Luego de las reiteradas advertencias que hizo la Procuraduría General de la Nación, el Sena decidió aplazar hasta el próximo 3 de enero la polémica licitación para entregar el manejo de su plataforma educativa, contrato que tiene un valor de 78.000 millones de pesos.
La Procuraduría hizo reparos a la exigencia de la entidad sobre certificaciones ISO, las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de la Contratación Pública, que podrían vulnerar los principios de libre concurrencia y participación, cercenando así la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual.
Preocupa también al Ministerio Público que el Sena, en sus pliegos, haya eliminado de los requisitos la lista de funcionalidades, lo que podría desencadenar en falta de garantías de un verdadero cumplimiento de las obligaciones.
Durante la audiencia de adjudicación que se llevó a cabo este viernes, el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa Torrado, alertó que se habían modificado elementos sustanciales de los pliegos, violando normas contractuales y sentencias del Consejo de Estado.
Adicionalmente, el funcionario expresó que el pliego es intangible después del cierre de la licitación y es sumamente grave que hayan declarado ineficaz una cláusula luego de haberse entregado las ofertas. Agregó también que la entidad persistía en la irregularidad de exigir certificaciones de calidad, cuando este aspecto está prohibido por el Estatuto General de la Contratación.
En la última fase de la licitación había tres proponentes, uno de ellos la empresa D2L que es el fabricante canadiense, que finalmente fue rechazada por no cumplir con los indicadores financieros y organizacionales exigidos. Esta empresa está avaluada en bolsa en más de 500 millones de dólares, pero para el Sena no era suficiente. La empresa alega que los requisitos financieros resultaron beneficiando al proponente CognosOnline.
Los dos proponentes que siguen en la pelea son: CognosOnline la empresa colombiana que según su información financiera no alcanza a reportar cifras para 2022 por encima del millón de dólares, y la unión temporal CET LMS 2023, la cual es parte del fabricante mexicano Territorium Life, otra empresa que reporta cifras de patrimonio por encima de los 13 millones de dólares. Esta última empresa radicó el 23 de diciembre una recusación contra todos los integrantes del comité evaluador. Además de toda esta polémica, a la Procuraduría llegaron dos quejas adicionales.
A través de este proceso licitatorio, el Sena pretende contratar los servicios de la plataforma virtual tipo E-Learning-LMS que apoye los procesos de formación y demás áreas de la entidad, proceso que mereció serios cuestionamientos por parte del ente de control.
El delegado de la Procuraduría instó a la entidad a revocar el proceso licitatorio dadas las manifiestas irregularidades en las reglas del procedimiento de selección, planteadas en las observaciones hechas por el Ministerio Público.