Congreso, las penas para los delincuentes ahora alcanzarían hasta los cincuenta años de cárcel si los delitos son cometidos con fines terroristas, contra funcionarios públicos, periodistas y defensores de derechos humanos. Si los atentados van dirigidos a niños menores de 14 años o mujeres, la pena se aumentará el doble y cuando sea contra integrantes de la Fuerza Pública la pena se incrementará en dos terceras partes.

Pero no solo todo va relacionado a las armas de fuego. También el porte de armas blancas sería un punto importante dentro del proyecto debido a los crímenes que se cometen con esta herramienta letal.

“Hoy tenemos claro que 21 % de los homicidios en Colombia son producto de riñas, de situaciones de intolerancia, y 19 % de los homicidios producto de arma blanca, por eso es tan importante la prohibición del porte del arma blanca”, explicó el ministro, quien continuó diciendo que buscan el compromiso de los mandatarios locales y del Gobierno nacional para poder fortalecer la capacidad de llevar a los delincuentes a la cárcel y de tener medida intramural.