Por medio del estudio “Caracterización de la niñez desvinculada de grupos armados organizados al margen de la ley (2013-2022)” realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Infométrika y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se dio a conocer el número de menores de edad reclutados ilegalmente por el grupo al margen de la ley en la última década.
En total, la investigación contó con 2.181 registros de menores de edad desvinculados e ingresados durante el periodo correspondiente al 2013 y 2022 en el marco del conflicto. Bajo esta cifra, se supo que el 34% de los casos atendidos fueron mujeres; específicamente fueron 750. Mientras que en el caso de los hombres, las pesquisas arrojaron que fueron más de mil personas. Sin embargo, la participación de las mujeres aumentó en comparación con el periodo 2007 - 2013.
Durante todo el informe, varios menores de edad aceptaron contar sus experiencias al haber hecho parte de los grupos al margen de la ley en Colombia. “Fueron instrumentalizados, convertidos en objeto de deseo, dominio o recompensa”, señala la investigación al puntualizar que el promedio de los reclutamientos forzados fue de 13.8 años.
Adicionalmente, la investigación señala que esta situación estuvo relacionada en gran medida con la violencia basada en género previo a su ingreso a los grupos subversivos. En los testimonios narrados por los menores de edad, declararon que en sus hogares fueron víctimas de abuso, acoso y otras formas de violencia sexual; por lo que haber ingresado a las organizaciones delictivas era la única salida para proteger a la intimidad que no tenían en sus casas.
Del total de los menores de edad atendidos por el ICBF y que fueron víctimas de reclutamiento forzado, el 40.2% (877 casos) fue responsabilidad de las FARC -EP, mientras que el 26.9% (587 casos) estuvieron a cargo del ELN. El resto de casos tuvieron que ver con las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y clan del Golfo.
A partir de lo expuesto por los niños, niñas y adolescentes, ellos permanecían en promedio 21 meses al interior de la estructura delictiva, tiempo en el cual les ordenaban llevar a cabo actividades de apoyo logístico, mantenimiento, cocina y supervivencia, entre otras labores.
Otro hallazgo de la investigación fue que gran parte del reclutamiento tuvo como víctimas a personas provenientes de comunidades étnicas, siendo una cifra que se elevó en los últimos años, pasando del 14% al 34% del total de la población indígena. Para conocer esta información, se tomaron en cuenta los menores de edad que fueron atendidos por el programa de atención del ICBF para agosto de 2022.
“Al revisar la atención del programa del ICBF para el mes de agosto de 2022, de los 196 casos atendidos para ese momento, el 51.5 por ciento correspondía a menores de edad con pertenencia étnica”, sostuvo el informe al referirse sobre la presencia indígena en medio del reclutamiento forzado, lo cual es una muestra de las constantes amenazas de las cuales los pueblos originarios son blanco.
Con respecto a las prácticas empleadas por los grupos delictivos, se encontró que vincularon a menores de edad provenientes de países fronterizos. Muestra de ello son los 35 casos de niños, niñas y adolescentes de Venezuela, dos de Ecuador y dos de Panamá. “Esto puede llegar a sugerir que hablamos de una población con un movimiento migratorio pendular, población binacional o, en cualquier caso, población cuyo reclutamiento está relacionado con este movimiento fronterizo”, sostiene el estudio.
Los ecuatorianos fueron reclutados en Puerto Asís (Putumayo), municipio fronterizo con Ecuador; un panameño fue reclutado en Riosucio (Chocó), municipio fronterizo con Panamá; y el otro ciudadano de ese país, en Carmen del Darién (Chocó), cercano a Panamá.