Es mera casualidad que días después de que el ministro TIC, Mauricio Lizcano, denunció escasos resultados en las investigaciones por el escándalo de Centros Poblados, la Fiscalía anticipara la segunda condena contra los responsables por las millonarias irregularidades en el contrato para dotar de centro digitales a las escuelas más apartadas del país.
Jorge Enrique López, el responsable de conseguir la garantía falsa que presentó la Unión Temporal Centros Poblado, para ganarse el contrato, fue condenado. Serían más los condenados de no ser porque el Ministerio TIC, de acuerdo con la Fiscalía, tiene frenado el proceso, todo por su negativa a responder si acepta o no la reparación que los principales procesados prometieron entregar.
No es obligación para el Ministerio TIC aceptar las condiciones del acuerdo con los procesados, lo que sí resulta perentorio es contestar a los abogados y así avanzar con los otros implicados que están a la espera de resolver las solicitudes ante los jueces. Por ejemplo, con Emilio Tapia, a las puertas de un juicio que espera reducir con una aceptación de cargos y un acuerdo con la Fiscalía, negociación que sigue en vilo mientras el Mintic define la reparación.
El segundo condenado aceptó responsabilidad y aunque el ministro Lizcano reproche los acuerdo de la justicia con los procesados, los mismos que la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, resaltó en su discurso de posesión como una salida efectiva en las investigaciones, fue gracias a esos acuerdo o negociaciones que todos los implicados en el escándalo terminaron judicializados.
“Condenar a Jorge Enrique López Benavides como coautor responsable del delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo con fraude procesal, ambos con circunstancias de mayor punibilidad a la pena de 48 meses de prisión”, señaló el juez al leer la condena contra el procesado.
Jorge Enrique López estaba en las sombras. Cuando el escándalo estalló y se supo que la garantía bancaria para soportar la experiencia y músculo financiero de Centro Poblados ante el ministerio, era falsa, nadie volvió a saber de él. Fue gracias a la investigación de la Fiscalía que los responsables empezaron a caer como fichas de dominó.
Hay otros procesos contra implicados de gran calado en el escándalo de Centros Poblados, que están listos, pero amarrados a una decisión del MinTic que deja en vilo la posibilidad de nuevas condenas, justamente lo que denunció el ministro Lizcano cuando advirtió que el proceso no avanzaba, tampoco la recuperación de los recursos que fueron invertidos.
“En primer lugar, de los 70.000 millones girados en concepto de anticipo por el ministerio a la UT Centros Poblados, el ministerio no recibió ningún equipo ni se pudo amortizar nada, luego ese dinero se perdió. El ministerio tuvo que volver a girar un anticipo para el contrato con la ETB, que es la empresa que está ejecutando el proyecto que debió ejecutar Centros Poblados”, señaló el ministro Lizcano.
López fue condenado a 48 meses de cárcel y una multa de 10 salario mínimos mensuales vigentes, además fue inhabilitado por el mismo tiempo de la pena para ejercer cualquier cargo público con el Estado. La condena se deriva, para malestar del ministro Lizcano, del acuerdo entre la Fiscalía y el procesado, que además reintegró más de 180 millones de pesos.