En la audiencia pública que realiza la JEP para estudiar si dicta medidas cautelares en algunos lugares de Medellín donde se habrían inhumado cuerpos de personas desaparecidas durante, antes y después de la Operación Orión en la comuna 13 —realizada en 2002 en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez—, hubo una intervención que llamó la atención de los presentes. María Victoria Fallón Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) aseguró que existe una investigación que Metroseguridad —empresa industrial y comercial del estado que se encargaba de implementar desarrollos tecnológicos en seguridad para la Alcaldía de Medellín y que luego se convirtió en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU)— le encargó a la Universidad de Antioquia en 2010 y que habría sido engavetada. El documento, al que tuvo acceso SEMANA, se titula como Investigación Preliminar de la Desaparición Forzada en la Comuna 13 de Medellín y corresponde al contrato 20101762 suscrito entre las entidades ya mencionadas. En la introducción el documento dice que uno de sus objetivos es “recolectar información biológica y social de las personas desaparecidas en la Comuna Trece con fines de identificación antropológica forense. De la misma manera, se busca caracterizar el conflicto en cuanto a mecanismos de desaparición, modus operandi de los principales actores armados y establecer posibles patrones de accionar que permitan comprender las dimensiones del fenómeno y sus alcances. Es preciso mencionar que se pretende en última instancia generar una base de datos que permita un posterior cotejo de información postmortem con aquella generada antemortem a partir de las fichas elaboradas para tal fin y anexadas al presente informe”. SEMANA pudo comprobar que la información pasó por manos del Programa de Anteción a Víctimas que tenía la Alcaldía y de la Fiscalía. La no publicación de dicha investigación sepultó una positiva discusión pública entre entidades estales, la academia y víctimas sobre la verdad que por años se ha ocultado sobre las estrategias de desaparición que implementaron los grupos armados y la disposición final de los cuerpos. Puede leer: La JEP llega a Medellín para escuchar a las víctimas de la comuna 13. Además, se señala que la información recopilada en el informe proviene de fuentes primarias con las que los investigadores se entrevistaron: “familiares de desaparecidos, victimas de capturas que sobrevivieron a los ataques y perpetradores. En las fichas antemortem llevadas a cabo por los investigadores y auxiliares de investigación”. Ahora, mientras la JEP realiza la audiencia pública, se entiende que este documento hubiera sido de vital importancia, pues después de 17 años de la Operación Orión —tiempo por el cual se aumentaron dramáticamente las desapariciones en la comuna 13— ni la Fiscalía ni la Alcaldía de Medellín tienen cifras exactas sobre las personas que fueron desaparecidas por los grupos armados en un sector que no termina de sufrir los embates de la violencia, pues este año concentra el número más alto de homicidios en la ciudad. Hay que aclarar que el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, recibió el informe por parte de la GIDH y le ordenó a la Alcaldía de Medellín entregar el documento completo. Y es que la GIDH pudo obtener hace unos años parte del estudio, sin embargo la fuente les pidió absoluta reserva. Semana habló con Jesús Ramírez, quien en ese momento era el gerente de Metroseguridad, quien dijo que por esos meses se estaba realizando una contratación con varias entidades para determinar la viabilidad de la búsqueda de cuerpos en el sector conocido como La Escombrera. La veeduría y recepción de este estudio habría estado a cargo del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía. SEMANA trató de hablar con Alonso Salazar, por entonces alcalde de la ciudad, pero no fue posible. La investigación se realizó con una muestra de 74 Individuos, “cuyo caso ha sido reportado por uno o más familiares, conocidos o testigos directos de los hechos. De esta manera, las fuentes de información no se circunscriben a un solo testimonio y aúnan, a su vez, varias entrevistas de testigos tanto directos como indirectos sobre el mismo caso. Esto ha permitido generar una serie de datos que una vez interpretados conforman un banco de información más integral y garante de más verdad, en términos de la investigación preliminar elaborada por la Universidad de Antioquia”. Pese a los valiosos datos de la investigación, pues en esta