En la tarde de este viernes 24 de diciembre se presentó un incendio en una edificación residencial en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.
De acuerdo con la información de los vecinos del sector y de la misma unidad residencial, en el piso 22 de la torre 7 de este conjunto de apartamentos se presentó un cortocircuito como consecuencia de un cargador que dejaron conectado a una toma de corriente.
De momento, no hay un reporte oficial sobre los daños materiales de la vivienda o la infraestructura donde se originó el incendio. Sin embargo, se conoce que no hay heridos ni víctimas mortales tras las llamas.
Al lugar de los hechos llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos para atender la emergencia y controlar las llamas. Se espera que el organismo identifiqué los daños causados por el fuego, así como también por el agua y los químicos para extinguir las llamas.
Tragedia en Antioquia
Gustavo Orozco Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Perucho de Andes, Antioquia, fue asesinado en las últimas horas mientras rezaba la novena con familias de la comunidad.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra Orozco Ramírez, de 58 años, cuando finalizaba la Novena de Aguinaldos. Hasta el momento se desconoce el paradero e identidad de los homicidas.
“Nosotros como líderes rechazamos este homicidio. Hemos realizado algunas recomendaciones al Gobierno Nacional y departamental para que garanticen la labor de la defensa de los derechos humanos. Sentimos un abandono por parte del estado colombiano”, Óscar Yesid Zapata, perteneciente del proceso social de garantías a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Antioquia.
De acuerdo con las autoridades, en esa zona del suroeste antioqueño hay fuerte presencia del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN quienes mantienen su lucha por el control del territorio y el paso de la droga.
Con este homicidio ya son 24 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia durante 2021, de acuerdo con información del Observatorio de Derechos Humanos de la fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad.
Por otro lado, en lo corrido del año se han reportado amenazas a 17 líderes sociales del municipio de Dosquebradas, 10 en Pereira y tres en otros municipios de Risaralda.
Las amenazas se han realizado por medio de llamadas, mensajes de texto, panfletos y visitas, según señalan las víctimas. Los líderes sociales suelen hacer denuncias relacionadas con problemas de las comunidades como disputa de territorios entre bandas delincuenciales y protección del medioambiente.
Jaime Gutiérrez, un reconocido líder social de Risaralda, afirmó que estas intimidaciones provienen de actores armados al margen de la ley y que durante esta época de campaña política las amenazas pueden venir de algunos integrantes de movimientos políticos, aunque no se pueda comprobar.
Debido a esto, los líderes comunales y sociales del departamento están solicitando a las autoridades realizar mejoras y acelerar los procesos de atención a quienes han sido blanco de amenazas con el fin de evitar desenlaces mortales como los que ya se han registrado en la región.
La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo reporte de conductas que vulneran los derechos contra líderes sociales durante el primer semestre de 2021, que deja ver la situación penosa que afrontan en todo el país. En los primeros seis meses del año, la entidad registró el asesinato de 78 personas que se dedicaban a trabajar por sus comunidades.
“Como Estado debemos redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ante la crudeza del informe.
El documento revela que los departamentos con mayor número de homicidios registrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son: Antioquia (17 casos), Valle del Cauca (12), Cauca (9), Nariño (6) y Chocó (5). En esos cinco departamentos se concentró el 63 % de los homicidios.