Aunque el cese al fuego bilateral decretado por el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre está en marcha, poco o nada se ha sabido sobre lo que piensan realmente las Fuerzas Armadas frente a esta decisión del Gobierno. Si bien la cúpula militar y sus filas acataron la orden presidencial, internamente hay preocupaciones, críticas, reservas y objeciones. A tal punto que, en su calidad de “asesores del conductor político”, han fijado límites de cara al fin de los operativos.
SEMANA conoció detalles hasta ahora desconocidos de las discusiones secretas entre los altos mandos y algunas tensiones que se han generado tras el cese al fuego. En los pasillos del Ministerio de Defensa se comenta que, cuando estaba a punto de concluir el año, e incluso mientras reemplazaba temporalmente en su descanso al ministro Iván Velásquez, entre el 26 y el 30 de diciembre, el Gobierno le pidió al general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, que firmara los decretos del cese al fuego bilateral. Sin embargo, el alto oficial, argumentando inconvenientes jurídicos y de honor militar, habría rechazado esa posibilidad. “No podía ser juez y parte”, explicó una fuente del comando general.
SEMANA contactó a Giraldo. “Es una información errónea, mi encargo como ministro terminó el 31 de diciembre, por tal razón no me correspondía firmarlos”, dijo.
No obstante, varias fuentes de entera credibilidad le insistieron a este medio que esa información es real y que incluso Giraldo la comentó en privado con algunas de ellas. Su decisión de no hacer público este hecho buscaría evitar un choque con el ministro Velásquez y la Casa de Nariño, ya que la relación es respetuosa y fluida.
Varios generales le confirmaron a SEMANA, bajo total reserva para evitar represalias, lo que desató el cese al fuego bilateral entre las tropas. La última semana de 2022 habría sido crucial, especialmente las últimas 72 horas que le siguieron a una operación realizada por el Ejército en el Cauca y que estaría relacionada con el anuncio intempestivo de los decretos por parte del presidente.
Se trató de un golpe a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en El Tambo (Cauca). El 28 de diciembre se conoció que seis presuntos disidentes fueron abatidos y dos más fueron capturados. Además, se incautaron seis fusiles, cinco pistolas, munición de distintos calibres, equipos de comunicaciones, cartillas con estatutos y adoctrinamiento de las Farc, así como material de intendencia y explosivos.
Lo que sostienen las fuentes es que, tras el operativo militar, la cúpula habría recibido una instrucción del Gobierno para instar a los comandantes a “parar” dichas acciones con el fin de no entorpecer la búsqueda de la ‘paz total’ en la que se ha empeñado el presidente Petro. Este mensaje habría disparado las alarmas entre los oficiales de las diferentes fuerzas.
“La Constitución nos obliga a la obediencia debida, no ciega”, le dijo a SEMANA un curtido general. Por esa razón, solo horas después de lo que desencadenó la acción en El Tambo, la cúpula militar convocó a una reunión extraordinaria en el Cantón Norte. Allí, comandantes, miembros del Estado Mayor y algunos asesores jurídicos discutieron durante horas los inconvenientes de cesar las operaciones militares sin ningún protocolo de por medio, y cuáles eran los límites inviolables y la manera en que debía hacerse para que fuera exitoso. “Tenemos experiencia, acabamos de terminar un proceso con las Farc. También lo hicimos con el ELN en su momento. Sabemos lo que hay que hacer para que las cosas salgan bien. Eso fue lo que discutimos ese día”, reconoció un general que estuvo en la reunión.
Todo quedó consignado en un documento que, según las fuentes, terminó en el escritorio del ministro Velásquez y del presidente Petro, y que fue entregado por el general Giraldo.
Luego, en un hecho inusual, tanto por el día como por la hora, el presidente Petro anunció lo siguiente en su cuenta en Twitter, a las 10:45 de la noche del 31 de diciembre: “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”.
