SEMANA conoció tres documentos reservados con los que la Procuraduría General de la Nación avanza en las investigaciones por el escándalo de corrupción que hoy sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), abrió tres Investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la UNP, luego de que se conocieran públicamente presuntos casos de corrupción e irregularidades denunciados por el director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, y por los medios de comunicación.
De hecho, fue SEMANA la que reveló la existencia de falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad, y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad. Todo esto aparece en el expediente.
En un primer documento, en poder de SEMANA, firmado por Mercedes Lucila Vidal, directora de la Unidad de Investigaciones Especiales del ministerio público, está la práctica de una inspección disciplinaria en la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogota. Esto con el objetivo de revisar una denuncia por falsos blindajes interpuesta por la UNP.
El ministerio público pidió ya escuchar a Daniel Augusto El Saieh Sánchez, Jefe de la Oficina Asesora Juridica, “con el objeto de corroborar los hechos relacionados al estado en que se encontraron los procesos de incumplimiento de los contratos 753 y 756 de 2018, y demás aspectos conexos”, señala el documento.
Otra prueba ordenada fue practicar inspección disciplinaria en las instalaciones del Grupo de Vehículos de Protección de la UNP “con el objeto de recaudar el procedimiento interno de revisión de vehículos blindados rentados y propios, la administración de los propios, el procedimiento interno de devolución y cambio cuando se encuentra que no cumple con las especificaciones técnicas, los cambios en los procedimientos que se hayan realizado luego de las revisiones de blindaje de noviembre y diciembre de 2019″.
La denuncia realizada por el director Augusto Rodríguez concierne a cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda, con un nivel de blindaje IIIA, mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018 y que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos.
Luego de un año de ejecución se encontró que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.
En este caso, se abrió investigación contra el entonces subdirector de Protección, Ronald Rodríguez Rozo y el coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.
En el mismo caso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, jefe jurídico encargado -hoy coordinador del Control Interno Disciplinario, y contra Mariantonia Orozco Durán, jefa jurídica titular para la época, quienes presuntamente por más de dos años y cinco meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que aunque se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, quedando al borde de la caducidad.
La segunda investigación se refiere a los hechos del 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca. En este hecho fue incautada una camioneta con 168 kilos de cocaína, en un vehículo asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.
Según pudo establecer SEMANA, y tal como lo arroja el expediente en poder del ministerio público, el único servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, oficial de Protección de la UNP, quien presuntamente incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades del esquema, no aceptar descansos dados por el protegido y, al parecer, su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta.
En uno de los autos conocidos por SEMANA, la Procuraduría advierte: “es deber de todo hombre de protección, sea servidor de la UNP o de los operadores privados informar de manera oportuna todas las novedades que se presenten con ocasión de la prestación de servicio de seguridad”, advierte el documento.
La tercera línea de investigación cobija a Wilson Devia, actual oficial de Protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente cobra millonarios montos por el alquiler de esquemas de seguridad y cobra dinero por “meter vehículos a la UNP a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.
Por ejemplo, en este caso, el auto con fecha del 22 de diciembre de 2022, ordena varias pruebas, entre ellas, “practicar inspección disciplinaria en las instalaciones del grupo de vehículos con el objeto de recaudar el procedimiento interno de revisión de vehículos blindados rentados y propios, la administración de vehículos propios, el procedimiento interno de devolución, entre otros”.
Fuentes del ministerio público le confirmaron a SEMANA que en los próximos días habrá citaciones para escuchar a varios implicados en el escándalo que hoy pone una sombra de duda sobre la Unidad Nacional de Protección.