Veinte días antes de ser capturado en su despacho, el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, firmó la resolución 479 del 7 de junio de 2017, la misma que definió el futuro del caso Odebrecht. En este documento delegó a dos fiscales para que apoyaran el grupo de trabajo de Amparo Cerón, por entonces encargada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez para destapar la corrupción de los brasileños en Colombia. Daniel Hernández y Álvaro Betancourt asumieron mediante dicho documento la negociación con el exsenador Otto Bula con la justicia. Bula, como se sabe, fue el gran lobbista de Odebrecht y guarda los secretos sobre el destino de los ríos de dinero que la firma brasileña hizo correr por el país. Le recomendamos: "Todos están metidos": el segundo capítulo de María Jimena Duzán “Un señor que trabajaba con el exdirector Luis Gustavo Moreno me manifestó que seríamos Álvaro y yo los encargados de manejar la colaboración como fiscales de apoyo, teniendo en cuenta que Otto Bula no quería manejar el proceso de colaboración con la doctora Amparo Cerón”, explicó Hernández dos años más tarde, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se puso a la tarea de reconstruir el origen de la negociación. En ese momento, la supuesta desaparición de uno de los dos celulares que Bula le entregó a la justicia comenzaba a generar escándalo. Y varios despachos judiciales lo requerían como prueba para continuar los procesos contra otros implicados. La Corte enfocó sus interrogantes en determinar por qué Cerón –la fiscal principal– nunca supo del contenido de ese teléfono, que por cierto resultó clave para poner al descubierto las intimidades del entramado de políticos y funcionarios que ayudaron en los propósitos ilegales de la constructora. El magistrado de la Sala de Instrucción Marco Antonio Rueda y el fiscal de la oficina ad hoc Napoleón Botanche pidieron infructuosamente a Cerón que les enviara copia de esta información, pero en todos los casos respondía lo mismo. Aseguraba que tras verificar los datos de SPOA (el sistema interno que registra las actuaciones de los investigadores) sí aparecía el teléfono relacionado, pero ella no lo había recibido ni lo conocía. Le recomendamos: Prima del Ñoño "no transportaba ñame": regaño del Tribunal a la Fiscalía La reiterada respuesta pronto despertó suspicacias, a tal punto que los investigadores alcanzaron a especular que a la Fiscalía se le había perdido ese teléfono. Pero la magistrada de la Corte, Cristina Lombana, que también necesitaba la evidencia contra el exsenador José David Name, encontró la explicación. La togada realizó una diligencia en marzo pasado en los despachos del búnker. SEMANA tuvo acceso al acta de inspección, que consigna la versión de los involucrados; el documento es la base de una compulsa de copias contra Gustavo Moreno, Álvaro Betancourt y Daniel Hernández, documento que está en la Fiscalía y en el Consejo Superior de la Judicatura. Esta última entidad ya abrió investigación disciplinaria.

Gustavo Moreno, exfiscal extraditado Entre los llamados a dar su versión aparece el fiscal Hernández, a quien le preguntan por qué si era el apoyo de Cerón no le pidió permiso para manejar este celular como evidencia. El fiscal contesta que no lo hizo porque la resolución de Gustavo Moreno lo delegó a él y a Betancourt como encargados de manejar la colaboración de Bula. “Me acerco a la dirección a preguntar a uno de los asesores de Gustavo Moreno qué hacía con esa resolución, para qué había sido designado, y me manifestó que era para manejar el proceso de colaboración de Otto Bula”, asegura el fiscal Hernández. Así las cosas, los trámites relacionados con la extracción de información y su custodia estuvieron en cabeza de Hernández y de Betancourt. SEMANA tuvo acceso al acta de inspección, que consigna la versión de los involucrados; el documento es la base de una compulsa de copias contra Gustavo Moreno, Álvaro Betancourt y Daniel Hernández, documento que está en la Fiscalía y en el Consejo Superior de la Judicatura. Esta última entidad ya abrió investigación disciplinaria. Mientras Cerón tuvo competencia, acusó a Bula por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Paralelo a ello adelantaba otra investigación por tráfico de influencias y lavado de activos. Pero luego de la resolución del fiscal Moreno, Betancourt y Hernández siguieron al frente. El 12 de junio de 2017 comenzaron diligencias de declaración con Bula, que se prolongaron hasta el 15 de junio. El último día este entregó el segundo celular y una memoria USB. Para los investigadores de la Corte no resulta claro cómo Moreno, coordinador de fiscales anticorrupción, pudo designar para apoyar el grupo que investigaba Odebrecht a dos fiscales que no estaban bajo sus órdenes: Daniel Hernández depende del CTI y Álvaro Betancourt de la Vicefiscalía. Para los investigadores del alto tribunal consultados por SEMANA, estas designaciones le corresponden al fiscal general, en ese momento Néstor Humberto Martínez. Un año más tarde –mediante la resolución 899 del 24 de julio de 2018– María Paulina Riveros, con funciones de fiscal general encargada, hizo la designación especial a Hernández y a Betancourt como fiscales del caso Odebrecht.

