La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, publicó una serie de mensajes en Twitter refiriéndose a las recientes declaraciones del senador Gustavo Petro en las que aseguraba que los capturados de la Primera Línea eran presos políticos.
En una cadena de mensajes, recordó algunos de los daños ocasionados por los actos vandálicos que se presentaron en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril.
La mandataria, recordó, por ejemplo el daño de las estaciones del MIO, la destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá, la vandalización de la Alcaldía de Jamundí, el bloqueo del puerto de Buenaventura, afectados durante el paro.
Así mismo, habló de las afectaciones a la fuerza pública. “Secuestrar y torturar policías ¡no es delito político! Asesinar miembros de la fuerza pública; ¡no es delito político!”, dijo la gobernadora en su Twitter.
Todos estos hechos, según la mandataria, no tenían ningún propósito político, sino se trató de actos vandálicos y delictivos.
“Discrepo respetuosamente con quienes dicen que todo lo anterior son delitos políticos. No lo son, son delitos comunes y en varios casos, terrorismo. Da la impresión que mucha gente no tienen ni idea de lo que vivimos en el Valle del Cauca en el pasado paro”, dijo Roldán, que aunque no mencionó a Gustavo Petro, es una clara respuesta a su postura.
Sus trinos recibieron un sinnúmero de respuestas de internautas quienes manifestaron la necesidad de judicializar de forma correcta a quienes causaron estos daños.
Los comentarios de Petro
En su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro defendió al grupo de la Primera Línea y calificó a los detenidos como “presos políticos”.
“Si han detenido 165 jóvenes de ‘primera línea’ solo por defender el derecho a la protesta, estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, señaló en su red social.
En ese sentido, agregó: “Si el fiscal general ha dado instrucción a sus subalternos para judicializar la protesta social, estamos ante un delito y abuso de poder de un funcionario público. Si ha sido explícito en que a los jóvenes que protestan se les acuse de terroristas, estamos ante un delito peor”.
Como se sabe, desde el lado del petrismo ha habido una férrea defensa a la Primera Línea’, como lo ha hecho el senador Gustavo Bolívar.
El congresista deberá asistir el próximo 30 de septiembre a la Corte Suprema para responder luego de que fuera denunciado por el abogado Víctor Mosquera y el abogado Bernardo Jaramillo. Bolívar es investigado, de manera preliminar, por la supuesta financiación de la Primera Línea.
SEMANA reveló en días pasados detalles de lo que fue la ampliación de denuncia a la que acudió el abogado Víctor Mosquera y también se conoció un informe que sustenta dicha denuncia, que ya tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad y la de sus familias, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.
En este caso, la cita que se cumplirá ante el magistrado Francisco Farfán es para que Bolívar responda a dicho informe que ya tiene la CIDH y la Corte Suprema en la que se adjuntan trinos y mensajes, pero además una serie de registros en medios de hechos en los que la ‘primera línea’ habría actuado de manera delictiva.
Por ejemplo, un aparte del informe señala que “el senador Gustavo Bolívar Moreno ha recolectado más de 330 millones de pesos (casi 83.000 dólares), para comprar implementos como cascos, caretas y guantes para que estos sean usados por el grupo delictivo autodenominado ‘primera línea’ al momento de enfrentarse con la fuerza pública”.
Hace algunas semanas, por solicitud de la Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, el juez segundo Penal Municipal de Facatativá (Cundinamarca) decretó medida de aseguramiento contra tres hombres, presuntamente responsables de los actos delictivos perpetrados durante las manifestaciones violentas cumplidas el 28 de mayo pasado contra la subestación de Policía de Cartagenita en este municipio.