Solo unas horas después, el ELN respondió con un baldado de agua fría y desmintió al presidente al señalar que no había negociado ningún cese al fuego bilateral con el Gobierno.
La mesa de diálogos, recién instalada en Caracas, entró en crisis y el Gobierno anunció que las operaciones contra ese grupo armado ilegal se reanudaron hasta nueva orden.
El último mensaje enviado por el presidente al ELN fue particularmente drástico, lo que revela el difícil momento entre las partes. “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, aseguró Petro. Indudablemente, todo indica que el Gobierno, por ser generoso, se apresuró y no contó con lo difícil que ha sido negociar, a lo largo de la historia, con el ELN.
Tras la decisión del Gobierno, anunciada el 31 de diciembre, los militares se volvieron a reunir. Entonces, elaboraron otro documento con 23 puntos que también le hicieron llegar al presidente por medio del ministro de Defensa. Los generales diseñaron una hoja de ruta para evitar el fracaso del cese al fuego bilateral. Allí fijaron límites y establecieron protocolos. “Si las cosas se hacen bien, terminan bien”, sentenció otro alto oficial que ayudó en la elaboración del escrito.
En general, la cúpula ha recomendado tratar de concentrar a los grupos armados ilegales con los cuales se ha llegado al cese bilateral para facilitar su cumplimiento y evitar el desmadre. Si esto no se hace, es imposible de monitorear y controlar. A diferencia del proceso de paz de La Habana, cuya máxima era que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, la cúpula militar sabe que la instrucción ahora es: “Lo que se va acordando, se va implementando”.
Incluso, SEMANA conoció que las disidencias de las Farc serían las primeras dispuestas a concentrarse en los Llanos del Yarí, en Caquetania, Meta.
Si bien los altos mandos han tratado de hacer pedagogía en las ocho divisiones militares y en las unidades especiales, todavía falta mucho para que todo funcione como un reloj. Por esa razón, esta semana fue escandaloso ver un video en el que quedó registrada la llegada de las disidencias de las Farc a Policarpa (Nariño). Los criminales se presentaron en el pueblo y amedrentaron a la población con su presencia. Lo paradójico es que el video fue grabado desde la estación de policía. Ninguno de los uniformados hizo nada para proteger a los ciudadanos.
El dilema es que, en teoría, con los decretos del cese bilateral no podían. Quedaron con las manos amarradas. Pero si hubieran hecho algo, a lo mejor también habrían sido criticados o emproblemados por interferir en la paz total. Mientras tanto, en Santa Rosa del Sur (Bolívar), el frente 37 de las disidencias de las Farc secuestró al soldado Luis Domingo Morelos González. Pocas horas después fue liberado.
No menos preocupante resulta el cruce de declaraciones entre el estado mayor central de las disidencias de las Farc y el ministro de Defensa. Las primeras acusaron a las Fuerzas Militares de aliarse con el ELN para atacarlas esta semana en Puerto Rondón (Arauca). Mientras que el segundo, Velásquez, calificó ese señalamiento de “falso” y dijo que “las Fuerzas Militares no realizan operaciones conjuntas con ninguna organización al margen de la ley”.
Si en la cúpula hay preocupaciones, especialmente de tipo jurídico, entre los retirados están que explotan. El pasado jueves, el excomandante del Ejército, el general en retiro Eduardo Zapateiro, trinó: “Un cese bilateral solo lleva a confundir a quienes deben responderles a los colombianos por la seguridad y defensa nacional. Ahora resultarán los bandidos de las Farc y ELN ejerciendo control territorial como en Policarpa (Nariño) y Santa Rosa del Sur (Bolívar). ¿Control de qué?”.
Y agregó: “Solo espero que después no acusen jurídicamente al Ejército de omisión. Lo anterior ya ha ocurrido históricamente; las malas decisiones terminan siendo asumidas por las FF. MM”.
