En medio de una fuerte controversia, la plenaria del Senado aprobó en la noche de este miércoles el ascenso al grado de general del comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez. Con una votación de 58 contra 19 se negó la proposición de la oposición de votar por separado el ascenso de este oficial y eso dio vía libre para su promoción a la mayor dignidad de las Fuerzas Militares. Por esa razón la Alianza Verde, el Polo Democrático y Decentes se retiraron del recinto. En consecuencia el ascenso de Martínez y los demás oficiales del Ejército fue de 64 votos a favor de su promoción. Los partidos políticos de la oposición pidieron aplazar dicho ascenso hasta tanto resuelva la investigación preliminar que la procuraduría le abrió por la expedición de la directriz que según el The New York Times podría revivir el fenómeno de los falsos positivos. El senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) le pidió a la plenaria del Senado el aplazamiento de este ascenso por los cuestionamientos sobre el oficial. Recordó que Martínez ofició como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Décima Brigada entre 2004 y 2006 tiempo en el cual se presentaron 35 hechos de falsos positivos en esa jurisdicción. Además presentó documentos sobre pago de recompensas que desembocaron en hechos de falsos positivos. A eso, se sumó que la Procuraduría abrió una indagación contra el general Nicacio Martínez por la adopción de instructivos en el alto mando militar. "En un acto de responsabilidad, no aprobemos el ascenso de general Nicacio Martínez. Pedimos aplazarlo para aclarar dudas", señaló Sanguino. "Nos corresponde utilizar el mecanismo de asenso para garantizar la no repetición de los falsos positivos. No podemos convertir los hechos dolorosos en motivos de premio o de ascensos", agregó. El senador Jaime Durán (Partido Liberal), ponente del ascenso del general Martínez, dijo que se estudió la hoja de vida con bastante rigor y en ella registra que tiene todos los merecimientos académicos, militares, para recibir su ascenso. "Ha sido reconocido con diferentes condecoraciones por su servicio valioso en su vida militar. Eso habla bien como militar como padre de familia y como persona". Durán expuso que para el primer debate pidió las diferentes certificaciones a todos los organismos de control del país y que en dichas solicitudes no aparece en ninguna parte, ni Fiscalia, ni Procuraduría, ni Contraloría, ni en la JEP, ni en la justicia penal militar, una investigación en su contra."Las informaciones que han salido en los diferentes diarios no están diciendo la verdad. No tiene investigaciones en Colombia ni preliminares por falsos positivos". Para el ascenso en la plenaria, Durán informó que el hecho sobreviniente provino de la publicación del The New York Times sobre la mencionada directiva pero que posterior a esa publicación Martínez dio las explicaciones pertinentes y dicha directiva se derogó. Posteriormente los organismos de control le volvieron a certificar a Durán que no hay investigación ni siquiera en fase preliminar contra el oficial. Lo único es una indagación preliminar en la Procuraduría derivada de la directriz del alto mando militar. "¿Es justo que el Senado le niegue el ascenso por tener una investigación preliminar? considero que no", dijo Durán. El senador Roy Barreras pidió que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, asumiera la responsabilidad política de los hechos que involucran a la Fuerza Pública denunciados en medios internacionales y no dejarla en los hombros del oficial. Alexander López (Polo Democrático) pidió del general Martínez dar las explicaciones por los cuestionamientos en su contra especialmente a las víctimas de falsos positivos. El congresista en nombre de su partido pidió el aplazamiento del ascenso. El senador Gustavo Bolívar (Decentes) señaló que el acuerdo de paz consagró garantías de no repetición y en ese sentido expresó dudas sobre la viabilidad del ascenso. Mencionó que hay 73 casos de ejecuciones extrajudiciales que merecen explicación. Al general Martínez no le hicieron falta defensores. Congresistas como Paola Holguín (Centro Democrático), Juan Diego Gómez (Partido Conservador) adujeron al debido proceso y al principio de la presunción de inocencia para avalar el ascenso del oficial. Ambos coincidieron en señalar que existe una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas del país. El senador Álvaro Uribe recordó que en el año 2008 siendo presidente de la República asumió la responsabilidad política por los falsos positivos al al separar a 27 altos oficiales luego de que el Ministerio de Defensa le presentara una lista de presuntos responsables y que el general Nicacio Martínez no apareció en esa lista. Por eso pidió al Senado respaldar el ascenso del oficial. Los senadores del partido Farc prefirieron no participar en la discusión y votación de los miembros de la Fuerza Pública. El senador Carlos Antonio Lozada dijo que la colectividad confía plenamente en que estas instituciones trabajen por la consolidación de la paz. “Vamos a retirarnos porque entendemos que el acuerdo recientemente firmado, todavía requiere avanzar en el camino de la construcción de la reconciliación, del entendimiento y del marco de convivencia”, indicó Lozada. Y afirmó: “Le decimos que no reconocemos en ustedes enemigos y adversarios, sino compatriotas que sabrán conducir a la Fuerza Pública en esa nueva realidad que estamos construyendo luego de la firma de la paz”. Un ascenso polémico El ascenso del general Nicacio Martínez causó gran controversia desde que, en febrero pasado, Human Rights Watch hizo público un informe en el que 9 generales que hacen parte de la cúpula militar nombrada por el presidente Duque, aparecieron vinculados a casos de supuestos falsos positivos. En cuanto a Martínez, la organización de derechos humanos puso la lupa en 23 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2006, cuando él era el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Caribe. Especialmente, HRW mencionó un documento firmado por Martínez en el que se aprobaba el pago de un millón de pesos a supuestos informantes que aportaron para desarrollar dos operativos. En uno de esos, murieron dos personas que fueron reportadas como NN. Años después, la justicia colombiana sentenció que esos hechos correspondieron a falsos positivos. Que los muertos eran dos indígenas, una de ellas una niña de 13 años, que fueron reportados como guerrilleros. HRW también reportó supuestas irregularidades en otros documentos de recompensas firmadas por Martínez. El general, por su cuenta, se defendió entonces diciendo que el cargo que tenía en la Décima Brigada era meramente administrativo, y no tenía que ver con la ejecución de las acciones militares. Cuando se publicó el informe de HRW, se generó una ola de rechazo al ascenso de Martínez. Incluso, tres senadores de Estados Unidos pidieron que se frenara la promoción a los cuatro soles. Pero la controversia tomó una dimensión mayor cuando el diario The New York Times publicó en su primera página un informe sobre las nuevas directrices del Ejército, firmadas por Martínez. Estas iban dirigidas a aumentar el número de afectaciones, que se entienden como muertes, capturas y desmovilizaciones en combate. Otra de las órdenes apuntaba a que se disminuyera el nivel de certezas a la hora de atacar objetivos. Todo esto causó preocupación dentro del Ejército. Varios oficiales aseguraron que se estaba ejerciendo una presión que, a su interpretación, estaba creando un ambiente similar al que desembocó en alrededor de 5.000 asesinatos de civiles, hace más de una década. Martínez dijo que sus instrucciones siempre han exigido el respeto de los derechos humanos.