se señalan lugares de tortura que tenían los paramilitares en la comuna 13 y se señalan posibles sitios de inhumación, la Alcaldía —de Alonso Salazar en ese momento— no la hizo pública. En respuesta del 7 de marzo de 2011 a un derecho de petición enviado por David Medina Hernández, abogado del GIDH, la entonces directora del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, Lucía Mercedes Ossa Álvarez, responde que recibieron el estudio el 7 de diciembre de 2010 y solicitaron a los investigadores precisión en algunos datos, cuyas correcciones fueron entregadas en febrero, “actualmente nos encontramos haciendo una segunda revisión antes de aprobar su entrega final”. La repuesta asegura que el informe debía ser aceptado por la Fiscalía y otras autoridades “de orden local” para su publicación, cosa que nunca sucedió. Le puede interesar: En una fosa común fueron encontrados jóvenes desaparecidos en la comuna 13. El estudio de la Universidad de Antioquia identifica claramente que la desaparición forzada en la comuna 13 está realacionada con las operaciones militares que se realizaron en 2002 en el sector, pues en este año se concentra el 43,2% de las desapariciones del universo de la muestra, y en 2003 el 21,6%. “Aunque los grupos paramilitares inician la desaparición de personas en la Comuna 13 de manera esporádica y desestructurada entre 1996 y 1998, los habitantes de la Comuna, en especial los de los barrios 20 de Julio y el Salado, lo perciben como fenómeno social a partir de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre del año 2002, sólo unos días después de la Operación Orión, ‘Ya como el 31 de octubre, se escuchó el runrún de una compañera del 20 de Julio que se estaba desapareciendo la gente… se llevaron niñas de 15 años, unas señoras y un niño especial… cuando el 30 de noviembre un conductor de aquí de Conducciones América, se escuchó el runrún de que se había desaparecido en El salado’. ‘La gente no podía con más violencia, un día bajaron tres niños heridos y en total en ese momento fueron siete. Y ya todo el mundo, no sé, salió a decir con banderas blancas a decir: pues ya no más’”, cita el informe. Los investigadores también explican cómo entraron los paramilitares a la comuna 13: “La entrada de los grupos de paramilitares se da por tres zonas fundamentales: San Cristóbal, que era el centro y lugar de control fundamental de los paramilitares; de allí el despliegue hacia el barrio La Loma y entrar y controlar por el sitio ‘El Seis’ en el barrio El Salado, y por el otro lado controlar el filo o la parte alta de La Loma Oriental expandiéndose por La Divisa y Altos de la Virgen para controlar esta parte de la comuna hacia los lados de Juan XXIII y el barrio El Socorro. Otra zona de control se da derivado de Belén Aguas Frías por Monte Verde hacia el barrio Nuevos Conquistadores llegando al Plan Foronda, zona por la cual presionan para que la guerrilla se baje hacia el Barrio El Salado. Por último la entrada de la fuerza pública se presenta por las vías de San Javier”. Este párrafo confirma las cientos de versiones que han entregado los pobladores de la zona: que en alianza entre militares y paramilitares se realizó una operación tenaza donde los primeros ingresaban a la zona por la urbanidad y los segundos por la ruralidad, lo que después les permitió a estos establecer rutas de narcotráfico y lugares para desaparecer cuerpos. Las acusaciones contra la fuerza pública son graves, pues el 21,6 por ciento de los familiares reportó que sus familiares antes de desaparecer tuvieron incidentes con los paramilitares, mientras que el 13,5 por ciento señaló que los tuvo con la fuerza pública. “Según datos de las entrevistas de manera puntual reportan que la Policía que actuaba para ese momento en el barrio Nuevos Conquistadores capturaba a una persona la llevaba a pasear por los lados del sitio La Sexta localizado cerca al barrio Villa Laura, allí las exponían para que los paramilitares dirigidos por El Calvo las conociera y las identificara a la hora de capturarlas, luego estas personas eran sacadas de sus casas en las noches o en las tardes”. En video: "Quiero saber por qué el Ejército los mató", un nuevo caso de posible ejecución extrajudicial Fueron muchas las mujeres que se quedaron al frente de sus hogares después de que sus esposos cayeran en manos de los paramilitares. “Los rangos de edad, como se mencionó anteriormente tienen una relevancia en términos de productividad laboral. Es notable una concentración de víctimas entre los 18 y los 