SEMANA tuvo acceso a una conversación de WhatsApp de altos oficiales retirados, quienes vienen discutiendo sobre el cese bilateral. Algunos mensajes dejan ver su gran inconformidad. “Tenemos que apoyar a los que hoy están al frente y hacernos sentir. Si no lo hacemos, sucumbirá la institucionalidad y eso es responsabilidad de los generales y almirantes”, dijo uno de ellos.
Otro aseguró: “¿Cuántas demandas vienen en camino por omisión? Los delincuentes como Pedro por su casa”. Un almirante en retiro advirtió: “Tenemos que ir todos en bloque, si no lo hacemos así, nos verán débiles y el pueblo hoy espera mucho de nosotros, solo así seremos fuertes, somos un cuerpo”.
“Si hay un cese de hostilidades, la guerrilla no debe hacer presencia en ningún lugar. Están haciendo control territorial. Esto no se debe aceptar. Sigo creyendo que el asunto sigue sin aclararse y el mando permanece en silencio”, afirmó otro general retirado. “No solamente control territorial, mi general, siguen con toda la cadena del narcotráfico, siguen secuestrando, extorsionando, esos grupos siguen adelantando sus acciones criminales”, le replicó un oficial retirado en el chat. Finalmente, uno de los participantes selló la conversación y dijo: “Y nadie dice nada… Creo que eso no es prudencia”.
Mientras tanto, todos los lunes, el alto mando militar y de Policía sigue evaluando lo que viene ocurriendo en el marco de la paz total. A dichas reuniones asisten los ministros de Defensa y del Interior, muchas veces el presidente y el fiscal general, además de la jefa de gabinete, Laura Sarabia.
Por ahora, avanza el cese bilateral, aunque sin el ELN. “Si no cumplen, los ponemos a cumplir”, advirtió un general activo. SEMANA conoció que el Gobierno está ahora en la búsqueda de un cese multilateral que implica que las organizaciones criminales no se maten entre ellas, como está ocurriendo en buena parte del país, en medio de la disputa por el negocio del narcotráfico.
En todo caso, el Gobierno no la ha tenido fácil. De hecho, la Fiscalía acaba de negarles el levantamiento de las órdenes de captura a 16 criminales de alta peligrosidad del Clan del Golfo y de los Pachenca, algunos de ellos presos.
La petición fue hecha por el comisionado de paz, Danilo Rueda, el pasado 11 de enero. El ente acusador argumentó que no es competente, pero además aseguró que a los grupos narcotraficantes no se les puede dar estatus político y que, mientras no lo tengan, su único camino será el sometimiento a la justicia. El Gobierno Petro tendrá que sortear con esta ‘papa caliente’. Al mismo tiempo, varios jueces también se han negado a darles libertad a presos señalados de haber cometido delitos durante las protestas. Muchos de ellos pertenecen a la primera línea.
Es evidente que el presidente Gustavo Petro está poniendo en marcha lo que prometió en campaña: la búsqueda de la llamada paz total. Sin embargo, se necesitan más que deseos y voluntad. Al fin y al cabo, su ambiciosa propuesta involucra a los criminales más temidos y peligrosos de Colombia, con el agravante de que todos están dedicados al narcotráfico. Se necesitan reglas claras. Por eso, el presidente y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, no deben subestimar las preocupaciones, tensiones y recomendaciones de los militares. Ellos son los únicos que de verdad conocen a estos grupos armados al margen de la ley. Los han enfrentado y combatido desde hace décadas. Hacer caso omiso a esa tensión militar es equivocado. Mientras las Fuerzas Armadas estén tranquilas, el Gobierno y el país lo pueden estar. Muchos colombianos se sienten hoy desprotegidos y sienten que el país quedó a merced de los criminales. Las tropas, bajo ninguna circunstancia, pueden dejar de cumplir con su obligación constitucional, que es defender la vida de los ciudadanos y proteger la seguridad nacional.