La discusión del aborto parecía superada con la sentencia de la Corte Constitucional (T-355 del 2006) que despenalizó la interrupción del embarazo en tres casos específicos. Pero los congresistas conservadores insisten en revivir la discusión, ahora con un argumento particular. El año pasado el Consejo de Estado tumbó el decreto (4444 de 2009) que reglamentaba esta práctica. José Darío Salazar, senador y presidente del Directorio Nacional Conservador, pidió a los organismos de control que investiguen al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud por haber impartido órdenes a las EPS para prestar el servicio de interrupción del embarazo sin que exista una reglamentación del aborto. “El Gobierno ha querido incluir el aborto en el plan obligatorio de salud y lo financia con dineros públicos”. Salazar incluso dice que el Gobierno ha impartido circulares a las entidades prestadoras del servicio de salud acogiendo artículos del referido decreto a pesar de que sus efectos fueron suspendidos por el Consejo de Estado. “El Gobierno está incurriendo en fraude a resolución judicial”, aseguró. El congresista invoca que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto le ordenó al Congreso expedir una ley para reglamentar la práctica de la interrupción del embarazo en los tres casos admitidos. “El Congreso no puede quedarse en silencio cuando el Ejecutivo le usurpe sus funciones”. El ministro de salud, Alejandro Gaviria, rechazó la tesis conservadora. Dijo que la Corte Constitucional otorgó el derecho y que la decisión del Consejo de Estado de anular el decreto que el Gobierno expidió para reglamentar el aborto “no tiene ninguna consecuencia práctica”, de manera que se seguirá acatando la sentencia de la Corte y garantizando la prestación del derecho que el alto tribunal les concedió a las mujeres de interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre esté en riesgo, cuando haya una malformación congénita del feto o cuando el embarazo sea producto de una violación. Hernán Andrade, vocero del Partido Conservador, dice que el ministro Gaviria, con su postura, “está desafiando al Consejo de Estado”. Aunque el debate promovido por el conservador José Darío Salazar fue calificado de absurdo por el Polo Democrático, congresistas del Partido de la U, como Karime Motta, admiten que hay un vacío jurídico en materia de la práctica del aborto y le pidió al actual gobierno impulsar un proyecto para reglamentar en plenitud los alcances de la Corte Constitucional. Andrade les pidió a los partidos políticos que les den garantías al trámite de un referendo para que los ciudadanos decidan en las urnas si en Colombia se garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, lo cual prohibiría el aborto incluso en los tres casos admitidos. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dice que la posición del gobierno frente a este proyecto de referendo será la de acatar lo dictado por la Corte Constitucional, admitir la interrupción del embarazo en casos específicos.