39 años, edad considerada de alta productividad y actividad laboral, representando así el 63% del total de la muestra. Esta cifra es seguida por un 24,7% de víctimas entre los 13 y los 17 años; y finalmente una escasa representación de individuos entre los 40 y los 56 años de edad, con un 12,3% del total de la muestra”. Entre los grandes hallazgos del texto que habría engavetado la Alcaldía de Medellín según Fallón Morales, está la descripción de cómo los paramilitares entraban a las casas de los pobladores para sacar a las víctimas de sus casas. Todo lo hacían con el mayor sigilo y, al parecer, al frente de las narices de las autoridades. “Los años, y más específicamente los meses en que se presentó mayor cantidad de efectivos de la fuerza pública coinciden con los meses y años de mayor desaparición forzada en la Comuna 13. Al parecer para que la captura fuese efectiva, según anota un perpetrador, ‘la policía daba vueltas para darnos tiempo, así nosotros podíamos actuar’”. En esta última cita, la fuente es el testimonio de un paramilitar que “capturaba” a quienes finalmente iban a ser desaparecidos. Una de las entrevistas a las víctimas dice: “El 3 de diciembre subimos a la parte alta de Terrígenos… y entonces ahí estaba la policía, y yo le dije: ay señor! mire, que tal, a mí se me perdió un hermano,… y hoy nos llamaron que encontraron unos papeles. ‘ah, nosotros no hemos visto nada!, y si se lo llevaron, demás que era un guerrillero o quién sabe qué pasa!’. ‘¿Cuál guerrillero?, descarado!’ yo le dije. Vea ignorancia de uno…! , porque, ‘¿sabe qué me dijo? si ustedes no quieren que les pase lo mismo, es mejor que se devuelvan’”. El informe explica: “Más aún hay una serie de detalles sobre los momentos de la captura de las victimas que por ser tan explícitos y abiertos, quedaron grabados en la memoria individual y colectiva, por ejemplo la salida principal del barrio El Salado, la cual estaba fuertemente custodiada por el Ejercito Nacional; una de las victimas que salió con vida de la captura y la investigación tiene presente que para el momento en que lo capturaron y lo sacaron del barrio, el ejército hacía un retén. Al salir el perpetrador, el soldado levanta el dedo pulgar como señal de aprobación del paso. De igual manera en las entrevistas, afirma un familiar de un desaparecido que el paso por el reten que tenía instalado permanentemente la fuerza pública era atravesado por los carros que llevaban a las víctimas y sus captores sin inconveniente alguno”. En la comuna 13 también se instalaron centros de investigación y de tortura donde los paramilitares intererogaban a sus víctimas por medio de maltrato físico y psicológico, lo que también actuaba como una mordaza para evitar la denuncia. Se señalan sitios como La Palomera, la finca La Marranera —donde un testigo encontró hasta 15 personas amarradas y custodiadas por 60 paramilitares uniformados—, La Escombrera, zonas de Altos de la Virgen, sitios de barrios como El Salado y El Socorro donde se aprovechaban las casas que dejaban los desplazados. Los testimonios son de gran importancia porque tienen información que hasta el momento es inédita. Una de las fuentes dice: “… a otro lo mataron, lo mocharon todo y mocho intentó huir y le dieron con el fusil y lo enterraron… en son de recocha contaban como los mataban, un día uno le sacó el corazón a alguien y se lo comió… a un señor le pusieron una olla en la cabeza y lo obligaban a bailar reggaeton , bailaba sobre un balde lleno de agua donde tenía metidos los pies, pero eso lo hicieron a escondidas porque no los podían tocar hasta que el comandante no diera la orden… a un torturado le mocharon los pies y las manos, le enterraron alfileres. El decía: no me hagan esto que yo veo por mi mamá y no tengo nada que decir… el muchacho era acuerpado. A la primera casa cuando llevaron al del colectivo y al pelao de los pollos. Los llevaron todos aporreados. A uno de ellos lo mataron a pico y barra. En el cafetal quedó enterrado”. El informe tiene todo lo que las autoridades dicen no tener: mapas y fotografías de sitios donde enterraron los cuerpos de personas desaparecidas, identificación de zonas donde los paramilitares entrenaban y actuaban en convivencia con las fuerza pública. El documento que conoció SEMANA, como el que recibió en su momento la GIDH, no contiene los anexos donde se relacionan los testigos e información valiosa para que muchos de los familiares de los más de 250 desaparecidos de la comuna 13 encuentren un descanso y una manera de empezar el duelo.