Este caso es desgarrador. Ramón Eduardo Aguilar, a quien le quitaron su bebé de las manos, cuenta que “en 1991, en Jamundí (Valle del Cauca), estaba en mi consultorio con mi hijo, en ese momento de tres años de edad. Entraron dos hombres con armas cortas, se lo llevaron por la fuerza y lo montaron en una moto con rumbo desconocido. En mi escritorio dejaron una nota que decía: ‘Espere la llamada’”.

El hombre denunció el secuestro de inmediato, rogó ayuda a las autoridades. Su hijo, un bebé, se había convertido en moneda de cambio para las Farc. A los tres meses tuvo que pagarle 1.000 millones de pesos (de la época) al frente 30 de las Farc, específicamente al comandante Mincho: “Tuve que ir hasta Pasto a pagar el rescate de mi hijo”. Pero después de pagar, la tortura continuó: “No me entregaron al niño, me lo devolvieron en Cali días después”.

El silencio en la sala de audiencias de la JEP fue absoluto. Luego, María Lucelly Urbano, conocida como Mireya, quien perteneció al bloque occidental de las Farc, tomó la palabra para explicar lo inexplicable, la barbarie. “La persona que más sabía de este caso se llamaba Nelson, pero murió en 2021. No sé de ese caso, las estructuras urbanas en ese momento no estaban creadas. Tendrían que haber tenido un permiso del secretariado, no creo”, dijo.

De inmediato, la magistrada Julieta Lemaitre increpó a los asistentes: “¿Ustedes creen que fueron las Farc?, porque la versión escrita de Pablo Catatumbo advierte que en ese momento, en ese punto específico, no operaba este grupo. Si ustedes dicen que no fueron, la Fiscalía tiene que investigar porque las cosas no pueden quedar volando. Se trata del secuestro de un niño”.

Ramón Eduardo Aguilar, padre del entonces bebé de tres años secuestrado por las Farc, llegó a la JEP en busca de explicaciones con la fórmula planteada de verdad a cambio de perdón, pero no recibió sino versiones contradictorias. No hubo verdad, parece que no habrá y, mucho menos, justicia.

Secuestro, violación y homicidio

Las Farc contaron cómo se cometieron actos de violencia sexual contra mujeres que, además de ser secuestradas, fueron abusadas y, en muchos casos, asesinadas en medio de la selva. En el expediente hay dos casos, pero en la audiencia no se expusieron los nombres, sí las iniciales: S.M.O. y H.A.C.

“Sabemos que a una mujer la violaron varios guerrilleros muy cerca del río Patía y a su esposo lo asesinaron. Él es señalado de dos violaciones, se llama Fabián Ramírez, pero no era del frente occidental, sino del bloque sur”, dijo Pacho Chino, en una suerte de lavado de manos, pero sin referirse a la realidad innegable: esta doble tragedia ocurrió cuando estaban en poder de las Farc.

La magistrada que presidió una de las audiencias, Marcela Giraldo, tras escuchar lo ocurrido, no preguntó detalles de los dos casos de violación. Preguntó algo que debía estar claro: ¿dónde tenía su comando de operaciones el bloque occidental? Así, las respuestas se centraron en señalar puntos sobre un mapa y analizar distancias entre un corregimiento y otro. Las víctimas, nuevamente, sin respuestas.