El país tiene en la mira el insólito caso de un menor que era violentado por sus cuidadores en Chocontá, Cundinamarca. Las autoridades llegaron a enterarse del caso cuando el infante fue internado en un hospital de Bogotá, donde los médicos se dieron cuenta que le estaban amarrando los genitales con pelo de mujer y cabuya, entre otros abusos.

Ante las dudas por un supuesto abuso sexual al menor, el Instituto Nacional de Medicina Legal habría iniciado una investigación que llevó a determinar que este niño no fue abusado en la Fundación Hogar Monserrate, del municipio mencionado, lugar donde vivía el niño de nueve años.

“El menor no fue abusado sexualmente (así lo determinó) un médico de Medicina Legal y, obviamente, al momento que llegó al hospital, los médicos lo revisaron y no tenía abuso sexual, entonces eso también está declarado en la historia clínica”, dijo Paola Morales, la tía del menor en entrevista con RCN Radio.

Actualmente, el menor habría salido del Hospital San José Infantil, donde se encontraba recluido luego de ser remitido por el Hospital de Engativá, primer centro médico que lo atendió por las agresiones que le habían generado en la fundación. La tía del menor informó que por el momento este niño se encontraba en la casa de la abuela paterna, donde estaría sano y salvo.

“En estos momentos el niño está bien, se encuentra ya en casa. Se hizo un proceso con el ICBF, nos visitaron en casa para que estuviera una persona 24/7, porque viene un proceso largo de atención al niño con psicólogo y otros profesionales”, fueron las declaraciones de Morales para la cadena radial, haciendo referencia al estado actual del infante y de las actuaciones que estarían tomando las autoridades con respecto del caso.

En ese sentido, se informó que tanto la Procuraduría como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) han comenzado procesos contra la Fundación Hogar Monserrate y el restablecimiento de los derechos vulnerados del menor. Por una parte, se designó un procurador judicial de familia para hacer control a la institución en la que residía el menor, la cual es operada por una comunidad de monjas.

“Dada la gravedad de los hechos, amerita el seguimiento e intervención para que, a través de las entidades competentes, se realice la verificación de los derechos, no solo del niño K. J. T. V., sino la de todos los menores de edad que se hallan ubicados en la misma”, fueron las declaraciones de la Procuraduría al respecto del caso.

Por parte del ICBF, la directora general, Lina Arbeláez, explicó que se había designado a un defensor de familia para determinar el tipo de vulneración que había sufrido el menor y comenzar las investigaciones necesarias para restablecer los derechos del infante y ubicarlo en un ambiente sano. “Tenemos que revisar el esquema de licencias y bajo qué potestad legal trabaja esta institución educativa en cumplimiento del artículo 16 de la norma”, afirmó Arbeláez, recalcando que el defensor había sido enviado a investigar la documentación de la fundación.

La tía de la víctima también reveló quiénes habían sido los principales agresores del menor. “El niño estando hospitalizado, hablando con la psicóloga encargada del caso y conmigo. El niño, con nombre propio, dice quién fue la monja que lo torturó y que también un profesor era el que le pegaba con ortiga; entonces, los identifica correctamente”, dijo la familiar.