Por el escándalo en la celebración de millonarios contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) entre los años 2016 y 2017, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra de seis personas, varios de ellos exasesores del Senado.
En el escrito que será presentado ante un juez de conocimiento, el ente investigador sostiene que se ejerció un movimiento de influencias en el interior de Fonade con el fin que se direccionara un contrato que tenía como objetivo final garantizar el bodegaje, custodia, préstamo y actualización del inventario mensual de documentos recibidos, prestados y devueltos. Igualmente, se buscaba la digitalización e indexación del archivo del mismo Fondo.
El convenio tenía un valor cercano a los 1.067 millones de pesos y un plazo de ejecución de un año. Para la Fiscalía General el contrato fue entregado de manera directa a la empresa Certicamara S.A., desconociendo por completo cualquier tipo de requisito para la contratación pública, puesto que el monto exigía una licitación y proceso de selección. Con esto se vulneraron -reseña el organismo- los principios de transparencia y selección objetiva.
Los hechos se presentaron en agosto de 2016, cuando el entonces asesor de la gerencia del Fondo de Financiamiento de Proyectos en Desarrollo de Fonade , Héctor Mario Amar Gil buscara a un grupo de personas con el fin de desviar el contrato. Para esto se reunió con varios funcionarios y particulares, entre ellos Elsa Mireya Pinzón, quien era asesora grado III en el Congreso de la República; así como con Juan Carlos Santofimio Vengoechea, un particular muy cercano a los funcionarios del Senado y la empresa Certicamara.
Elsa Mireya Pinzón se habría reunido y Juan Carlos Santofimio Vengoechea “quienes le entregaron el portafolio de servicios de la empresa Certficamara S.A., para buscar un contrato acomodado a dicha oferta empresarial, labor que Henao Ordóñez delegó en el señor Héctor Mario Amar Gil”. Esta labor se adelantó en tiempo récord y el contrato fue adjudicado de manera reservada.
Para la Fiscalía General, la naturaleza del contrato se debía hacer una convocatoria abierta y proceso de selección. Igualmente, se sostiene que existió un evidente interés indebido en la entrega de este millonario contrato por parte de las seis personas que serán acusadas puesto que buscaron por toda las formas posibles su adjudicación.
En el caso de Elsa Mireya Pinzón Barrera se indica que existió un interés en provecho propio y de un grupo de terceros en la convocatoria privada. Además movió todas sus influencias y contactos para fijar reuniones en las que se habló de manera directa y clara frente a la mencionada adjudicación.
Por estos hechos, en julio pasado, el entonces senador Benedetti fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Tras esto, aseguró que todo se trataba de una persecución emprendida por la magistrada Cristina Lombana, hecho que lo motivó a presentar una tutela para la protección de sus derechos fundamentales.
“He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema”, aseguró.