En la respuesta que Betancourt le dio al Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal señala que no resulta fácil entender en qué consistieron las irregularidades que motivaron la compulsa. No obstante, precisa que Moreno era el único funcionario que podía proyectar y firmar la referida resolución. Pero aclara que esto no implicó que tuviera contacto frente a las funciones que les fueron asignadas. “La orden para apoyar este grupo provino directamente de la señora vicefiscal María Paulina Riveros”, indicó. Lea también: "Todos están metidos": el segundo capítulo de María Jimena Duzán A cambio de encender su famoso ‘ventilador’, Bula terminó por negociar un preacuerdo por el que recibió una condena a 5 años y seis meses por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Esta parte de la negociación pende de un hilo, ya que tiene que devolver 6.600 millones de pesos, gran parte de los cuales pretende pagar con el lote La Bomba, en Montería: la Fiscalía y Bula le ponen un valor millonario a la propiedad, pero otros interesados no.

Daniel Fernández, fiscal del caso Bula De otro lado, los señalamientos por el supuesto lavado de activos de Bula están pendientes de la firma de un principio de oportunidad con la Fiscalía, tema que quedó explícito en la negociación sin que hasta el momento se haya materializado. Alrededor de este punto, el fiscal general ad hoc Leonardo Espinosa levantó cuestionamientos contra los fiscales Hernández y Betancourt, ya que no entiende por qué omitieron el lavado y el concierto para delinquir contra Bula.

Bernardo Elías, exsenador condenado A la compulsa de copias del ad hoc, el fiscal Hernández respondió en varios medios de comunicación. Aseguró: 1) No fueron los fiscales encargados de imputarle cargos a Bula, y 2) En ese momento solo se contaba con información del gobierno norteamericano, insuficiente para levantar ese cuestionamiento. Al fiscal ad hoc también le resultó extraño que los fiscales Hernández y Betancourt hubieran removido conductas punibles por las que resultaron imputados Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar, Gustavo Torres y Federico Gaviria. En un nuevo trámite de acusación iniciado por la Fiscalía ad hoc les añadieron lavado de activos, diligencia a la cual el Tribunal Superior de Bogotá le dio la bendición. Los fiscales investigados aseguran que Gustavo Moreno no tuvo contacto con el caso Odebrecht. Fidalgo Javier Estupiñán, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, está estudiando con lupa la compulsa de copias de la magistrada Lombana. La petición se suma a otras actuaciones que han despertado suspicacias sobre los manejos de Betancourt y Hernández en el caso de Odebrecht. Precisamente esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá lanzó un duro cuestionamiento contra los funcionarios por pedir la prescripción del proceso contra Básima Elías Náder, la cuñada del exsenador Ñoño Elías.

Básima Elías, prima del Ñoño Elías “De poco sirven grandilocuentes o rimbombantes estatutos anticorrupción si quien tiene la obligación de luchar contra la impunidad mira para otro lado o se somete al designio de la criminalidad de cuello blanco”, dijeron los magistrados. La mujer fue capturada por el delito de lavado de activos, ya que en por lo menos tres oportunidades sirvió de intermediaria para mover millonarias coimas entre Otto Bula y el Ñoño, hoy ambos presos. Pero este año, con base en las declaraciones de tres testigos, la Fiscalía pidió archivar el expediente de Básima Elías. El Ñoño, Bula y el conductor Édgar Iván Pemberty aseguraron que la mujer desconocía la procedencia del dinero. Para los magistrados, ese argumento de la Fiscalía es inadmisible, pues resulta casi imposible que ella no se percatara de las sumas de dinero que transportaba. Los magistrados sostienen que a Básima Elías Náder tenía que al menos resultarle sospechosa la labor de transportar más de 300 millones de pesos en efectivo: “Quien entregó el dinero y quien lo iba a recibir no podían afirmar que simplemente debía tener unos papeles o una bolsa con plátanos o ñame”, dijo el tribunal al rechazar la preclusión. Le puede interesar: Encuentre aquí todas las noticias sobre los implicados en el caso Odebrecht en Colombia